CÁRCELES // CIFRAN EN MÁS DE 100.000 LOS PRESOS AFECTADOS POR LAS MEDIDAS
El IMSERSO condena a la pobreza a los presos

Organizaciones de solidaridad estiman un desfalco sobre las pensiones de las personas presas superior a los 9.600 millones de las antiguas pesetas
Texto de Fran del Buey, de la Asociación preSOS Galiza (de la Mesa Sida Galiza y de la CESPP)

06/05/06 · 19:13
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CÁRCEL DE MONTERROSO. Manifestación contra la prisión de Lugo, diciembre 2004. / Fran del Buey

Para empezar, expliquémonos
un poco: durante estos
10 últimos años, el IMSERSO
ha legislado ‘a la carta’
sin que nadie se lo impidiera u objetara,
gestionando con manos libres
“nuestros exiguos” recursos económicos
en el erario público.
Esto se sintetizó en la elaboración
de circulares internas destinadas a la
población reclusa, que nunca fueron
publicadas y que por lo tanto no fueron
tramitadas, conforme al procedimiento
legalmente establecido.

La circular del 24 de mayo de
1993 recogía los criterios políticos
de ahorro del Gobierno del PSOE en
el sentido de “no reconocer el derecho
a pensión no contributiva [PNC]
a los/as reclusos/as, por tener éstos
y éstas las necesidades básicas cubiertas”,
provocando que a miles de
personas presas, enfermas y con falta
de medios económicos se les negara
‘el pan y la sal’ en aras de un
menor gasto público. La otra circular
del 22 de marzo de 2001, del gobierno
de José María Aznar, acordaba
“descontar de la cuantía final de
la pensión de las personas reclusas,
los gastos de manutención”. Así, si
el recluso/a se encontraba en enfermería,
se le descontarían más gastos
de la pensión. De los casi 300 euros
de la cuantía de una PNC, un/a
recluso/a pasaría a cobrar unos 70,
80 o 90 euros dependiendo del módulo
y cárcel donde se encuentre.

Es importante señalar que estas
circulares no sólo incumplen el procedimiento
de aprobación de disposiciones
generales sino que, además,
su opacidad se proyecta sobre el
ejercicio de derechos de rango fundamental
de los afectados. No debemos
olvidar que durante el período
1993-2001, como resultado de estas
normas, las personas presas que dejaron
de percibir la pensión, se encontraban
aquejadas de unas minusvalías
superior al 65%, con infecciones
relacionadas con el sida, tuberculosis,
hepatitis, etc. Por lo tanto,
se limitó el acceso de la población reclusa
al ejercicio del derecho fundamental
a la seguridad social establecido
en el art. 25.2 de la Constitución.
La aplicación de las circulares
creadas ad hoc supuso de forma directa
la retirada de ingresos a las
personas presas enfermas y provocó
una merma en su calidad de vida.
Les ha limitado el acceso a productos
de primera necesidad como ‘los
pluses de alimentación’ que la cárcel
no aporta o que si lo hace es de forma
deficitaria, a través de las compras
en los rentables economatos
penitenciarios.

Estas normas ilegales crean un estatus
de discriminación, un nuevo
castigo, vulnerando el principio penal
non bis in idem. Su finalidad o
resultado punitivo carece de amparo
legal, ya que la condena penal impuesta
agota de por sí “todas” las finalidades
de prevención general o
especial impuestas, no siendo admisible
un “plus punitivo y de restricción
de derechos” como el diseñado
por la Administración.

Todo esto justifica la demanda interpuesta
contra el MTAS y el
IMSERSO por la Mesa Sida Galiza y
la Coordinadora Estatal de Solidaridad
con las Personas Presas ante
el Supremo y el JCC, que conlleve la
declaración de nulidad de las circulares
y la restitución de las cantidades
“hurtadas por el Gobierno a las
personas presas”. Ya en el terreno
político nos parece necesario la inmediata
constitución de una mesa
de negociación que posibilite una solución
urgente del conflicto, que en
caso de continuar así abocará a la
siempre necesaria protesta social.

Para información legal:
presosgaliza@cespp.org

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