Mientras los tartazos lanzados al ex-primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin se solventan en los tribunales galos con una multa de 400 euros, en el Estado español se hacen públicas las peticiones de la acusación contra Ibon García, Gorka Obejero y Julio Villanueva, activistas contra el TAV que hace ahora año y medio realizaron la misma acción y en el mismo territorio: lanzar tartas de protesta, en este caso contra la presidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina, durante una reunión del consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) en la localidad occitana de Toulouse. A pesar de que las diligencias iniciadas en Toulouse fueron archivadas y ni siquiera se les detuvo, las diligencias están abiertas en la Audiencia Nacional, donde los tres están acusados de “atentado a la autoridad”. Mikel Álvarez, el cuarto imputado que se limitó a dar una rueda de prensa al día siguiente, es acusado de “cooperador necesario” en dicho atentado.

Arropados por representantes de numerosos colectivos y entidades sociales, los cuatro imputados denunciaron ayer en rueda de prensa la absoluta desproporción en la calificación de los hechos como “atentado grave a la autoridad” y en la petición de tantos años de prisión “cuando los tartazos no fueron más que una acción cómica de protesta, sin causar ningún daño físico, muy similar a las realizadas en muchos países y sobre todo en el país donde la hicimos, en el Estado francés, y que no tiene apenas consecuencias legales. Podemos afirmar que este es un caso único a nivel mundial en el que se hacen peticiones penales tan desmesuradas”. Mientras la Fiscalía pide cinco años de cárcel y una multa de nueve meses a razón de 10 euros /día (2.700€ para cada uno de los cuatro encausados), la acusación particular de Barcina pide, para tres de los encausados, seis años de cárcel y una multa de 12 meses a razón de 10 euros /día (3.600€ para cada uno); para Gorka Obejero, concejal de Arruazu, un pequeño pueblo del valle de Sakana (Navarra), pide nueve años y una multa de 18 meses a razón de diez euros /día que totalizan 5.400 euros, “por el agravante de prevalerse de su condición de autoridad”. Ambas peticiones contemplan también la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Los imputados también reprobaron la actitud de Yolanda Barcina, que con una petición de castigo muy superior a la de la propia Fiscalía busca la venganza política: “En un momento de gran debilidad política lo que busca es un castigo ejemplarizante que calme su sed de venganza. Queda claro que para ella un buen ataque es su mejor defensa”.

Desobediencia civil

A pesar de las peticiones desorbitadas y la denuncia de un sistema jurídico heredado del Franquismo que posibilita la criminalización de cualquier disidencia política, los cuatro activistas quisieron reivindicar en todo momento el derecho a la desobediencia civil ante la imposición de infraestructuras como el TAV. En este sentido anunciaron el inicio de una campaña internacional tanto de apoyo a los imputados y denuncia contra el proceso judicial como de rechazo a grandes infraestructuras como el TAV.

El abogado de los cuatro imputados ya ha presentado recurso por cuestiones de previo pronunciamiento donde se plantea, por un lado, que los hechos deben juzgarse en el Estado francés según las normas del derecho internacional, y por otro que en el Estado francés se archivaron las diligencias abiertas en Toulouse por decisión de la Fiscalía: “estas cuestiones de previo pronunciamiento planteadas por el abogado tienen suficiente peso jurídico como para que se deba archivar definitivamente el proceso seguido ante la Audiencia Nacional. Tenemos la convicción de que este juicio ni puede ni debe celebrarse”.