Impunidad, poder Ejecutivo e indulto

Los autores analizan el derecho de gracia y las reformas que lo convertirían en una herramienta con la que corregir las fallas del sistema penal.

, Integrantes del Grupo 17 de Marzo y de Jarsia
18/12/12 · 16:10
Edición impresa

La referencia al derecho de gracia está recogida en la Constitución del ‘78, en su artículo 62i, que autoriza al rey a ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales. 

El origen de este derecho de gracia no es más que una supervivencia de la clemencia real, y no hay que dudar en ningún momento de que el Estado, cuando renuncia a ese ius puniendi, lo hace por motivos ideológicos o políticos de diferente índole.
 
La actual ley reguladora del ejercicio de la gracia de indulto, que con distintas modificaciones ha llegado hasta hoy, fue publicada en 1870. La característica de esta ley es que establece una serie de directrices o condicionantes, tanto personales como circunstanciales, para su aplicación, pero que quedan vacías de contenido, ya que siempre se cierra con una regla discrecional para excepcionar dichas condiciones. En definitiva, una amplia discrecionalidad para que el poder ejecutivo tenga las manos libres y así otorgar en la práctica cualquier indulto, sean cuales sean las condiciones del indultado.
 
Aún manteniendo que debe existir un grado de discrecionalidad por parte del Ejecutivo, no se puede llegar a ese vaciado del contenido de la ley, y se deben mantener una serie de condicionantes claros y sin excepciones. Tal y como está concebida la actual institución del indulto, es una herramienta del poder ejecutivo para garantizar la impunidad de la oligarquía económica del poder financiero y político.
 
¿Pero debería desaparecer la figura del indulto? No, dicha institución debe existir, ya que puede servir para evitar casos de desproporción de la pena, o en los que dicha pena no cumpla con la función resocializadora o de prevención. Incluso podría servir para corregir este tipo de fallas del sistema penal, ejerciendo una labor de monitoreo a posteriori y corregirlas. Es ejemplo paradigmático el caso del kurdo Hokman Joma, al que la justicia condenó a tres años, una pena totalmente desproporcionada, por lanzar un zapato al primer ministro Erdogan. En este caso sí hubiese sido útil que se le indultara en su momento, y no a tres meses del cumplimiento de la pena, y por supuesto con la misma celeridad con la que han sido indultados los mossos condenados por torturas. Además habría sido una oportunidad para corregir a la baja las penas de dicho delito.
 
¿Qué reformas se necesitan para que deje de ser una herramienta del poder ejecutivo para garantizar la impunidad? En primer lugar: no todo delito debe ser indultado. Tipos penales como la tortura, los malos tratos y el terrorismo de Estado deben estar excluidos. También deben excepcionarse delitos que afectan al interés general de toda la ciudadanía, como la corrupción o los llamados delitos de “guante blanco”. Esto garantizaría que ciertos hechos muy graves queden impunes por esta vía. La impunidad en el Estado español en este tipo de delitos es muy alta. Con esta reforma se habrían evitado casos como el reciente indulto de los cinco mossos, a Alfredo Sáez en el caso Santander, caso Filesa, caso Marey-GAL, los golpistas del 23-F, el de cuatro policías locales condenados por detención ilegal contra un vendedor senegalés, generalidad de indultos a guardias civiles condenados por torturas en Euskal Herria, y un largo etcétera. 
 
En segundo lugar, transparencia en el otorgamiento de los mismos. Deben motivarse las causas por las que se otorgan los mismos, acorde a la finalidad y sentido del indulto. Así evitaríamos que se concedieran indultos por motivos tales como ser el año jubilar. Por otro lado, también deberían motivarse la denegación de los mismos para evitar la opacidad y la sensación de injusticia en casos como el del vigués David Reboredo.
 
En tercer lugar: monitoreo y fiscalización por otros poderes del Estado y por los movimientos sociales y en defensa de los derechos humanos. El Gobierno no puede tener la facultad completa de anular cualquier decisión del poder judicial, pero asimismo el poder judicial no puede considerar sus sentencias infalibles e incorregibles. Se deben arbitrar mecanismos en los que participen el poder legislativo y el judicial, y abrir cauces de participación a los movimientos en defensa de los derechos humanos. Esto evitaría o al menos complicaría que se utilice esta herramienta como un instrumento de poder que garantiza la exclusión de la ejecución penal de ciertos sectores privilegiados.
 
Se debe señalar que sin una política criminal en que prime la mediación, en la que exista el populismo punitivo, en la que el derecho penal no se expanda hasta límites inimaginables, sin una desproporción en las penas, y con una interpretación de las normas acordes a la realidad política y social por jueces y magistrados, se reduciría de manera notable la utilización de la figura del indulto.
Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

1

  • |
    Angeles Garcia
    |
    Dom, 12/30/2012 - 01:34
    Algo peor que el indulto es colocar a juzgar a alguien que tuvo relación directa &nbsp;con lo juzgado:<br />.http://www.angelesgarciaportela.com/2012/12/sebastian-sastre-de-defender-productos.html<br />http://www.angelesgarciaportela.com/2012/12/sebastian-sastre-2-parte-subordinacion.html