Ilegalización: democracia en peligro

El 27 de junio de 2002 el
Congreso de Diputados
aprueba con una mayoría
aplastante la Ley de Partidos,
gestada en el marco del “pacto
antiterrorista” subscrito por el PP y
el PSOE. Su finalidad, no explícita,
es la ilegalización de las formaciones
de la izquierda abertzale. No se
ha planteado en ningún momento,
por ejemplo, dejar fuera de la ley a
partidos de extrema derecha.

07/02/08 · 0:00
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El 27 de junio de 2002 el
Congreso de Diputados
aprueba con una mayoría
aplastante la Ley de Partidos,
gestada en el marco del “pacto
antiterrorista” subscrito por el PP y
el PSOE. Su finalidad, no explícita,
es la ilegalización de las formaciones
de la izquierda abertzale. No se
ha planteado en ningún momento,
por ejemplo, dejar fuera de la ley a
partidos de extrema derecha.

Tras la aprobación de la ley, el impulso
del excepcionalismo se traslada
al poder judicial. Se inician los
trámites para la ilegalización de Herri
Batasuna, Euskal Herritarrok y
Batasuna, que el Tribunal Supremo
ratifica en marzo de 2003. En mayo
del mismo año –elecciones en Navarra–
se niega la inscripción de Autodeterminaziorako
Bilgunea (AuB);
en junio de 2004 –comicios europeos–
es ilegalizada la lista de
Herritarren Zerrenda; en 2005 –elecciones
al Parlamento de la Comunidad
Vasca– son anuladas las listas
de la izquierda abertzale que pide el
voto para el Partido Comunista de
las Tierras Vascas (PCTV-EHAK).

El alto el fuego de 2006 de ETA,
así como la predisposición, al menos
inicial, del Gobierno de Zapatero
al diálogo hacen confiar en que
la izquierda abertzale pueda participar
en las municipales de mayo de
2007. Pero el poder judicial niega la
inscripción de Abertzale Sozialisten
Batasuna (ASB), de las agrupaciones
de electores Abertzale Sozialistak,
así como también de parte de
las candidaturas del histórico partido
Acción Nacionalista Vasca-Eusko
Abertzale (ANV-EAE). Es una
evidencia que la ilegalizazión de partidos,
junto con otras medidas excepcionalistas –proceso 18/98, endurecimiento
de la política penitenciaria–
han sido una importante traba
al desarrollo del diálogo.

La inminente ilegalización de
ANV-EAE y del PCTV-EHAK no es
un problema que atañe solamente al
País Vasco. Es algo mucho más profundo.
Nos guste más o menos, pertenecemos
a un Estado que tiene
una ley que viola derechos civiles y
políticos y en el que opera un poder
judicial altamente politizado. Es
nuestro democrático Estado de derecho
el que está en peligro, y por lo
tanto es nuestro deber actuar. Por
solidaridad, pero sobre todo por la
defensa de determinados derechos
y libertades fundamentales.

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