ABORTO: ENJUICIAN A NUEVE ACTIVISTAS QUE APOYARON A LA HIJASTRA DEL PRESIDENTE ORTEGA CUANDO ÉSTA LE DENUNCIÓ
Iglesia y Gobierno nicaragüenses se alían en la persecución política de feministas

Ayudada por el Gobierno, una asociación vinculada a la Iglesia católica acusa a nueve feministas de encubrimiento
y omisión de violación y apología del aborto por ayudar a una niña violada por su padrastro en 2003.

21/02/08 · 0:00
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CAMPAÑA. Geni, miembro del grupo feminista Venancia, en Madrid, durante una visita para recabar apoyo internacional. / Juan Carlos Rojas

Rosita, una niña nicaragüense de
nueve años residente en Costa Rica,
quedó embarazada tras ser violada
en 2003. Las activistas integrantes de
la Red de Mujeres contra la Violencia
viajaron con ella a Nicaragua para
que se sometiera a un aborto terapéutico,
ya que su vida corría peligro
si llevaba la gestación a término.

Entonces el aborto terapéutico era
legal en Nicaragua y en el caso de
Rosita se practicó con arreglo al artículo
165 del Código Penal entonces
vigente y con el aval del Ministerio
de Salud. En 2007, la menor volvió a
quedar encinta y se descubrió que,
aunque se había acusado a otro
hombre por error, el verdadero violador
era su padrastro, Francisco
Leonardo Fletes Sánchez. Éste fue
condenado a 30 años de prisión. La
Asociación Nacional Pro Derechos
Humanos (ANPDH) usó el fallo judicial
para denunciar a las nueve
mujeres por encubrimiento y omisión
de denuncia del delito de violación
y apología del aborto por el
apoyo brindado. Por su parte, el Ministerio
de la Familia, Niñez y
Adolescencia se planteó inculpar a la
madre de Rosita al considerar que
tenía conocimiento de la violación
continuada de su hija.

Sofía Montenegro, del Movimiento
Amplio de Mujeres (MAM), cree
que se trata de un caso de “persecución,
y venganza política” de Daniel
Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Montenegro sostiene que “están pasando
factura a la Red de Mujeres
contra la Violencia” por haber apoyado
hace diez años a Zoilamérica
Narváez, hija de Murillo e hijastra
de Ortega, que denunció al actual
presidente por abusos sexuales (ver
recuadro). “Esto pone en evidencia”,
añade, “la connivencia de un
sector de la jerarquía católica con el
proyecto que el binomio Ortega-
Murillo pretende imponer en
Nicaragua a cambio de privilegios y
regalías del Gobierno”.

El 28 de enero, durante la presentación
de la campaña “Basta ya de
persecución política a las mujeres”,
las nueve activistas revelaron que la
denuncia de la ANPDH reproduce
textualmente parte de un documento
del Ministerio de la Familia. Según
ellas, “quien denuncia asume la narración
de los hechos que conoce en
primera persona” por lo que es obvio
“que no fue elaborada en las oficinas
de la ANPDH, sino en un Ministerio
del Gobierno actual”.

Asimismo, recordaron que la Fiscalía
obtuvo las “pruebas materiales
que sustentaron la acusación contra
el violador de Rosita” gracias a “la
implementación del Modelo de
Atención a Sobrevivientes desarrollador
por la Red de Mujeres Contra
la Violencia y en coordinación con el
Centro de la Mujer Acción Ya”, entidades
a las que pertenecen las feministas
denunciadas.

Apoyo internacional

A principios de mes, las acusadas
pidieron al Fiscal General de la República
que desestime la denuncia
por evidencia de “la mala intención,
tergiversación y prejuicios” hacia
ellas. Éste reconoció la “valiosa
aportación en cuanto a los derechos
humanos y ciudadanos” de las activistas
en el caso. Doce organizaciones
nicaragüenses y la Red de Salud
de las Mujeres Latinoamericanas y
del Caribe suscriben la campaña de
apoyo. El Observatorio Internacional
para la Protección de los Defensores
de los Derechos Humanos,
organismo con sede en París,
ha calificado la denuncia de “acto
persecutorio e intimidatorio del
Gobierno contra el ejercicio de defensa
de los derechos humanos”.

En el Estado español, más de 50
entidades feministas han pedido al
embajador de Nicaragua el archivo
inmediato de la denuncia.
Geni, madrileña residente en Nicaragua
y miembro del grupo feminista
Venancia, de la Red de Mujeres
contra la Violencia, explica que la organización
denunciante “es conocida
por sus vínculos con el obispo de
Estelí, Abelardo Matta, miembro de
la Conferencia Episcopal”. Según
Geni, el caso de Rosita “visibilizó los
abusos sexuales a menores. Han ido
saliendo a la luz casos de niñas de
nueve, diez y once años embarazadas
y en ninguno los Ministerios de
Salud o Familia han intentado proteger
su vida y su salud, sino hacer todo
lo posible para que los embarazos
avancen”. En el caso de Rosita,
aunque el aborto terapéutico era legal,
“hicieron todo lo posible para
impedirlo”. La ley mandaba que tres
médicos lo recomendaran y “el
Ministerio de Salud constituyó una
comisión de 20 que dictaminó que la
vida de la niña corría peligro si se
continuaba el embarazo y también si
se interrumpía, es decir, dejaba la
decisión en manos de la familia”. Al
final ésta “decidió interrumpirlo y el
Ministerio no lo permitió en ninguno
de sus centros”. Así, fue “un aborto
legal pero clandestino”.

La prohibición total del aborto
marcó un punto de inflexión en el
acercamiento gradual del sandinismo
al poder eclesiástico. Geni explica
que fue un diputado sandinista,
René Núñez, quien aconsejó el procedimiento
más rápido para derogar
el aborto terapéutico: “en menos de
20 días lo penalizaron sin un solo voto
en contra. El Frente decía que era
una táctica para llegar al poder, se
ve que siempre puede hacer las mayores
barrabasadas si se encuadran
en una estrategia. Ahora están en el
Gobierno, y lo vuelven a penalizar.
Geni cree que “ahora hay que remontar
y dar a la gente información
fidedigna contra ese discurso que cala
tanto”. Porque “tenemos a la
Iglesia en el Estado”.


Cuando los líderes sandinistas eran semidioses

En 1998, Zoilamérica Narváez
denunció a su padrastro,
Daniel Ortega, por
haberla sometido a abusos
sexuales durante años.
Según Geni, del Grupo
Venancia (que foma parte
de la Red de Mujeres contra
la Violencia) “fue un
terremoto para el movimiento
de mujeres. Una
buena parte proviene del
sandinismo, ya habían
roto sus vínculos formales
pero mantenían esa identidad.

Para las más unidas
al Frente reconocerlo fue
duro y posicionarse aún
más. Mucha gente lo
creía, pero no quería
hablar públicamente de
ello”. El sandinismo cerró
filas y decía que eran acusaciones
de la CIA. Todavía
lo niegan, pero su reacción
posterior lo confirmó
totalmente. Daniel Ortega
nunca enfrentó la denuncia
y mantuvo su inmunidad
parlamentaria. Cuando
decidió renunciar a
ella, “una jueza de reconocida
militancia sandinista,
Juana Méndez, consideró
el delito prescrito”. Geni
explica que “la Asamblea
tendría que haber creado
una comisión que investigara
si había razones para
quitarle la inmunidad y
votar sobre ello. Ni siquiera
se constituyó”. Por ello
Zoilamérica Narváez acudió
a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
que condenó al
Estado de Nicaragua por
denegación de acceso a la
justicia. Por otro lado, “esa
denuncia destapó otras.
En un momento en que los
líderes sandinistas eran
semidioses, no era el
único caso de abuso. La
situación se repitió”.
Desde la denuncia contra
Ortega, “la relación del
movimiento de mujeres
con el sandinismo se volvió
conflictiva”.

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