Patricia Troncoso, Jaime Marileo,
José Huenchunao, Héctor Llaitul y
Juan Millalen son los cinco presos
políticos mapuche, que comenzaron
la huelga de hambre indefinida que
no dejarán hasta que vean cumplidas
sus reivindicaciones: “libertad
inmediata de todos los presos políticos
mapuche; desmilitarización y fin
de la represión hacia las comunidades
movilizadas por sus derechos
políticos y territoriales”. El 15 de ese
mes, se sumaron a la protesta Iván
Llankileo y Waikilaf Cadin desde el
penal de Manzano y la cárcel de máxima
seguridad de Santiago respectivamente.
Mientras las manifestaciones
de apoyo se suceden en América
y Europa, el Gobierno de la socialista
Michele Bachelet sigue obviando
la protesta mapuche.

La huelga de hambre viene a responder
a los montajes judiciales y a
la represión con que son castigadas
las comunidades que osan pelear por
la recuperación de sus tierras ancestrales.
Todos los huelguistas mantienen
relación con la Coordinadora de
comunidades en conflicto Arauco-
Malleco (CAM), que desde su nacimiento,
en 1996, ha recuperado
30.000 hectáreas de las manos de
empresas forestales (Arauco, Mininco)
y latifundistas (Luchsinger).
Esta lucha ha situado a la CAM en el
punto de mira del Estado chileno,
quien comparte intereses económicos
estratégicos con estas empresas.

Todos los huelguistas -excepto Iván
Llankileo, en espera de juicio y que
quedó en libertad el 9 de noviembre,
con orden de arraigo dentro de la comuna-
fueron condenados a penas
que van de cinco a diez años de cárcel,
acusados de producir “incendios
terroristas”. Según denuncian los activistas
mapuche, las pruebas en las
que se han sustentado las acusaciones
son confesiones obtenidas bajo
tortura o basadas en declaraciones
de testigos sin rostro que, afirman,
son coaccionados o comprados.
Cuando habían alcanzado la segunda
semana de huelga, el deterioro
físico de los presos era evidente,
habiendo perdido todos ellos más de
nueve kilos de peso. La situación es
más grave en los casos de Patricia
Troncoso y Jaime Marileo, quienes
ya sostuvieron el pasado año una
huelga de hambre de 63 días de duración.
Superado el mes de ayuno,
los huelguistas ya han señalado que
están dispuestos a endurecer la protesta.

En el quinto comunicado emitido
y difundido por la ex presa Angélica
Ñancupil, los presos han señalado
que se negarán a ser trasladados
a un centro asistencial. “No
aceptarán el traslado -dijo Ñancupil-
porque han sido víctimas de
montajes y procesos viciados”. Hospitalizar
a los presos -con más de 40
días en huelga- es la opción por la
que apuesta la cárcel de Angiol, tras
acoger la Corte de Apelaciones de
Temuko un recurso de protección
presentado por la Gendarmería para
salvaguardar la integridad física
de los huelguistas. La decisión parece
tener como base un informe médico
elaborado en Santiago por la
Dirección Nacional de Prisiones.
A pesar de la prolongada huelga
de hambre llevada a cabo por los
presos en Angol, nuevas detenciones
golpean a comunidades mapuche.
El 19 de noviembre fue detenido
en la ciudad de Ercilla el comunero
Omar Huenchullan, dirigente de
la comunidad de Temukuikui de Malleko.

Asimismo, según denuncian
medios mapuche, el 21 de noviembre,
una marcha en apoyo a los huelguistas
en la capital, Santiago, fue
duramente reprimida por carabineros
con el resultado de 33 personas
detenidas -entre ellas 15 mujeres y
dos menores de edad-. Según un
manifestante, “hemos venido a una
acción pacífica y ni siquiera salíamos
a la calle y abruptamente nos
reprimieron y tomaron presos a muchos.
Aquí se violan derechos”.