Las “redadas raciales” son prácticas
a las que han recurrido todos los
cuerpos policiales desde al menos
una década. Pero desde marzo se
han generalizado e incrementado
hasta convertirse en diarias, según
denuncian diversas organizaciones.
Las ‘batidas’ policiales se repiten
por todo el país, en las ciudades y en
los pueblos. En Valencia, Barcelona,
Vilafranca del Penedès, Marbella,
Málaga, Murcia, o en Torre Pacheco
(donde también hubo una concentración
de protesta el 6 de julio).

Unas redadas que, según denuncian
testigos, suelen ir acompañadas de
insultos, violencia y agresiones.
Estas ‘razzias’ serían el reflejo
de la opción de la mano dura tomada
por el Gobierno español. Para
SOS Racismo, hay un giro descarado
hacia planteamientos más
conservadores en la materia. Según
el diario La Vanguardia, una
encuesta postelectoral encargada
por el PSOE acredita que lo que
“más daño” le hizo en las últimas
elecciones fue el discurso del PP
en materia de inmigración. Esto y
la previsión de que ante una coyuntura
de crisis económica la afluencia
de inmigrantes pueda provocar
tensiones sociales, habría llevado a
un endurecimiento de sus políticas.
Según una reciente encuesta,
el 40% de los españoles es favorable
a “tratar la inmigración ‘irregular’
como un delito”.

Para Nico, de la secretaría de inmigración
de la CGT Andalucía, es evidente
que el Ministerio de Interior ha
dado órdenes para que se extiendan
las redadas. “Se trata de solventar
con estas medidas represivas uno de
los ‘puntos flojos’ del PSOE ante la
opinión pública”. Y concluye: “Se
presenta un periodo difícil para los
inmigrantes, hay que aumentar la coordinación
y denuncia contra una situación
cada vez más insostenible”.

Spitou, del sindicato SOC-SAT Almería,
valora que las redadas “vienen
a reforzar el nuevo discurso de
Corbacho, ministro de Trabajo e
Inmigración, de que los indocumentados
tienen que abandonar el
territorio por voluntad propia o por
voluntad ajena (a la fuerza)”. El sindicalista
se sorprende: “Es el imperio
de las contradicciones. Si hay zonas
con muchos inmigrantes, es porque
lo han querido los empresarios y los
políticos. Muchos ‘sin papeles’ han
pasado por Canarias y con orden de
expulsión los han transferido a la península”.
Y remacha “obvian que trabajamos,
pagamos impuestos y vivimos
de nuestro sudor. Exigiremos
respeto para una convivencia sana”.

Por su parte Wilfredo, de la Coordinadora
de Inmigrantes de Madrid
explica: “Estamos muy preocupados.
Una vez entre en funcionamiento
la ‘Directiva de la Vergüenza’,
esto se pondrá aún más candente.
Puede que estén preparando
las condiciones represivas para que
dicha Directiva pase más desapercibida”,
concluye. Esteban, de la
red estatal de organizaciones de inmigrantes
(FERINE), resume: “El
Gobierno endurece su política para
enmascarar la crisis económica
buscando un ‘responsable’ sobre
quien descargar sus efectos: los trabajadores
inmigrantes”.

“GANARSE UNA MEDALLA” DETENIENDO EXTRANJEROS

R. SÁNCHEZ (MADRID)
La UFP (Unión Federal de Policía),
tercer sindicato policial
por afiliación, denuncia que la
comisaría del distrito madrileño
de Ciudad Lineal ha detenido,
rozando la ilegalidad, a decenas
de inmigrantes durante este
año. Alfredo Perdiguero, secretario
general del sindicato
en Madrid, acusa a los agentes
de esta comisaría de arrestar
indiscriminadamente a extranjeros
por estancia irregular. “Lo
normal es hacer un procedimiento
ordinario, que no conlleva
detención, pero este procedimiento
no cuenta para la
estadística, y los hacen por
procedimiento preferente de
expulsión, siendo todos los extranjeros
detenidos”. Según
Perdiguero, los policías acuden
normalmente “a la puerta del
metro de Quintana y a la embajada
de Bolivia (en cuyos alrededores
siempre hay extranjeros
que van a realizar
trámites para pedir la residencia),
comandados por una
subinspectora de confianza del
comisario a la cual ha propuesto
para la medalla del mérito
policial”. Según la UFP esta
práctica responde al afán del
comisario por “incrementar su
estadística”. Durante la primera
mitad de 2008, la comisaría
de Ciudad Lineal ha detenido a
más de 600 extranjeros (por
indocumentados), una cifra superior
al resto de detenidos durante
el mismo tiempo por delitos
penales. “¿No es ya el
colmo que personas que no
han cometido ningún delito sino
una falta administrativa
sean literalmente perseguidas
y destrozarles así su proyecto
vital, la mayoría de las veces a
trabajadores precarios?”, se
pregunta el sindicato en un comunicado
donde se rechaza
“el maltrato físico o psicológico”
que los extranjeros puedan
recibir en las detenciones. La
denuncia de la UFP ha sido reconocida
por el Gabinete Jurídico
de la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación,
que admite irregularidades en
las detenciones de ciudadanos
extranjeros en dicha comisaría.