IMAGEN DE TOLERANCIA. Las políticas represivas han obligado a los sin papeles a esconderse para evitar las redadas policiales.

Holanda tiene fama de ser un país
progresista y tolerante. Pero, pese a
la elección, en noviembre de un inmigrante
de origen marroquí como
alcalde de Rotterdam, en lo tocante a
los inmigrantes indocumentados, a
Holanda no le queda mucho de tolerancia.

En julio, un informe de Amnistía
Internacional denunciaba la situación
de los sin papeles encerrados
en barcos reconvertidos en Centros
de Internamiento de Extranjeros
(CIE). Días más tarde, el Parlamento
impedía por tan sólo dos votos, la expulsión
de 26.000 solicitantes de asilo
que había sido previamente aprobada
por el Gobierno. En mayo, un
informe de Human Right Watch denunciaba
por discriminatorias unas
políticas de integración destinadas
unicamente a los extranjeros originarios
de Marruecos y Turquía. Y organizaciones
holandesas de derechos
humanos denuncian que cada
año cientos de refugiados e inmigrantes
son deportados en vuelos,
generalmente de la compañía aerea
KLM. En algunos casos la policía recurre
a esposas y camisas de fuerza
y a la administración de drogas sedantes.

Esconderse y sobrevivir con
la ayuda de amigos cercanos y familiares
parece ser la única alternativa
para muchos sin papeles.

Aunque es difícil hacer estimaciones,
se admite que cerca del 10% de
la población inmigrante y un 1% de
la población total se halla en situación
irregular: unas 150.000 personas.

20 años de políticas de disuasión
de la inmigración ‘ilegal’ no han contribuido
a disminuir el número de
personas sin permiso de residencia,
ya que éste se ha triplicado desde
principio de los ‘90 (se estimaba que
entonces habría 50.000 sin papeles).

Muchos de los inmigrantes que
hoy viven en los Países Bajos son hijos
y nietos de aquellos “trabajadores
invitados” durante las décadas del
boom económico, cuando cientos de
miles de trabajadores de países mediterráneos,
especialmente Marruecos
y Turquía, fueron contratados
temporalmente. Otros provienen de
las antiguas colonias de Surinam e
Indonesia, y por último, están aquellos
que vinieron de todo el mundo
como refugiados en busca de asilo.

“El país está lleno”

Respecto a los sin papeles, si hasta finales
de los ‘80 el Gobierno holandés
practicó una política de tolerancia tácita
con los entonces denominados
“inmigrantes espontáneos”, dada la
necesidad de mano de obra barata
para la producción intensiva en invernaderos,
la década de los ‘90 se
caracterizó por un reajuste de las políticas
de asilo e inmigración bajo la
premisa de que “el país estaba lleno”.

Las políticas de disuasión actuales
fueron diseñadas para reducir el número
de peticiones de asilo, pero
también han servido para dificultar
la vida de aquellos que ya se encontraban
en los Países Bajos. Medidas
como la Ley de vinculación de 1998 y
la Ley de Extranjería de 2000 tuvieron
un impacto considerable en las
condiciones de vida de los inmigrantes
irregulares. Desde entonces se
hallan estrictamente excluidos de casi
todos los servicios públicos, incluida
la atención sanitaria. Igualmente,
los trámites de asilo, que a menudo
duraban años, se han reducido a 48
horas. Y el rechazo de las solicitudes
de asilo ha aumentado.

Los asesinatos del líder populista
de derechas Pim Fortuyn en 2002 y
del director de cine Theo van Gogh,
dos años más tarde, ambos en público,
supusieron un profundo shock
para la sociedad holandesa y desencadenaron
una enorme crisis política.

La opinión pública se volvió más
hostil y comenzó a relacionar a las
personas inmigrantes con fenómenos
de violencia, criminalidad y terrorismo.

Esto no ha cambiado hasta
hoy, lo que convierte los esfuerzos
de participación política y social de
los inmigrantes, especialmente los
indocumentados, en algo muy difícil.
La ministra de Inmigración Rita
Verdonk (2003-2006) es todo un símbolo
de las actuales políticas represivas.

Durante su mandato la detención
de extranjeros incluso se transformó
en una competición. Los diferentes
departamentos de la Policía
holandesa debían detectar 40.000 inmigrantes
irregulares en controles
de identidad y detener a 11.883 de
ellos antes del fin de 2007. Una prima
de 240.000 euros esperaba a la
unidad que consiguiera cumplir primero
con la cuota. No extraña pues
que aumentaran notablemente las
redadas, algunas con consecuencias
trágicas. Es el caso de Michael Osey,
un varón ghanés de 34 años, que acababa
de ser liberado tras un arresto
por indocumentado de diez meses,
cuando en octubre de 2007 agentes
de policía asaltaron la casa en la que
estaba de visita. En circunstancias
sin aclarar, Osey cayó por un balcón
del edificio, falleciendo en el acto.
El objetivo de aumentar la tasa de
expulsiones, no se ha alcanzado. Alrededor
del 65% de los sin papeles
detenidos son liberados de nuevo.

Al mismo tiempo, en los Países
Bajos, sólo el 15% del espacio dedicado
a la detención de personas está
reservado para el confinamiento de
inmigrantes irregulares. Holanda,
junto al Reino Unido, es el único país
de la UE donde no hay un límite
para el periodo de detención. El promedio
del tiempo de confinamiento
es de seis meses, pero muchos sin
papeles permanecen encerrados
hasta un año y medio. Ser puesto en
libertad significa ser abandonado en
las calles con las manos vacías y tener
que huir de la policía para no ser
detenido otra vez.

La llamada “Amnistía General”,
de 2006, sirvió para regularizar la situación
de 30.000 refugiados que
habían solicitado asilo antes de 2001
y a los que les había sido denegado,
pero dejó fuera del debate la situación
de otros 120.000 inmigrantes.
La actual secretaria de estado de
Justicia para asuntos de inmigración,
Nebahat Albayrak, nacida en
Turquía, ha declarado que su objetivo
es expulsar a todo aquel que no
pueda acogerse a esa “Amnistía”.