DIAGONAL: ¿Cuál es la labor del
Centro de Análisis?

ERNESTO LEDESMA: El Centro de
Análisis Político e Investigaciones
Sociales y Económicas (CAPISE) tiene
sus oficinas centrales en San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas. Nosotros
desarrollamos el trabajo en el territorio
indígena de ese Estado. Nos
centramos en los derechos colectivos
de los pueblos indígenas, particularmente
el derecho y defensa del
territorio, el derecho a la justicia, el
derecho a la identidad cultural y los
derechos políticos.

D.: ¿Por qué una gira por diferentes
países europeos?

E. L.: La gira la iniciamos en México
el año pasado, cuando empezamos a
documentar y a identificar una feroz
ofensiva por parte del Estado mexicano
contra los pueblos indígenas
zapatistas. Empezamos a identificar
reagrupamientos o reposicionamientos
del ejército federal y el arribo de
‘fuerzas especiales’ –salió ‘cantidad’
de tropa y entró ‘calidad’ de tropa–,
lo que es muchísimo más amenazante,
porque cuando hay fuerzas
especiales se conforman grupos paramilitares,
y se empieza a gestar
una descomposición del tejido social
en las comunidades. Empieza primero
a arribar prostitución a las comunidades
para atender a las fuerzas
armadas, hay introducción de alcohol.
En algunos poblados donde hay
fuerzas especiales identificamos que
las mujeres también empiezan a
prostituirse. Además, la reactivación
del ejército y de los grupos paramilitares
es prácticamente simultánea.
Por otro lado, hay una feroz embestida.
Hay decretos expropiatorios
en el territorio indígena, a través de
las instituciones agrarias que le dan
legalidad a los despojos agrarios y
empiezan una serie de agresiones físicas
contra personas de las bases de
apoyo zapatistas, y empezamos a
identificar daños en sus bienes e intentos
de desalojo y de despojo, juicios...
y una complicidad en el caso
de la policía en los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal)
así como en el ámbito de las fuerzas
armadas. Se trata de una articulación
de instituciones de gobierno
contra un pueblo indígena, en este
caso y muy centradamente contra los
pueblos zapatistas.
Esta realidad originó que el CAPISE
y diferentes organizaciones
iniciáramos ciclos de conferencias
porque los medios no están publicando
prácticamente nada. Lo que
pretendemos es que las redes, colectivos
y organizaciones tengan información
veraz y certera sobre lo
que está sucediendo.

D.: ¿Qué caracteriza este período de
contrainsurgencia respecto a otros
como el vivido del año ‘95 al ‘97, que
desembocó en la masacre de Acteal?

E. L.: Hay similitudes y hay novedades.
Digamos que un nuevo modelo
y estrategia de contrainsurgencia
empieza a implementarse contra los
pueblos zapatistas. Ahora uno de los
puntos centrales es el interés, por
parte del Estado mexicano, por los
recursos naturales y bióticos que hay
dentro del territorio indígena. Uno
de los cambios fundamentales que
estamos encontrando es que se le
empieza a dar legalidad al despojo
de tierras. O sea, la intervención de
las instituciones agrarias empieza a
jugar un papel determinante.
Las instituciones agrarias conjuntamente
con el Ejército federal mexicano
y la seguridad pública estatal y
federal empiezan a fortalecer a un
grupo que en un principio estaba registrado
como una asociación civil,
la Organización para la Defensa de
los Derechos de los Pueblos Indígenas
y Campesinos (OPDDIC). Esta
organización, fundada en 1988 por
un ex diputado local priísta, empezó
a adquirir un gran poder en el territorio
porque las instituciones agrarias
comenzaron a darle títulos de las
tierras. Los pueblos zapatistas pasaron
a ser “invasores”, y así empezó a
haber más presiones y más agresiones,
gestándose confrontaciones en
el interior de las comunidades.
El que la dirigencia de la OPDDIC
tenga rasgos paramilitares, o directamente
lo sea, tiene implicaciones
mayores en una estrategia de contrainsurgencia.
A pesar de la ocupación militar
agarran a unos pueblos zapatistas
fortalecidos en la construcción de su
autonomía. Conforme más se fortalecen,
más los empiezan a golpear.

D.: El EZLN lanza en marzo de 2007
la Campaña en Defensa de la Tierra
y el Territorio, y en coordinación con
CAPISE crea las Brigadas de Observación
Tierra y Territorio (BOTT).
¿En qué consisten?

E. L.: Con los compañeros y compañeras
acordamos crear un programa
de observación, de acompañamiento
y documentación para
apoyar a las poblaciones que estaban
siendo agredidas y amenazadas
con ser desalojadas. Estas brigadas
de información empezaron
a funcionar en abril del año pasado
para poder enviar a miembros de
la sociedad civil mexicana e internacional
a las comunidades. Desde
estas brigadas tienen una vinculación
más estrecha con las poblaciones,
hablan, se quedan con
ellos, y además les hacen entrevistas
sobre lo que está pasando en
sus comunidades.
En las comunidades donde ya teníamos
documentación de que estaban
empezando a entrar grupos paramilitares
o fuerzas de seguridad
pública, por lo menos se logró que
éstas se detuvieran. Pero el 30 de
diciembre pasado, por vez primera,
una de nuestras brigadas sufrió
agresiones, privación de libertad,
amenazas sexuales. Tomamos la
decisión de ejercer una acción penal
contra estos agresores. Pero esto
habla de los niveles de tensión y
del descontrol que tiene el Gobierno
del Estado de Chiapas.