VIOLENCIA DE ESTADO EN EL SALVADOR: ORGANIZACIONES DE IZQUIERDA DENUNCIAN INTERESES ELECTORALES
El Gobierno salvadoreño incrementa la represión sobre los movimientos sociales

Ante su baja popularidad,
el Gobierno de ARENA ha
cambiado de estrategia.
Los movimientos sociales y
la oposición, el FMLN,
denuncian un incremento
de la violencia de Estado.

18/07/07 · 12:38
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A principios de julio, la Policía
Nacional Civil (PNC) de El Salvador
disolvía a golpes una protesta contra
la política neoliberal del Gobierno
con un saldo de 14 personas detenidas.
Al amparo de una recientemente
aprobada ley antiterrorista, todos
los arrestados, entre ellos diversos
dirigentes populares, están acusados
de terrorismo y de participar en asociaciones
ilícitas. Al mismo tiempo,
en otro episodio, en apariencia sin
relación, el Gobierno involucraba a
dirigentes del principal partido de la
oposición, el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN),
en acciones de terrorismo urbano.
Estos dos hechos marcan, según diversas
organizaciones sociales, “un
nuevo ciclo de represión acompañado
de una intensa campaña mediática
cuyo objetivo es deslegitimar a la
izquierda social y política ante las
elecciones de marzo de 2009”.

El 2 de julio, diversas organizaciones
sociales salvadoreñas habían
convocado una movilización social
en el municipio de Suchitoto, en el
departamento de Cuscatlán, a 32 kilómetros
de la capital. Estaba previsto
que Elías Antonio Saca, presidente
de la República, en un acto oficial,
presentara la Política Nacional de
Descentralización cuya finalidad es
la privatización del agua. Los manifestantes
pretendían entregar al máximo
mandatario salvadoreño una
carta de demandas, así como celebrar
un foro de debate sobre las políticas
privatizadoras del Gobierno.
Era la tercera vez -hasta ahora todos
los intentos siguen resultando infructuosos-
que las organizaciones sociales
trataban de entregar una carta
de demandas y propuestas sobre diversos
temas al presidente.

La policía reprimió durante horas
la movilización social. Suchitoto, militarizada
desde tempranas horas de
la madrugada, fue el escenario de
una actuación “caracterizada por el
abuso de la fuerza contra la población
civil”, según denunció a DIAGONAL
la procuradora para la Defensa
de los Derechos Humanos,
Beatrice de Carrillo.

Represión en Suchitoto

En la manifestación participaron varias
organizaciones sociales de la zona,
así como moradores de diferentes
comunidades cercanas. Los testimonios
recogidos por DIAGONAL
en la ciudad coinciden en que los
agentes antidisturbios de la Unidad
de Mantenimiento del Orden (UMO)
comenzaron a atacar sin ningún motivo.
“Niños y mujeres fueron agredidos
con brutalidad por parte de los
agentes de la UMO; ése ha sido uno
de los principales motivos para que
la población que se estaba manifestando
encandilara los ánimos”, denunció
el sacerdote local Mario
Campos, quien también resultó afectado
por los gases lacrimógenos de
los antidisturbios.

La represión policial abarcó diversas
zonas de la localidad. Los manifestantes
fueron dispersados a golpes
con pelotas de goma y gases lacrimógenos
y pimienta. Incluso varias
viviendas fueron asaltadas. Los
manifestantes huyeron por los montes
cercanos mientras la policía continuaba
su persecución por la zona
durante cuatro horas con apoyo de
helicópteros. El balance final fue de
43 personas heridas -25 por balas de
goma y 18 con afecciones graves por
el gas pimienta- y 14 detenidas.
Entre las arrestadas destacan Marta
Lorena Araujo, Rosa María Centeno
y María Haydée Chicas, presidenta,
vicepresidenta y responsable
de comunicación de la Asociación
para el Desarrollo de El Salvador
(CRIPDES), una de las organizaciones
de base más importante del país.
Todas fueron detenidas al ser interceptado
el vehículo en el que viajaban
hacia la ciudad.

Tras pasar por los juzgados, el Ministerio
Público y la Fiscalía han acusado
a los 14 detenidos de participación
en asociaciones ilícitas, desórdenes
públicos y actos de terrorismo.
Diversas organizaciones sociales,
entre las que destacan la propia
CRIPDES, la Confederación de Federaciones
de la Reforma Agraria
Salvadoreña (CONFRAS) o el Movimiento
Popular 12 de Octubre (MPR-
12), han realizado numerosos actos
de apoyo a los activistas detenidos.
Según Jeannette Alvadrado, portavoz
de la Mesa Permanente para la
Gestión de Riesgo (MPGR), “hemos
retrocedido a los años ‘70, cuando a
la gente no se le dejaba expresar su
descontento por las políticas desde el
Estado”. Por su parte, David
Vázquez, también de MPGR, denuncia
que los detenidos, que fueron
trasladados en helicópteros, fueron
amenazados por la policía con ser
arrojados en pleno vuelo mientras
permanecían esposados a la espalda.

La detención de Belloso

También el 2 de julio, de madrugada,
pero en la capital, San Salvador, era
detenido José Mario Belloso, el hombre
más buscado por la PNC desde
hace un año. A Belloso se le acusa de
ser el francotirador que abatió el año
pasado a dos policías antidisturbios
a las puertas de la Universidad
Nacional de San Salvador (UES), durante
una jornada de protesta por el
encarecimiento del transporte.

En la detención de Belloso, tres
días antes de que se cumpliera el
aniversario de estos incidentes, intervinieron
300 policías y soldados
de cuerpos especiales de la PNC y
de las Fuerzas Armadas. Llevaban
mochilas de campaña, visores nocturnos,
armas especiales y estaban
respaldados por helicópteros y aviones.
La detención fue retransmitida
por televisión, como si de una película
de guerra se tratase. Al mando,
el director de la PNC, Rodrigo Ávila,
que apareció repartiendo órdenes
vestido como un policía de las playas
californianas.

Tan solo día y medio después de la
espectacular detención, miembros
del Gobierno y la PNC filtraban a los
medios de comunicación un vídeo
grabado en dependencias policiales.
En una confusa conversación el detenido
implicaba a miembros de la
cúpula de FMLN, entre ellos a su
coordinador general, Medardo
González, en la distribución de armamento. También les implicaba en
la dirección política de un supuesto
grupo de terrorismo urbano del que
Belloso afirmaba formar parte.
Según el secretario de comunicación
del FMLN, Sigfrido Reyes, “la
supuesta captura de este individuo y
las contradicciones inobjetables que
rodean el hecho muestran que se trata
de una maniobra política dirigida
en el terreno por el director de ideología
de ARENA, René Figueroa,
quien también es el ministro de Seguridad”.
Y añade que “la maniobra
busca desgastar al FMLN frente a
sectores del electorado que son susceptibles
a este tipo de ‘sustos
mediáticos’, a través de un montaje
basado en manipulación de lugares,
fechas e imágenes, donde los medios
de comunicación, en su inmensa mayoría
afines al Gobierno de ARENA,
han sustituido a los tribunales”.

Diferentes sectores de los movimientos
sociales sostienen que, ante
la baja popularidad del presidente
Saca y del Gobierno de ARENA, todo
consiste en un gran montaje que
puede desembocar incluso en el intento
de ilegalización de la primera
fuerza política de la oposición. El
FMLN, en teoría, goza de la mayor
intención de voto de cara a las próximas
elecciones presidenciales. “Todo
lo vinculado a Belloso huele a
montaje hace mucho tiempo”, indica
Elisardo Rodríguez, uno de los portavoces
del tejido asociativo estudiantil
de la UES.

De montaje en montaje

El 5 de julio del año pasado, los estudiantes
de secundaria protagonizaron
una marcha pacífica enfrente de
la UES. Protestaban por el aumento
del precio del transporte público y
para exigir media tarifa para estudiantes,
la tercera edad y discapacitados.
Según denunciaron en su día
las organizaciones estudiantiles presentes
en la protesta, al finalizar la
marcha y a punto de iniciarse una
rueda de prensa, los estudiantes fueron
atacados por la UMO. Tras la
carga y aún en medio de la algarabía
se escucharon disparos, que dejaron
como resultado dos agentes de la
UMO muertos, decenas de detenidos
y 20 heridos entre estudiantes, policía
e incluso un docente que estaba
trabajando dentro de la universidad.

A pesar del desmentido oficial, múltiples
testigos oculares y algunas
imágenes grabadas demuestran la
existencia de francotiradores de la
policía apostados en los tejados de
un edificio colindante a la UES, así
como la presencia de helicópteros
desde los que se disparó sobre los
manifestantes. Las deficiencias de la
investigación y la inexplicable ausencia
de autopsia de los cuerpos de los
policías no han permitido aclarar de
dónde provenían los disparos. Sin
embargo, la trayectoria descendente
de los impactos de bala hace pensar
en algún tipo de montaje policial.

“El problema real es que estamos
ante lo que va a ser el escenario político
de aquí a marzo de 2009: represión
a la ciudadanía, campañas de
manipulación mediática, detenciones
de líderes sociales e incluso su
desaparición, como ya sucedió hace
cinco meses con Edward Francisco
Contreras. Este líder estudiantil está
desaparecido desde el pasado 7 de
febrero”, indica un portavoz del
Bloque Popular Juvenil que prefiere
mantener el anonimato. “Aquí hay
sicarios pagados por la derecha, con
complicidad de la policía. Hay gente
de la policía involucrada en la desaparición
de Edwin”, concluye.

Una ley antiterrorista a medida

Los sucesos del 5 de
julio del año pasado fueron
aprovechados por el
Gobierno para aprobar
un decreto legislativo
contra actos de terrorismo,
aunque en ningún
momento el texto define
el concepto de terrorismo.
«Las definiciones de
los tipos penales son tan
ambiguas que podrán ser
convertidas en 'comodines'
para realizar capturas,
bajo cualquier supuesto
y casi por
cualquier circunstancia»,
denuncian diversos juristas
de la Federación de
Estudios para la Aplicación
del Derecho. El auto
de la Fiscalía contra los
14 detenidos en Suchitoto
recoge «como actos de
terrorismo toda infracción
dirigida contra la seguridad
del Estado, la integridad
del territorio y el funcionamiento
normal de
las instituciones». Algunas
de las acusaciones
formuladas contra ellos
son «sembrar el pánico
en la población y crear
un clima de inseguridad»,
«obstaculizar la circulación
en las calles» u
«obstaculizar el funcionamiento
de las instituciones
públicas». Al cierre
de esta edición, el fiscal
mantenía a los detenidos
en prisión. Las condenas
pueden superar los diez
años de cárcel.

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