LGTB // LAS DECLARACIONES DE LOS OBISPOS POLACOS JUSTIFICAN LA DISCRIMINACIÓN
El Gobierno integrista polaco declara la guerra a la homosexualidad

Inspiradas en el credo
católico mayoritario, las
instituciones de Polonia
combinan insultos con
prohibiciones y medidas
represivas contra las
minorías sexuales.

24/04/06 · 1:26
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VARSOVIA. Concentración contra Lech Kaczynski en noviembre de 2005. / foto.rozbrat.org

La comunidad de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales (LGTB)
polaca se temió lo peor cuando en
noviembre del pasado año Lech
Kaczynski, al frente del partido Ley
y Justicia, se convirtió en presidente
de Polonia. Años antes, como alcalde
de Varsovia, este político ultraconservador
no sólo mantuvo
una retórica de homofobia sino que
prohibió en la capital polaca las
manifestaciones del orgullo 2004 y
2005, para frenar “la propagación
de la homosexualidad”. Cuando representantes
LGTB le solicitaron
una entrevista, contestó: “No recibo
a pervertidos”. El movimiento
LGTB polaco desafió la prohibición
y 2.500 personas salieron pacíficamente
a la calle, donde se toparon
con amenazas de muerte y agresiones
físicas por parte de grupos neonazis.
El alcalde censuró que la policía
no hubiera colaborado con los
agresores y convocó la “marcha del
orgullo de las personas normales”,
que tuvo una nutrida participación
de ultraderechistas.

Insultos y prohibiciones

Ante el amenazante resultado electoral
de Ley y Justicia y una probable
extensión de la política homofóbica
del Ayuntamiento de Varsovia
a todo el territorio polaco, grupos
ecologistas, feministas y LGTB convocaron
a sendas “manifestaciones
por la igualdad” en Cracovia y
Poznan, pocos días después de la
toma de posesión del nuevo Gobierno.
La manifestación de Poznan
fue prohibida a última hora por el
Ayuntamiento, aduciendo problemas
de seguridad. A pesar de ello,
los organizadores mantuvieron la
convocatoria, que se saldó con nuevos
insultos y agresiones nazis. La
policía se negó a prestar protección
a los manifestantes LGTB y, en
cambio, detuvo brutalmente a 65 de
ellos que intentaban formar el símbolo
de la paz con velas. A cada uno
de los detenidos se les impusieron,
por manifestarse sin autorización,
multas de 1.250 euros, cantidad
muy alta respecto al nivel de vida
medio en Polonia.

Desde la formación del nuevo gabinete,
las medidas homofóbicas y
las descalificaciones institucionales
han sido constantes. El primer
ministro, designado por el presidente
, Kazimierz Marcinkiewicz,
del partido Ley y Justicia, prometió
defender la “libertad” de los heterosexuales
y la familia, amenazada
en su opinión por “homosexuales
que intentan infectar a los demás
su homosexualidad” y planteó prohibir
por ley que las personas
LGTB pudieran trabajar en colegios,
guarderías y hospitales.
Miembros del Gobierno vaticinaron
“una noche oscura” para las
minorías sexuales y anunciaron
que “no habrá tolerancia para los
homosexuales y los desviados”. El
recién nombrado Defensor del
Pueblo polaco equiparó homosexualidad
y pedofilia y el Fiscal
General de Poznan aclaró que “no
es ilegal en Polonia insultar a alguien
por su orientación sexual”.
Asimismo, el Gobierno decidió suprimir
la Oficina Gubernamental
por la Igualdad de Género, que desarrollaba
programas de promoción
a favor de los derechos de las minorías
sexuales. En los últimos meses
se han confirmado actos de acoso
policial a la comunidad LGTB en
las ciudades de Cracovia, Gdansk,
Lodz, Poznan, Varsovia y Wroclaw.
Amnistía Internacional, Human
Rights Watch y el Parlamento Europeo -con una resolución- han
mostrado su preocupación por estos
sucesos. La Conferencia Episcopal
polaca contraatacó el pasado
febrero pidiendo a las instituciones
europeas que “se abstuvieran
de interferir en la moral de las personas”,
y afirmó que las familias
católicas tienen el derecho a defenderse
contra “la dictadura del
relativismo”. También reafirmó
“las diferencias naturales entre
hombres y mujeres”, creados como
tales, a juicio de la Iglesia polaca,
para procrear. Un importante
sector de la opinión pública polaca
parece estar de acuerdo con
esta política institucional homofóbica.
En junio pasado, Polonia fue
el segundo lugar del mundo donde
se llevaron a cabo las mayores
movilizaciones convocadas por el
Foro de la Familia contra la aprobación
en el Parlamento español
del derecho al matrimonio entre
personas del mismo sexo. La asistencia
sólo fue superada por la manifestación
de Madrid.

La resistencia LGTB polaca, aliada
a un movimiento de solidaridad
bastante extenso, mantiene convocatorias
periódicas en distintas
ciudades en las que suele repetirse
el mismo patrón: obstaculización
o prohibición oficial, insultos o
ataques de bandas nazis y desprotección
o represión policial. Lejos
del glamour desentendido de otras
capitales europeas, las manifestaciones
LGTB en Polonia suponen
un acto de fuerte posicionamiento
político reivindicativo. Las protestas
han comenzado a traspasar las
fronteras polacas y el presidente
Kaczynski también ha encontrado
actos de denuncia en sus recientes
visitas oficiales al extranjero: el
pasado 10 de febrero la Red por la
Liberación Gay de Chicago realizó
una concentración de repulsa
ante la visita del presidente polaco
a la ciudad. El 9 de marzo, en
la Universidad Humboldt, de Berlín,
varios activistas LGTB interrumpieron
el discurso del mandatario
polaco coreando consignas
que pedían que lo expulsaran del
recinto universitario.

El flanco homofóbico de la Unión Europea
Junto a la situación de Polonia,
otros gobiernos europeos
mantienen una retórica anti
LGTB, cuando no implementan
medidas discriminatorias. Así,
Letonia y Lituania, con gobiernos
de clara inspiración confesional
cristiana, aprobaron
recientemente leyes que 'blindaron'
el matrimonio como
institución estrictamente heterosexual,
evitando que pueda
extenderse a parejas del
mismo sexo. Grecia, Hungría y
Polonia mantienen algún
grado de prohibición o penalización
de la homosexualidad
en sus reglamentos militares;
Portugal, Luxemburgo, Italia y
Reino Unido mantuvieron restricciones
similares hasta
fechas recientes. El Reino
Unido derogó hace sólo tres
años las leyes que fijaban condiciones
discriminatorias para
las relaciones entre personas
del mismo sexo en aspectos
como la edad de consentimiento
y los requisitos de intimidad.
Los territorios británicos
de Gibraltar y la Isla de
Man fijaban penas de cárcel
por homosexualidad hasta
hace aproximadamente una
década. Más allá de los
aspectos legales, países de
gran influencia católica como
Irlanda, Polonia, Italia o Portugal
mantienen un fuerte control
social sobre la homosexualidad.
El caso italiano es
especialmente reseñable: las
declaraciones homofóbicas
son moneda corriente entre su
clase política, lo que le costó
al ex ministro Buttiglione la
cartera europea de Seguridad,
Libertad y Justicia apenas
había sido asignado comisario
de la Unión; el recientemente
dimitido ministro Calderoli, de
la Liga Norte, había realizado
numerosas alusiones denigrantes
contra la homosexualidad.

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