INMIGRACIÓN // MÁS TRABAS A LA REAGRUPACIÓN
El Gobierno extiende las redadas masivas anti inmigrantes

Las muestras de rechazo a la ‘Directiva de la Vergüenza’,
aprobada por el Europarlamento el pasado 18 de junio,
no cesan. Pese a ello, el Gobierno español sigue
apostando por políticas de control aún más restrictivas.

10/07/08 · 23:52

La Directiva de Retorno para la armonización
de las normativas para
la detención y expulsión de personas
sin papeles, o ‘Directiva de la Vergüenza’,
ha trastocado la imagen de
la UE como defensora de los derechos
humanos. A nivel internacional,
tras las declaraciones de condena
a finales de junio de los presidentes
de Venezuela, Ecuador, Bolivia y
Brasil, se han sumado las de la OEA
y del Parlacen, el Parlamento regional
Centroamericano. Por último, el
1 de julio, la 35ª Cumbre del Mercosur
llamaba a la Directiva “brote
xenófobo”. En su declaración, los jefes
de Estado de Brasil, Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Argentina, Chile y
Venezuela le recordaban a la UE su
pasado exportador de emigrantes
pobres en oposición al trato que estos
mismos países deparan hoy a los
inmigrantes. Por su parte, en el Estado
español, pequeñas pero numerosas
protestas se suceden, como la de
Zaragoza el 1 de julio.

Pero los gobiernos no parecen dispuestos
a variar el rumbo. A principios
de julio los Gobiernos español y
francés, con el apoyo del alemán, tenían
previsto presentar su propuesta
de Pacto Europeo sobre Inmigración,
que debería de ser ratificada el 15 de
octubre en la cumbre europea prevista
en Bruselas. Dicho pacto, en
realidad una declaración política de
intenciones, asienta definitivamente
la concepción de la inmigración asumida
por la UE desde 1999 en la
Cumbre de Tampere. Y, según denuncian
las asociaciones que trabajan
con migrantes, naturaliza a nivel
europeo la apuesta del presidente
francés N. Sarkozy: “la inmigración
escogida”. Los flujos migratorios se
supeditan únicamente a las necesidades
de mano de obra del mercado.
La definitiva institucionalización de
una categoría con sólo 40 años de
existencia en un continente abierto a
los flujos migratorios desde hace
cientos de años, el inmigrante ‘sin
papeles’, que es perseguido. Y la imposibilidad
para éste de regularizarse
si no es según la discrecionalidad
de los gobiernos (las regularizaciones
‘caso a caso’). Se cerrarían así las
vías de entrada legales o regularización
para los inmigrantes y se incrementan
los mecanismos de control.

Una política que el Gobierno español
apoya. Ya los europarlamentarios
del PSOE, pese a las instrucciones
en contra de la Internacional Socialista,
votaron a favor de la Directiva.
En esa línea van declaraciones,
como las de C. Corbacho, ministro
de Trabajo e Inmigración, el 30 de
junio, anunciando drásticas restricciones
al derecho de reagrupación
familiar. Endurecimiento que se fijará
en la nueva ley de Extranjería que
se empezará a discutir en septiembre.
Según las asociaciones defensoras
de los derechos humanos, este
talante gubernamental se ve en lo cotidiano,
sobre todo tras las últimas
elecciones legislativas. Por ejemplo
en Barcelona, Madrid, Málaga, etc.,
se han normalizado las masivas redadas
policiales según criterios étnicos,
dirigidas contra los inmigrantes.
Como lo sucedido en Torre Pacheco,
Murcia, el 27 de junio. Durante más
de seis horas, las fuerzas de seguridad
del Estado rodearon el pueblo y,
según denuncian los inmigrantes, lo
‘peinaron’ (entraron incluso en la
mezquita a la hora del rezo) y con
gran violencia identificaron a unas
1.000 personas, deteniendo a 58 de
ellas por no tener papeles.

Pero este endurecimiento no frena
la presión migratoria. En Melilla
el 22 de junio, aprovechando el partido
de la Eurocopa entre España e Italia,
dos grupos de ‘sin papeles’ intentaron
forzar la frontera. La Guardia
Civil detuvo a 28 de ellos dentro de
Melilla y 52 lo fueron por la policía
marroquí. Siete tuvieron que ser hospitalizados.
Según el partido melillense
UPD “hubo disparos de armas”
para rechazarlos.

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