El Gobierno español ratifica el Protocolo contra la Tortura de Naciones Unidas

El 4 de abril el Estado español ratificaba,
en la sede de la ONU en
Nueva York, el Protocolo Facultativo
a la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Las aportaciones más importantes
de este Protocolo, aprobado
por la Asamblea General de la
ONU en diciembre de 2002, radican,
según organizaciones de defensa
de los derechos humanos, en
su énfasis preventivo y la diversificación
de los mecanismos de control
social. Hasta ahora, ningún instrumento

29/04/06 · 18:59
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El 4 de abril el Estado español ratificaba,
en la sede de la ONU en
Nueva York, el Protocolo Facultativo
a la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Las aportaciones más importantes
de este Protocolo, aprobado
por la Asamblea General de la
ONU en diciembre de 2002, radican,
según organizaciones de defensa
de los derechos humanos, en
su énfasis preventivo y la diversificación
de los mecanismos de control
social. Hasta ahora, ningún instrumento
internacional permitía
las visitas a los centros de detención,
en cualquier lugar del mundo,
sin previo aviso y sin necesidad
de tener el consentimiento de las
autoridades. Una vez que haya sido
ratificado por un mínimo de 20
estados -por ahora sólo lo han hecho
18-, el Comité de la ONU contra
la Tortura deberá crear un
Subcomité cuya función será precisamente
realizar estas visitas.

Además, los estados tendrán la
obligación de establecer y dotar de
los medios necesarios a uno o varios
comités nacionales con amplias
capacidades de inspección.
La Coordinadora para la Prevención
de la Tortura (CPT), espacio
en el que confluyen 41 organizaciones
sociales de todo el Estado y
que ha desarrollado numerosas iniciativas
para exigir la ratificación
del Protocolo, expresó su satisfacción
por el paso dado por el
Gobierno español. Pero la CPT recordó
también que la persistencia
de la tortura en el Estado español
queda manifiesta en las 800 denuncias
de abusos recogidas en su
informe de 2004 y en los datos recopilados
de 2005. Por ello demanda
al Gobierno que aplique
sin demora medidas para evitar
la tortura, entre ellas la supresión
de la incomunicación y el aislamiento,
la grabación audiovisual
de los interrogatorios, la investigación
con prontitud y eficacia
de las denuncias, la elaboración
de un plan general para impedir
los malos tratos o la reparación a
las víctimas de tortura.

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