AMPLIO RECHAZO A LAS NORMAS DE INTERIOR POR AMPARAR MALOS TRATOS
El Gobierno da vía libre al uso de la violencia en las repatriaciones

El nuevo protocolo policial que rige las deportaciones
de las personas sin papeles ha generado
un enorme revuelo. Ha sido elaborado tras la reciente
muerte, aún sin aclarar, en un avión, de
un repatriado bajo escolta policial. El protocolo,
que busca adaptarse a las políticas impulsadas
desde la UE, no ha supuesto ninguna variación
en las prácticas de repatriaciones españolas.

18/10/07 · 0:00
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Foto:LCR AULNAY / flickr.com

El 27 de septiembre, la Coordinadora
de Inmigrantes de Málaga (CIM)
convocaba una concentración ante
la Subdelegación del Gobierno para
denunciar el incremento del acoso
policial contra los inmigrantes, y protestar
contra el nuevo protocolo para
las expulsiones de personas indocumentadas.
Era un ejemplo del amplio
rechazo, petición de inconstitucionalidad
incluida, que esta norma-
fechada el 20 de julio pasado, pero
dada a conocer a finales de agosto-
está generando. Han protestado contra
ella desde el Defensor del Pueblo
andaluz hasta Ecologistas en Acción,
pasando por sindicatos como CGT y
CNT, organizaciones como IU, SOS
Racismo, la Red Estatal de Inmigrantes,
o asociaciones de defensa
de los derechos humanos como la
APDHA y el Centro de Defensa y
Estudio de los Derechos Humanos
(CEDEHU). Y es que el protocolo,
elaborado por la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil, de
Normas de seguridad en las repatriaciones
y en el traslado de detenidos
por vía aérea y/o marítima, protocolo
de actuación es denunciado por violar
los derechos humanos y por suponer
un serio peligro para la salud
de las personas repatriadas.

Según declara Clara Redal, del CEDEHU,
“el protocolo afecta a derechos
fundamentales y en cambio sale
como una norma administrativa, y
no como ley. La policía se convierte
en legisladora. Nos parece muy grave
en ese sentido, tanto por su contenido,
como por la propia génesis y la
forma de elaborar estas normas”. Y
remacha: “En septiembre ha salido
un segundo borrador, que no varía
sustancialmente del primero; como
no es una ley, sino una norma interna,
no hay obligación de darlo a conocer,
de publicarlo en algún sitio”.

Según Redal, “el texto resalta
dos veces que no se deben comprometer
las funciones vitales del repatriado.
¿Qué prácticas regula este
texto, que ha de explicar que las
medidas coercitivas no han de ser
mortales?”.

El protocolo, inspirado en anteriores
instrucciones para las repatriaciones
por avión, abre la puerta
a la cooperación con la UE en la organización
de vuelos conjuntos y a
la presencia de escoltas privados
acompañando a la policía, y regula
los procesos de repatriación tanto
individuales como colectivas. Define
los equipos policiales implicados,
las funciones y tareas de éstos, las
actuaciones necesarias para la preparación
y desarrollo de los viajes, y
las conductas de los agentes. El texto
gira sobre tres ejes. Por un lado,
unas genéricas declaraciones de
principios a favor del respeto de la
dignidad y los derechos de los inmigrantes;
por otro, una insistencia en
el secretismo, y finalmente, una enumeración
de los mecanismos “de
contención” y control del repatriado.
Éstos no se deben mezclar con
el resto de los viajeros (salas especiales,
embarque y desembarque antes
o después que el resto); están
prohibidas las fotografías y el uso de
móviles, también para los policías; y
las autoridades locales de los países
receptores no podrán ver cómo son
repatriados sus conciudadanos. Los
informes sobre los viajes serán confidenciales.
Y los repatriados no sabrán
dónde se les lleva.

Camisas de fuerza

Pero sobre todo, amplía el arsenal de
instrumentos coercitivos, más allá de
los monos, cintas y grilletes metálicos
que se usaban antes, incorporando
cascos, camisas de fuerza y cintas
adhesivas. Y permite la sedación del
repatriado, eso sí, bajo control médico.
Según denuncia Amnistía Internacional
(AI), el texto es “ambiguo
en aspectos esenciales y no especifica
detalles sobre las circunstancias
concretas en las que medios
y técnicas de inmovilización pueden
ser utilizados”. Además, señala AI,
no incluye las recomendaciones del
Consejo de Europa que “prohíben el
uso de cintas adhesivas o mordazas”.
Para la CIM, el protocolo legaliza el
uso de la fuerza física, además “todas
las normas que se dan para el
traslado de inmigrantes son coercitivas:
por ejemplo, llevarlos atados durante
todo el viaje. O que justo antes
de subir al avión deban ser registrados
exhaustivamente, cuando ya lo
han sido en el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE)”.

Para Redal “hay un preocupante
nivel de indeterminación e indefinición,
que deja casi todo a la discrecionalidad
de la policía. Si se lee con
detenimiento, considera a cualquier
repatriado, por el hecho de serlo, un
elemento potencialmente peligroso.
Peligroso es un concepto jurídico absolutamente
indeterminado, no definido
por ninguna norma legal, lo que
provoca una actuación arbitraria del
agente de turno. Ninguna ley lo define.
Y eso ¿quién lo va a decidir? Todo
esto configura una percepción social
del emigrante como una persona peligrosa,
y contribuye a crear una sociedad
del miedo, en la que cualquier
tipo de práctica pueda ser justificada.
Y eso que el 90% de las deportaciones
se hacen sin follón alguno”.

Lo paradójico es que el texto
llega cuando los datos oficiales
hablan de una drástica reducción
de la inmigración indocumentada.
Así, en los CIE de Canarias
hay un 82% de sin papeles menos
que en 2006. Su llegada se ha reducido
en un 60% y las llegadas
de indocumentados por el Estrecho
son las más bajas desde 1999.
Sin embargo, las deportaciones
se han incrementado significativamente
(ver recuadro), por lo
que los policías no dan abasto, en
ocasiones con turnos de 21 horas
consecutivas. Por esa razón, el
sindicato policial SUP intentó, el
21 de agosto, que los agentes escolta
de un vuelo realizaran una
protesta colectiva.

“El detonante de la salida de este
protocolo es que mataran al ciudadano
nigeriano Osamuya, cuando
lo repatriaban. Un juzgado de
Alicante abrió diligencias e imputó
a los dos policías que lo deportaban”,
declara Redal. “Nos consta
que los malos tratos durante las
repatriaciones son algo sistemático.
Ante la posibilidad de que esta
impunidad se viera afectada, las
cofradías [sindicatos] policiales
iniciaron la presión hacia el Ministerio
de Interior para que éste
avalase estas malas prácticas. Es a
raíz de esto que el Gobierno elabora
este protocolo”.

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