MANO DURA. Fernández de la Vega
dice que no tolerará más ‘sin papeles’.

El Gobierno, por boca de su vicepresidenta,
María Teresa Fernández
Vega, y el PSOE por la de su secretario
de organización, José Blanco,
se han sumado al clima de alarmismo
generado. Han dado marcha
atrás también en su anunciada
intención de incluir en el próximo
periodo de sesiones la proposición
no de ley para permitir el voto de
los inmigrantes extracomunitarios.

Fuentes gubernamentales han
anunciado su negativa a futuros
procesos de regularización y la
puesta en marcha de un sistema de
repatriaciones con identificación
por parte de las autoridades del país
de origen. Cientos de senegaleses
están siendo deportados desde el 13
de septiembre, y se pretende seguir
acentuando este proceso, animados
por la última reunión de ministros
europeos de Interior y Justicia en
Tampere (Finlandia).

Según Fernández de la Vega, “España
no va a tolerar que sigan llegando
a sus costas inmigrantes ilegales
ni que los países de origen incumplan
los acuerdos bilaterales”.
La vicepresidenta afirmó que el
Ejecutivo está dispuesto a actuar
“con toda firmeza”. De igual manera,
José Blanco indicaba que “el
mercado de trabajo ya no puede absorber
a más inmigrantes”.
Según indica a DIAGONAL Gerardo,
portavoz de la Coordinadora
de Inmigrantes de Málaga (CIM),
una de las organizaciones promotoras
de las próximas movilizaciones
del 7 de octubre, diversas organizaciones
de inmigrantes ya venían
anunciando “la agudización de
la política represiva del Gobierno,
desde el proceso de regularización
hasta hoy”.

Según el coordinador general de
Izquierda Unida, Gaspar Llamazares,
el cambio de discurso del PSOE
responde a la “retórica del miedo”
ante el supuesto alud de inmigración
ilegal. Llamazares manifestó
su voluntad de que “al menos los inmigrantes
con varios años de residencia
legal procedentes de países
con los que España tiene convenio
bilateral puedan votar en las elecciones
municipales”, algo que afectaría,
dijo, a las personas originarias
de Argentina, Chile, Uruguay,
Colombia y Venezuela.
Empresarios, sindicatos y organizaciones
sociales coincidieron
en calificar el mensaje de
José Blanco como “un mensaje
político, no económico”. Opinan
que el mercado de trabajo español
seguirá necesitando durante
mucho tiempo el concurso de la
población inmigrante.
Según Julio Ruiz, secretario confederal
de Migraciones de CC OO,
las declaraciones de Blanco “evidencian
un gran desconocimiento.
El mercado laboral no debe asumir
más indocumentados”, pero la contratación
legal “sigue absorbiendo y
reclamando nuevos contingentes
de extranjeros para desempeñar
trabajos de difícil cobertura”.

Para el portavoz de la CIM, “se sigue
calificando al inmigrante desde
posiciones económicas”. Y prosigue,
“la Coordinadora, al igual que
otras organizaciones, trabaja para
conformar una coordinación estatal
de organizaciones de inmigrantes
que articule las reivindicaciones de
los trabajadores extranjeros”.

Para la FERINE, Federación Estatal
de Asociaciones de Inmigrantes,
el 7 de octubre no es sólo
una convocatoria de movilización
por ahora convocada sobre todo en
Andalucía, Cataluña y Madrid, sino
que debe ser el punto de partida de
un calendario de movilizaciones
permanentes por los derechos de
los inmigrantes en el Estado.