Texto de Angelo Lucia

Entre seis años y medio y 14 años de cárcel para diez manifestantes imputados por los hechos acaecidos en Genova en julio de 2001, a lo largo de la contracumbre del G8 donde fue asesinado el joven activista Carlo Giuliani. Ésta es la sentencia, definitiva, de la Primera Sección Penal del Tribunal Supremo italiano, publicada en la tarde del 13 de julio. Penas muy duras para una sentencia con sabor político,
que condena por “devastación y saqueo”, un delito introducido durante la dictadura fascista en los años ‘30. Fuera del tribunal, en muchas plazas de Italia, activistas, militantes, y ciudadanos han esperado la formalización de la sentencia. La campaña 10x100 ha recogido 30.000 firmas, entre ellas muchas de artistas e intelectuales, contra la aplicación del delito de devastación. Su aplicación ha permitido no sólo condenar con penas muy duras –casi cien años de cárcel en total–, sino también juzgar a los imputados por todos los acontecimientos producidos el 20 de julio 2001 y no tanto por sus acciones concretas.

El delito de devastación y saqueo es un delito introducido en Italia en época fascista, en 1930, y desde entonces nunca ha sido modificado o abolido. La diferencia respecto a los delitos contra la propiedad, es que no se condena el hecho concreto (robar en una tienda, quemar un coche, romper escaparates), sino que se condena la puesta en peligro del orden publico, la participación en los hechos mas allá de la conducta personal. De hecho se habla de “participación moral” Para decirlo con las palabras del Fiscal de la acusación, “en el delito de devastación, no hace falta que los imputados hayan participado en todas las acciones”. Diez personas son acusadas por las 300.000 que se manifestaron: “Romper un escaparate y tirar un cóctel molotov va mas allá del simple daño. Pone en peligro el orden publico", sigue la sentencia. La definición de “devastación” en dicho delito es ambigua –hecho característico de los códigos penales de época fascista–, y ha sido interpretada de manera distinta a lo largo de los años. Ha tenido muy poca aplicaciones después de la guerra, y nunca ha sido utilizado en hechos ocurridos enmanifestaciones políticas en las décadas de luchas de los ‘60 y los ‘70.

Desde julio de 2001, este delito ha sido utilizado varias veces contra movimientos sociales y protestas ciudadanas para justificar medidas represivas particularmente duras. El temor es que esta sentencia, la primera definitiva aplicada a manifestaciones políticas, pueda dar nuevo impulso a esta praxis judicial. El abogado de la defensa, Francesco Romeo, comenta que “es evidente la desproporción abismal entre las condenas a ciudadanos por delitos contra objetos, mercancías y edificios, y el precio pagado por quien no ha sido condenado por torturar personas”. Y Laura Tartini, otra abogada del Genoa Legal Forum, añade: “La cosa mas grave es que se confirma que los daños a la propiedad, si son llevados a cabo durante una manifestación política, son castigados con penas mucho mayores que si se hubiesen producido en otros contextos”.