FEMINISTAS, CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR Y ASOCIACIONES MÉDICAS DENUNCIAN LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA
Gallardón plantea una reforma de sabor neocon

La Plataforma Mujeres Ante el Congreso ha solicitado reunirse con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para conocer los detalles de la anunciada reforma de la ley del aborto. Hasta la fecha, Gallardón no ha respondido a la petición.

24/09/12 · 0:00
CLÍNICA ISADORA. Esta clínica autorizada fue objeto de ataques ultras y de una investigación policial que se cerró en falso / Álvaro Minguito

 

-La ley en Europa: menos trabas, menos abortos

Antes de que las pancartas que reclaman
el derecho a decidir de las
mujeres pudieran acumular polvo
en algún cajón, el movimiento feminista
ha tenido que sacarlas de
nuevo a las calles para defender
que el aborto sea libre y gratuito
en el Estado español. Tan solo dos
años después de la aprobación
de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo
que
reconoce el derecho a decidir de
las mujeres durante las 14 primeras
semanas de gestación, el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, ha manifestado su intención
de abolir esta ley al anunciar
que limitará el aborto legal a
determinados supuestos. Hasta el
2010, el aborto no estaba regulado
por ley sino por el Código
Penal, es decir, en la regulación
de 1985 no era un derecho reconocido
sino un delito a perseguir
salvo si se justificaba bajo tres supuestos:
peligro para la vida o salud
de la madre, malformaciones
del feto y violación.

El plan de Justicia era tener la reforma lista para "este otoño". No obstante, seǵun ha informado El Diario.es,
el anuncio de Gallardón no está previsto en los proyectos legislativos
que pretende aprobar el Gobierno en las sesiones parlamentarias de aquí a
diciembre.

La Plataforma Mujeres Ante
el Congreso
ha pedido una reunión
al ministro para conocer los
detalles de su propuesta y trasladarle
su postura, pero no ha recibido
respuesta. Según su portavoz,
Isabel Villarroel, con la normativa
del ‘85 las mujeres podían
interrumpir su embarazo durante
todo el periodo de gestación y con
la ley “los datos no han variado,
sino que las mujeres abortaban
igual que ahora, hasta la semana
16”. Villarroel subraya que durante
los 25 años que ha estado en vigor
la regulación de supuestos, “la
derecha más conservadora no dijo
nada; ha sido a raíz de 2010, desde
que se permite que durante las
primeras 14 semanas la mujer
pueda interrumpir el embarazo
sin que nadie le ponga una condición
sino en el ejercicio de un derecho,
cuando se han puesto de
manera más beligerante”.
En su
opinión, la finalidad de estos cambios
es ideológica y deriva del patriarcado
que emana de las políticas
emprendidas por el Gobierno
actual al “hacer medidas de conciliación
para mujeres y no de corresponsabilidad,
limitar los servicios
a personas dependientes para
que los cuidados recaigan en las
mujeres, y decir de vez en cuando
que deberían volver a casa”. Por
su parte, la asociación Católicas
por el Derecho a Decidir
destaca
la parte relativa a la salud sexual
y reproductiva de la ley actual, ya
que no sólo reconoce la interrupción
voluntaria del embarazo
como parte de los derechos de la
salud, sino que apuesta por la
educación, desde la escuela, como
la mejor vía para reducir el número
de abortos. Su presidenta, Mar
Grandal, sostiene que el proyecto
de Gallardón responde a una
“doble moral” y está orquestado
por la “iglesia católico-romana
representada por la Conferencia
Episcopal de Rouco Varela, la cadena
Cope, el Opus Dei y los movimientos
conservadores neocatecumenales,
como los kikos”, cuando
a su juicio la gran mayoría
de la feligresía está en desacuerdo.

Grandal engloba los cambios
que quiere hacer el ministro dentro
de la “ola de conservadurismo
neoliberal que está sometiendo a
occidente” y aboga por el mantenimiento
de la Ley actual, pues
entiende que establecer supuestos
conlleva “la tutela de las mujeres
por parte de un juez o un psiquiatra”,
lo que significa considerarlas
menores de edad.

Sobre las malformaciones

Por otro lado, el titular de Justicia
también ha manifestado que suprimirá
el derecho de las jóvenes
de 16 y 17 años a decidir sobre su
maternidad y prohibirá abortar en
caso de malformaciones del feto
cuando, según datos de Sanidad,
estos casos suponen un 2,97% del
total de abortos y, como aseguran
las organizaciones feministas, supone
un drama para las mujeres
que desean ser madres. La portavoz de la Plataforma Estatal en
Defensa de los Derechos Sexuales
y Reproductivos
, Isabel Serrano,
piensa que estos planteamientos
están “encaminados a conseguir
un sistema absolutamente restrictivo”
que traerá consigo más riesgos
para la salud de la mujer, que
se verá abocada a “peores condiciones,
aborto clandestino y viajes
al extranjero”. Los datos de la
Organización Mundial de la Salud
avalan esta tesis: cada año se producen
entre sesenta y cien mil
muertes de mujeres en el mundo
por abortos clandestinos y alrededor
de 8,5 millones de ingresos en
servicios médicos de urgencia por
abortos mal realizados.

Aborto en la Sanidad Pública

Para el presidente de la Asociación
de Clínicas Autorizadas para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo
(ACAI), Santiago Barambio,
“siempre que disminuyas el acceso al
aborto, no lo reduces sino que lo
ocultas” de distintas maneras: el
éxodo abortivo para quien se lo
puede costear, recurrir a abortos
inseguros o ser madre de un hijo
no deseado, con las repercusiones
personales y sociales que provocan
estas situaciones. “En este
momento, la mujer que está en
España tiene el derecho de abortar.
Con la ley que quiere aprobar
Gallardón podrá abortar siempre
y cuando se cumplan una serie de
condiciones que no las fija ella, sino
que las fija un tercero”, enfatiza
Barambio.

Deuda de la que no se habla

La legislación actual reconoce la
interrupción del embarazo dentro
del sistema público de salud pero,
en la práctica, son las clínicas asociadas
a ACAI quienes garantizan
este servicio, tal y como se viene
realizando desde el año 1985, sólo
que antes pagaban las usuarias.
Según el presidente de ACAI, el
Gobierno les debe unos ocho millones
de euros entre todas las clínicas
del territorio español y, aunque
se dan particularidades en
función de cada comunidad autónoma,
“es muchísimo dinero para
este sector”, añade.

En la actualidad, el precio de
una interrupción voluntaria del
embarazo sencilla en una clínica
autorizada es de unos 345 euros.
Santiago Barambio asegura que
los detractores del aborto siempre
presentan a las clínicas como “una
especie de millonarios”, cuando
en realidad todos los servicios que
no ofrece la sanidad pública “son
carísimos menos el aborto, a pesar
de que tiene un nivel de exigencia
económica alto en cuanto a
instalaciones, equipos y profesionales”.

El presidente de ACAI reivindica
la profesionalidad de los
ginecólogos españoles, que cuentan
con “amplio reconocimiento
internacional, mientras que en
nuestro país no se nos respeta”.
Las clínicas temen que el
Ministerio de Sanidad excluya el
aborto de la cartera de servicios
sanitarios porque, si esto sucediera,
habría un retroceso y la propia
usuaria tendría que asumir de
nuevo el pago. En el caso de que
las propuestas de Alberto Ruiz
Gallardón se materialicen, será
muy difícil “el acceso legal” a la
interrupción voluntaria del embarazo
y “puede suceder que la capacidad
de atención sea tan baja
en volumen de mujeres que habrá
clínicas que no puedan sobrevivir”,
sentencia Barambio.

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comentarios

0

  • |
    montse
    |
    09/02/2013 - 9:24am
    Después de este gallardonazo podemos decir, por experiencia, que con Franco abortábamos mejor
  • Tienda El Salto