“Dadme mil millones de euros y dejaré
de exportar africanos”. Esta frase
supuestamente pronunciada por
Muammar al-Gadafi en la última
cumbre euro-africana de Lisboa, el 8
y 9 de diciembre, refleja a la perfección
la falta de pudor del líder libio
para recordar a la UE que controla
una de las grandes puertas de entrada
al continente.

Antiguo revolucionario antioccidental,
ex terrorista empeñado ahora
en cambiar su imagen y maestro
en la política del chantaje y la zanahoria
se sabe también líder de un país
rico en recursos sin explotar –petróleo
y uranio, por ejemplo– ante el
que todos hacen cola, ignorando las
continuas violaciones de derechos
humanos en su territorio. Libia es un
país rico, que sale del embargo necesitado
de inversiones que ponen los
dientes largos a muchos. Poco después
de que Gadafi aceptara pagar
un millón de euros a las familias de
cada una de las 170 víctimas del
atentado de 1989 a un avión francés,
en Níger, los mandatarios europeos
–Aznar, Blair, Berlusconi, Schröder,
Chirac– han ido desfilando por Trípoli,
todos compitiendo para ver
quién se llevaba los contratos más
jugosos a casa. Y como es su costumbre,
para cambiar su imagen y romper
el aislamiento internacional el líder
libio no duda en utilizar la migración
como chantaje y las inversiones
como señuelo.

Desde que en 2003 se levantaron
las sanciones contra Libia, Europa
no ha perdido un momento para asegurarse
el acceso al goloso pastel de
la explotación de sus recursos y la
modernización de sus infraestructuras.
Durante la visita del pasado diciembre,
Zapatero y Gadafi firmaron
un convenio de protección de inversiones
y dos más de cooperación
en materia de economía y defensa,
mientras los presidentes de Repsol,
Sacyr, Abengoa, Indra y otras empresas,
invitados todos a la cena oficial
en la Moncloa con el líder libio,
se frotaban las manos.

El control de la inmigración
Pero los planes europeos para el país
africano contemplan otro aspecto
primordial: la inmigración. La UE
está privilegiando un modelo de “externalización
de fronteras” que persigue
la interceptación de inmigrantes
fuera de su territorio, e incluye
patrullas conjuntas, centros de detención
en terceros países y expulsiones.
Hablando en plata: detener
al intruso en el jardín del vecino, encargándole
además a este último el
trabajo sucio para que la opinión pública
no desayune con las consecuencias
de su política: violaciones
incesantes de los derechos humanos
y más de 11.000 muertos llamando a
las puertas de la muralla europea en
los últimos diez años.
Y de trabajo sucio Libia sabe bastante.

En un informe de 139 páginas,
la Organización Human Rights
Watch denuncia y documenta las detenciones
arbitrarias de inmigrantes
sin garantías jurídicas ni reconocimiento
del derecho de asilo, los maltratos
y la violencia, así como las expulsiones
masivas a países donde corren
el riesgo de sufrir cárcel o tortura
como Eritrea o Somalia. Testimonios
que son repetidos por
muchos de los inmigrantes que desembarcan
en Sicilia. Según datos
del propio Gobierno libio comunicados
a la UE en 2007, 53.842 extranjeros
habían sido deportados durante
2006, año en el que también se habían
recuperado 380 cadáveres. Cómo
y dónde no se especificaba.
Mientras tanto Europa sigue buscando
acuerdos con el Gobierno libio
para el control de la inmigración.
A partir de este año policías italianos
y libios realizarán patrullas conjuntas
en el Mediterráneo y llevarán a
Libia a todos los inmigrantes interceptados
en sus aguas territoriales.

El Estado español también parece
perseguir un acuerdo similar y durante
la visita de Gadafi firmó con él
una declaración en la que ambos se
comprometían literalmente a “profundizar
la cooperación en la gestión
conjunta de los flujos migratorios y
en la lucha contra el tráfico de seres
humanos, en especial en el control
de sus fronteras marítimas”.
En opinión del escritor italiano
Gabriele del Grande, creador del
blog fortress-europe, donde recopila
los datos y la situación de las fronteras
europeas, “Europa lleva tiempo
trabajando con el país africano y sigue
haciendo como que no ve los
abusos del régimen libio, mientras
los tolera e incluso los financia”. Desde
hace años, la UE sostiene con fondos
Aeneas, un programa para la repatriación
asistida: paga por cada inmigrante
que decida volver “voluntariamente”
a su país de origen.

Cooperación militar

En 2003 Italia –punta de lanza de la
política comunitaria con el régimen
libio– ya firmó el primer acuerdo con
Trípoli, antes incluso del levantamiento
de las sanciones internacionales.
Berlusconi envió –según datos
de un informe de la propia UE de finales
de 2004– diverso material militar
para la lucha contra la emigración
que incluía vehículos todoterreno,
lanchas, autobuses, navegadores
satelitales e incluso 1.000 bolsas para
cadáveres. La antigua metrópoli
financió también la construcción de
un centro de “recepción” de inmigrantes
al norte del país y preveía la
construcción de otros dos más al sur:
Kufra y Sebba. Siempre según el
mismo informe, Italia financió incluso
todo un programa de 47 vuelos
charter entre agosto de 2003 y finales
de 2004. Pagó en definitiva la repatriación
de 5.688 extranjeros desde
Libia a sus países de origen, incluidos
55 sudaneses y 109 eritreos.

El Gobierno de Eritrea, además de
practicar la tortura y las detenciones
políticas, considera a cualquier ciudadano
posible recluta para el ejército.
Por eso, todo aquel que huye y es
devuelto al país es considerado desertor
y puede ser condenado a
muerte. En su informe de 2007 Amnistía
Internacional decía exactamente:
“Seguían detenidos varios solicitantes
de asilo que habían sido
devueltos de Malta en 2002 y de
Libia en 2003”.

Pero tampoco el Estado español
puede poner cara de buena persona.
Y eso que lo intenta. En los últimos
años, algunos pesqueros españoles
han recogido inmigrantes en las proximidades
de Libia. Al menos en dos
casos, el Corsico y Nuestra Señora
de Loreto han acabado desembarcando
a los inmigrantes en Trípoli,
haciendo caso omiso al derecho marítimo,
que obliga a desembarcar a
los náufragos en el puerto más próximo
pero seguro. Libia, país que no
ha firmado la Convención de Ginebra
de 1951 sobre protección de refugiados,
obviamente no lo es.

— -
A por un trozo del pastel

Los hidrocarburos son
el gran atractivo. Libia
tiene una producción
estimada de 1,65
millones de barriles diarios,
que espera
aumentar hasta los tres
millones en 2015, para
lo que tiene que atraer
unos 30.000 millones
de dólares en inversiones
y los operadores
europeos –Repsol YPF,
Eni, Shell o BP– están
ya en suelo libio. Para
Repsol, el norte de África
representa una de
sus áreas más rentables
y en Libia produce
unos 250.000 barriles
diarios. La defensa es
otro de los sectores
clave en los intereses
inversores europeos.
En su gira de diciembre,
Gadafi anunció en
París la adquisición de
diverso material. La
venta de armas por
parte de Francia ha generado
numerosas protestas
en el país galo,
al igual que lo ha
hecho la entrega a
Libia de un reactor
nuclear, supuestamente
para una planta desalinizadora.

Se trataría,
según Greenpeace, de
la compensación por
permitir que la empresa
pública Areva se hiciese
con la concesión de
la prospección de los
importantes recursos
de uranio libios. Por
otro lado, Gadafi anunció
un plan de inversiones
en infraestructuras
–50.000 millones de
euros– con el que sueñan
las multinacionales
españolas Sacyr, Navantia
o Indra. Esta última
ya tiene un contrato
de 48 millones para
modernizar el control
automático del tráfico
aéreo civil.