FACHADA. Langraitz fue un campo de concentración tras la Guerra Civil y transformada en cárcel tras sucesivas remodelaciones.

En septiembre de 2004, el entonces
director de la cárcel de Langraitz
(Nanclares de la Oca, Vitoria), Jesús Moreno, recomendó al
subdirector de Seguridad del centro,
un cargo de confianza con el
que mantiene una relación personal,
que se abstuviese de entrar en
el Módulo de Mujeres. Corrían rumores
de que este funcionario ofrecía
beneficios penitenciarios a las
presas a cambio de relaciones sexuales
y que las que se negaban
eran represaliadas. Mariano Merino,
ex guardia civil apodado El
Tuerto, desoyó la recomendación -no era una orden expresa- y volvió
a los módulos I y II por lo menos
en 33 ocasiones hasta abril de
2005. Pueden haber sido más porque
su presencia en estos módulos
no debiera ser considerada un hecho
extraordinario a registrar pero
algunas funcionarias comenzaron
a anotarlas, junto al nombre
de cada presa que visitaba, tras el
comienzo de los rumores. Algo debían
suponer puesto que ahora,
durante la instrucción del juicio
que se sigue contra Merino, algunas
de ellas, además de corroborar
las denuncias de las presas,
han tildado al ex subdirector de
“babosillo”. Y también han declarado
que su comportamiento afectaba
por igual a funcionarias y reclusas
en Langraitz, una cárcel de
560 celdas donde entre 700 y 800
personas viven bajo quejas de hacinamiento,
plagas de ratas o malas
condiciones higiénicas y de alimentación.
Sin embargo, aunque
Mariano Merino, tras varias denuncias,
es el único imputado por
delitos de coacciones económicas,
extorsión sexual, torturas, amenazas
e inducción al suicidio, hombres
y mujeres presos hablan también
de otros funcionarios que siguen en
sus puestos y que, según ellos, les
han pegado palizas, agredido sexualmente
o amenazado.

El sumario, que ha sido dividido
en dos partes diferenciadas para
tratar las denuncias de los módulos
de hombres y mujeres, está
alumbrando, débil e intermitentemente,
el interior de los patios y
txabolos (celdas) de una cárcel cuyas
condiciones según la organización
de apoyo a personas presas,
Salhaketa Bizkaia “podrían
equipararse a las de cualquier cárcel
media del estado”. Luces sobre
unas estructuras penitenciarias
que amparan, según este mismo
colectivo, “la impunidad de la que
nacen las situaciones de abuso que
sufren las presas y presos”.
Luces también sobre la situación
de trece mujeres -podrían ser
más pero son los casos en los que
coinciden funcionarias y reclusas-
que en algunos casos habrían
aceptado, supuestamente, el chantaje
sexual; otras que por rechazarlo
habrían sido amenazadas,
(“me llama y me dice que me porte
bien con él que si no mandaba a
mi marido a 1º Grado”); una posible
violación y la fuga de una presa
que, según declaran, no podía
aguantar más las presiones. Todo
un cuadro relatado por funcionarias
y reclusas (el testimonio de éstas
validado por psicólogos), anotado
en los cuadernos de incidencias
de la propia prisión... y que no fue
detectado por Instituciones Penitenciarias
en un informe de febrero
de 2005, meses después de que
comenzasen los rumores y poco
antes de que una presa presentara
la primera denuncia judicial.

“Empieza por el cuello...”

Miguel Penido, preso en Langraitz,
puede que esté, en estos
momentos, comenzando una nueva
huelga de hambre y sed. En esta
ocasión no para protestar por
las supuestas amenazas y represalias
sufridas tras denunciar a
Mariano Merino por coacciones
económicas e inducción al suicidio
(“Recuerda a los ahorcados. Es
muy fácil colgarte o asfixiarte:
dentro del artículo 72 quedas enteramente
en nuestras manos”) sino
en solidaridad con Francisco
M.O., que fue encontrado solo,
colgado de una sábana, el 11 de
marzo en Nanclares. Francisco,
además de apoyar los testimonios
de sus compañeras presas, había
denunciado torturas y una agresión
sexual por parte de cinco funcionarios.

Es una de las nueve personas
que según Salhaketa han
muerto en el centro desde 2004 (15
si se tiene en cuenta los fallecimientos
de personas recién excarceladas),
seis de ellas por suicidio.
Salhaketa Bizkaia cuestiona algunos
suicidios: “no es que digamos
que entran los funcionarios a las
celdas y les cuelgan, pero sí que se
les presiona de tal modo que se puede
decir que no son suicidios voluntarios
sino inducidos”. El propio
Francisco, en una carta-denuncia al
Juzgado de Vitoria en septiembre
del 2005, lo relataba: “cogen a un
interno que esté un poco deprimido
y empiezan los malos tratos psicológicos,
luego pasan a los físicos,
más tarde empiezan las vejaciones
y demás faltas de respeto y humillaciones.
Más tarde te empiezan a
convencer de que eres la oveja negra
de la familia, de la sociedad...
Cuando te tienen hundido, que te
ven derrotado, llorando y arrepentido,
te dan soluciones y la que más
te dan es que te suicides... Te dan
un cúter, como me dieron a mí...”
con estas palabras que nunca olvidaré:
“empieza por el cuello que
acabas antes” [Para leer la carta,
ver DIAGONAL nº 27].

Ante las denuncias, la posterior
y reciente dimisión de Mariano
Merino, y el alto número de muertes,
Instituciones Penitenciarias
puso en marcha un “Plan de
Choque” para Langraitz. Un plan
que, según Salhaketa, ha consistido
en unas charlas de formación
de ocho horas a los presos de
“acompañamiento”. Esta nueva figura
creada por Instituciones
Penitenciarias para la prevención
de suicidios agrupa a presos que
están, durante las 24 horas, con
los reclusos a los que se considera
susceptibles de quitarse la vida.
Desde entonces, en Langraitz un
preso ha muerto y ha habido cuatro
intentos de suicidio.