Los indultos a mossos y ‘condenados de cuello blanco’ abren el debate
Fuerte polémica por el uso arbitrario del ‘derecho de gracia’

Juristas de diversos ámbitos manifiestan la necesidad de reformar la figura del indulto para evitar una discrecionalidad favorable a los círculos de poder.

, Redacción Cantabria
18/12/12 · 16:08
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EN EL PUNTO DE MIRA. Las actuaciones de los Mossos son motivo de una gran polémica. En la imagen, detención el 14 de noviembre en Barcelona. / Xose Quiroga

Un vistazo indignado al BOE, para comprobar a quiénes se otorgan indultos, puede darnos una idea desajustada de la realidad. Aunque la retahíla de Reales Decretos con una muy escasa información puede producir la sensación de que se conceden sobre todo a personas condenadas por delitos contra la salud pública –menudeo y tenencia de drogas o pequeños robos con fuerza son mayoría en términos absolutos–, la realidad es que los delitos que más obtienen esta “gracia” en relación al número total de condenados de cada tipo son los delitos contra la Administración Pública, que suponen un 1,67% del total, según datos del estudio del período 2000-2008 publicado en enero del presente año por la Revista Española de Investigación Criminológica. Prevaricación, cohecho, fraude, etc., la corrupción no sólo resulta difícil de perseguir y condenar –las personas acusadas suelen disponer de excelentes abogados– sino que obtiene un alto porcentaje de indultos. 

Mientras es tolerada mayoritariamente en casos de toxicomanía semejantes al de David Reboredo –rehabilitado y actualmente en prisión por la venta de 0,2 gramos de heroína, a quien, paradójicamente, ya se le ha denegado dos veces la medida– de gente que cometió delitos muy atrás en el tiempo y ya está reinsertada, o de personas en situaciones irregulares como los manteros –de 700 condenados entre 2001 y 2010, año de la despenalización, sólo 70 fueron indultados–, en otros casos, desde los GAL a los mossos, de Gómez de Liaño al exconsejero del Santander Alfredo Sáenz, o los seis cargos públicos del PP y CIU, han desatado la reprobación generalizada y han puesto de manifiesto la necesidad de revisar las condiciones en que se concede el indulto
 
Indulto sí, pero no así
 
Que de las casi cuatro personas de cada mil condenadas que obtienen indulto sean los agentes de seguridad y los políticos o empresarios corruptos quienes disfruten estadísticamente de más probabilidades de obtención del derecho de gracia, tiene varias causas. “Muchas veces los mossos, los banqueros o los políticos cumplen mucho mejor el requisito formal que otros muchos condenados”, señala Hibai Arbide, abogado. Para solicitar un indulto es necesario poder demostrar que se está socialmente insertado y “determinada gente no sólo tiene más posibilidades para defenderse sino también a la hora de demostrar su grado de reinserción”, explica. Pero, además, como ha manifestado recientemente Jueces para la Democracia, “las medidas de gracia se están convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a sí mismo”. Su portavoz, Joaquim Bosch, subraya que “el hecho de que la ley no exija que los indultos tengan que estar motivados no significa que no deban estarlo, porque la Constitución prohibe la arbitrariedad de los poderes públicos”. Para este magistrado, que firmó un manifiesto junto con otros 200 jueces reprobando el reciente indulto a cuatro mossos, “tendría que reformarse de manera amplia la ley para que se explicara en qué supuestos se puede acordar un indulto y que, incluso, se excluyeran algunos delitos”. Además, considera conveniente “establecer mecanismos de control judicial de si ese indulto ha sido concedido en las circunstancias correctas”. La ley del indulto data de 1870 y fue modificada en 1988 –en plena investigación del GAL– sustituyéndose la necesidad de un “Decreto motivado” por un simple “Real Decreto”, lo cual implica que el Gobierno no tiene que dar cuenta de las razones para concederlo. 
 
Para el abogado Jaume Asens, “debería resituarse esta facultad excepcional en una Comisión mixta que podría estar integrada, entre otros, por uno de los miembros del tribunal sentenciador y un representante de una entidad independiente de Derechos Humanos”. A juicio de Asens, sólo una nueva regulación podría “poner coto a la constante injerencia legal del Ejecutivo en los otros poderes del Estado”. Por su parte, el Grupo de Estudios de Política Criminal, organización con 25 años de trayectoria formada por catedráticos y profesores de derecho penal y jueces y magistrados activos en los diversos niveles de la jurisdicción penal, señala la necesidad de “una nueva ley” en la que apuestan por más control jurisdiccional y se han comprometido a elaborar una propuesta: “Deberá prever un régimen más determinado del indulto, requerir una motivación individualizada de las concesiones y denegaciones de la gracia, y posibilitar algún tipo de control jurisdiccional”, explica José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal y miembro de la junta directiva.
 
Más protagonismo popular
 
El grupo parlamentario Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley para excluir del indulto determinados delitos, para exigir que las concesiones sean motivadas y que, en los casos en los que exista un informe desfavorable del tribunal sentenciador, el Gobierno someta la petición a una comisión mixta parlamentaria, compuesta por representantes del Congreso, del Senado y del Consejo General del Poder Judicial, para que emita un informe vinculante para el Ejecutivo. Según explica su asesor jurídico, Enrique López, se trata de que “puedan contrapesarse distintos poderes” aunque insiste en que la iniciativa “no pretende dar las fórmulas” sino “abrir una reflexión que incluya qué materias deberían estar excluidas: delitos económicos, estafas, torturas, etc”. López destaca el valor del indulto “para el trabajo de intervención social, de reinserción y en el trabajo que se está haciendo en los barrios con colectivos desfavorecidos”. El grupo parlamentario exige, asimismo, que haya más transparencia en la comunicación de las circunstancias de las concesiones. 
 
En línea con la propuesta de Asens de incluir a la sociedad civil en la concesión de un derecho de gracia que, considera, debería estar en su mano, Inés Herreros, fiscal de Las Palmas y miembro de la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos y Todas, considera que la propuesta de IU abunda en el circulo vicioso actual pues “si queremos acotar los círculos de poder, no vamos a seguir metiendo personas que están en ese círculo de poder”. Por ello, propone que en el control de los indultos participen “comisiones ciudadanas, a lo mejor no con un carácter vinculante pero sí de transparencia y consultivo”. Para Herreros “el indulto puede tener un importante valor democrático si se regula como una medida fruto de la generosidad del pueblo, del que recordemos emana la justicia”.
 

El indulto a los Mossos: La excepción hecha regla

Si los “condenados de cuello blanco” tienen un alto porcentaje de indultos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no parecen irles a la zaga. Según el recuento realizado por la fundación Euskal Memoria, de 62 agentes condenados por torturar a ciudadanos vascos, 36 fueron luego indultados. De otros no se sabe si llegaron a cumplir la condena, puesto que en más de un caso se ha comprobado que funcionarios que debían estar inhabilitados seguían trabajando en otro puesto o incluso habían sido ascendidos. “La mayoría de denuncias de malos tratos policiales se enfrentan a toda una carrera de obstáculos y a resistencias de todo tipo. Tan es así que sólo un 1% de los casos llegan a juicio y, si llegan, suelen terminar en absolución por la imposible identificación de los responsables”, señala el abogado catalán Jaume Asens, quien recuerda, asimismo, que el Estado español es el cuarto del mundo con más condenas por violaciones del pacto de derechos civiles y políticos y uno de los pocos condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de respuesta en un caso de torturas. “Lo grave es que, en los pocos casos que hay condenas, es una práctica habitual que la impunidad se produzca por vía de un indulto”, señala. La denuncia de las torturas en España ha sido documentada abundantemente por Amnistía Internacional o en los informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la tortura, contexto en el que resulta aún más preocupante que 200 jueces reconozcan, a propósito de su indulto, un “uso grosero y desviado de la institución”. Los cuatro mossos son sólo la punta del iceberg. 

Tags relacionados: Mossos d’Esquadra
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comentarios

1

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    06/01/2013 - 11:40am
    Una reflexión sobre la propuesta que hace Ines Herreros de la "Plataforma ciudadana justicia de todos y todas". Esto es muy bonito, pero la realidad es que la mayoría social que forma parte de "todos y todas" tiene un +os valores conservadores muy fuerte, más que el propio poder.. Por ejemplo fue un tribunal popular compuesto por una parte de "todos y todas" las que exculparon a Camps. Esto de pedir la voluntad popular es muy bonito, pero a la vez muy peligroso que esto se desarrolle en una sociedad conservadora y reaccionaria como la actual ¿Qué tipo de constitución redactaría esta sociedad? posiblemente una mayoría negaría el propio derecho de autonomía de ciertos territorios.