Juristas de diversos ámbitos manifiestan la necesidad de reformar la figura del indulto para evitar una discrecionalidad favorable a los círculos de poder.

Un vistazo indignado al BOE, para comprobar a quiénes se otorgan indultos, puede darnos una idea desajustada de la realidad. Aunque la retahíla de Reales Decretos con una muy escasa información puede producir la sensación de que se conceden sobre todo a personas condenadas por delitos contra la salud pública –menudeo y tenencia de drogas o pequeños robos con fuerza son mayoría en términos absolutos–, la realidad es que los delitos que más obtienen esta “gracia” en relación al número total de condenados de cada tipo son los delitos contra la Administración Pública, que suponen un 1,67% del total, según datos del estudio del período 2000-2008 publicado en enero del presente año por la Revista Española de Investigación Criminológica. Prevaricación, cohecho, fraude, etc., la corrupción no sólo resulta difícil de perseguir y condenar –las personas acusadas suelen disponer de excelentes abogados– sino que obtiene un alto porcentaje de indultos.
El indulto a los Mossos: La excepción hecha regla
Si los “condenados de cuello blanco” tienen un alto porcentaje de indultos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no parecen irles a la zaga. Según el recuento realizado por la fundación Euskal Memoria, de 62 agentes condenados por torturar a ciudadanos vascos, 36 fueron luego indultados. De otros no se sabe si llegaron a cumplir la condena, puesto que en más de un caso se ha comprobado que funcionarios que debían estar inhabilitados seguían trabajando en otro puesto o incluso habían sido ascendidos. “La mayoría de denuncias de malos tratos policiales se enfrentan a toda una carrera de obstáculos y a resistencias de todo tipo. Tan es así que sólo un 1% de los casos llegan a juicio y, si llegan, suelen terminar en absolución por la imposible identificación de los responsables”, señala el abogado catalán Jaume Asens, quien recuerda, asimismo, que el Estado español es el cuarto del mundo con más condenas por violaciones del pacto de derechos civiles y políticos y uno de los pocos condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de respuesta en un caso de torturas. “Lo grave es que, en los pocos casos que hay condenas, es una práctica habitual que la impunidad se produzca por vía de un indulto”, señala. La denuncia de las torturas en España ha sido documentada abundantemente por Amnistía Internacional o en los informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la tortura, contexto en el que resulta aún más preocupante que 200 jueces reconozcan, a propósito de su indulto, un “uso grosero y desviado de la institución”. Los cuatro mossos son sólo la punta del iceberg.
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