POLÍTICAS // DOS DECRETOS MODIFICAN LAS CONDICIONES DE ACCESO
Francia silencia las críticas a sus centros de internamiento

Las recientes reformas del Gobierno francés en el sistema de asesoramiento jurídico a los
‘sin papeles’ en los Centros de Retención son considerados como un recorte de los derechos
de los inmigrantes y un intento de acallar las denuncias contra los abusos.

17/10/08 · 1:02
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OCHO ÁREAS. El ámbito de actuación ha sido parcelado por lo que “se impide el apoyo real a nivel estatal”, según Damiens.

Acabar en un Centro de Internamiento
de Extranjeros (CRA, por
sus siglas en francés), es la antesala
de la expulsión para los ‘sin papeles’.

Por eso los 22 CRA que hay en
Francia son la piedra angular de las
políticas de persecución de los inmigrantes
indocumentados. Son
también un quebradero de cabeza
para el Gobierno, sobre todo ahora
que está marcando las grandes líneas
de la política europea al respecto.

Además de las constantes
protestas de las personas encerradas
en ellos (este verano, han provocado
incendios en dos de ellos),
los CRA son regularmente denunciados
como lugares donde se violan
los derechos humanos. Uno de
sus ‘flagelos’ es la Cimade, histórico
servicio ecuménico de ayuda a
los refugiados e inmigrantes, la única
organización autorizada para
entrar y defender los derechos de
los encerrados en los CRA, desde el
interior de los mismos.

Aprovechando la próxima renovación
del convenio con la Cimade
para su labor de asesoramiento, el
Gobierno publicaba el 22 de agosto
por un lado un decreto redefiniendo
las condiciones de esta atención
dentro de los CRA y, por otro, un
nuevo pliego de condiciones para
quienes optaran a dicha labor. Ambos
textos redefinen las posibilidades
de defensa de sus derechos por
parte de los extranjeros así como la
actividad y papel de las asociaciones
que les asesoran. Por un lado
esta tarea puede ser realizada por
cualquier “persona jurídica” (empresas,
entidades semipúblicas,
etc.) y ya no tiene por objetivo
“ayudar a ejercer” los derechos, sino
“informar con vistas a que se
puedan ejercer los derechos”. “Esto
es un cambio muy importante, se
transforma una labor de ayuda jurídica
directa en un mero suministro
de información. ¿Cómo podrían,
en estas condiciones, ejercer realmente
sus derechos personas que
a veces no hablan francés?” explica
Damien Mantes, de la Cimade.
Además el nuevo pliego de condiciones
obliga a la “neutralidad” y
“confidencialidad”, impidiendo la
difusión de cualquier información.
Así mismo, el ámbito de actuación
ha sido parcelado y el conjunto de
los CRA queda dividido en ocho
áreas geográficas, por lo que, según
Damiens, “se impide de hecho
todo apoyo real a nivel estatal, ya
que imposibilita el seguimiento de
un interno si pasa por diferentes
centros”. Y, remacha: “Suprime toda
posibilidad de una visión global
del dispositivo de expulsión, imposibilitando
el desarrollo de un
contrapeso y una intervención ante
los poderes públicos y la administración”.
La restricción de las posibilidades
de tener información y de
criticar tanto lo que sucede en los
CRA como la forma en que se realizan
las expulsiones ha sido denunciada
por más de 20 asociaciones
que, el pasado 24 de septiembre, se
reunían para mostrar su inquietud
ante “el golpe bajo” del ministro de
Inmigración. Esta voz crítica puede
verse abocada a dar por terminada
su presencia en los CRA.

“Esta voluntad manifiesta de fragilizar
el ejercicio de los derechos
de los extranjeros y de reducir las
asociaciones a un rol silencioso de
mero proveedor de servicios se inscribe
en una evolución profunda
del mecanismo de expulsión de los
extranjeros”, explica Damiens. Y
es que la Cimade lleva tiempo denunciando
que la retención administrativa,
es decir, el encierro en
los CRA sin haber cometido delito
alguno, instaurada en Francia en
1995 por un periodo de cinco días,
ha sido reformada en 2003 “industrializándose”
con el aumento considerable
del tiempo de detención
(32 días) y el número y capacidad
de los CRA. “La Directiva de Retorno
viene a profundizar y rematar
esta transformación”, aclara Damiens.

“Se está esbozando un dispositivo
de centros cerrados en los
que serán ‘albergadas’ y ‘retenidas’
todas las personas solicitantes de
asilo y eventualmente todo solicitante
de un permiso de residencia.
Durante el tiempo que dure el examen
de la solicitud, esta persona
queda retenida”, afirma. “En caso
de rechazo es llevada directamente
al avión y expulsada. Estos dispositivos
ya existen de alguna manera
en Bélgica o Alemania. La Directiva
implica la asunción de este modelo,
al autorizar el encierro durante 18
meses. La privación de libertad es
entonces el mecanismo de gestión
de las solicitudes de residencia de
los migrantes”, concluye.

El 4 de octubre, tras una asamblea,
la Cimade rechazaba por inaceptables
las nuevas normas y solicitaba
al ministro de Inmigración
su modificación. Al cierre de esta
edición, todavía no ha tenido respuesta.
Por ahora, sólo una ONG
se ha presentado al concurso para
cubrir el servicio de asesoramiento
en las nuevas condiciones.

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OCHO ÁREAS. El ámbito de actuación ha sido parcelado por lo que ‚Äúse impide el apoyo real a nivel estatal‚Äù, según Damiens.
OCHO ÁREAS. El ámbito de actuación ha sido parcelado por lo que ‚Äúse impide el apoyo real a nivel estatal‚Äù, según Damiens.
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