BARCELONA // NUEVE JÓVENES SON ACUSADOS DE HABER HERIDO A UN POLICÍA MUNICIPAL
Los forenses arruinan la versión oficial del 4-F

Tras dos años de espera y cinco sesiones maratonianas de juicio, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona emitirá un veredicto en las próximas semanas sobre los ‘hechos del 4-F’, por los que se piden penas de hasta 11 años de cárcel.

24/01/08 · 0:00
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LOS PRESOS DEL ‘4-F’. De los nueve acusados, tres han permanecido dos años presos / Edu Bayer

Sin pruebas concluyentes, basado
únicamente en informes policiales y
con un rotundo desmentido de las tesis
de las acusaciones por parte de
prestigiosos forenses, el juicio finalizó
tal como empezó. Con Fiscalía,
Guardia Urbana y Ayuntamiento de
Barcelona solicitando penas de hasta
11 años de cárcel por considerar que
todos los jóvenes juzgados –los tres
encarcelados y seis detenidos más–
constituyeron “un grupo que atacó a
la policía”. Y con todas las defensas
demandando al tribunal la libre absolucióny una resolución ajustada a
Derecho basada en la ausencia de
pruebas inculpatorias.

En la madrugada del 4 de febrero
de 2006, un agente de la Guardia Urbana
de Barcelona resultó herido de
gravedad tras recibir el impacto de
un objeto frente a una casa abandonada
donde se realizaba una fiesta.
Posteriormente, nueve personas fueron
detenidas en el exterior y las calles
colindantes y maltratadas durante
su traslado y custodia. Tres de ellas
han permanecido encarceladas desde
entonces, reivindicando su inocencia
y las irregularidades que acumulaba
el proceso judicial. Sintomáticamente,
el 22 de enero –tan sólo
cuatro días después de finalizar el
juicio–, el tribunal decretó la libertad
de dos de ellos, aunque para el tercero
y único que permanece en la cárcel
pospuso la decisión sobre su situación
hasta el 31 de enero.

A través de los numerosos testimonios –vecinos, transeúntes golpeados,
videos, agentes, enfermeros y
detenidos– el juicio ha constatado
una realidad: el 4 de febrero fue una
noche de caos, nerviosismo e improvisación
policial. Parámetros que se
reprodujeron durante la instrucción
posterior: nula investigación, graves
deficiencias en los informes forenses,
limpieza inmediata del lugar del
suceso e impulso político y policial
para un castigo rápido y ejemplarizante
contra tres de los detenidos.

Informes viciados

A ello cabe sumar otras irregularidades
que se han dado durante el juicio.
A destacar, la escandalosa relación
y comunicación entre todos los
testigos policiales –hasta 17– antes y
después de declarar ante el tribunal,
que motivó la queja de todas las defensas.
Con todo, sólo un agente policial
imputó la agresión a uno de los
encarcelados, tras un insólito “reconoce
a la persona de en medio” indicado
por la fiscal. Ese policía afirmó
identificar en Rodrigo a la persona
que lanzó una piedra cuyo impactó
en la frente del municipal le hizo desplomarse,
dejándole gravemente herido.

Este testimonio clave fue rotundamente
desmentido por las más reconocidas
instancias de la medicina
legal y forense catalana, que negaron
toda base científica a la posibilidad
de que las graves lesiones sufridas
por el agente hubiesen podido
ser producidas por el lanzamiento de
una piedra con impacto frontal –el
nudo gordiano de toda la versión oficial–
el objeto tuvo que ser necesariamente
lanzado desde pisos superiores.
Fueron esas mismas voces
quienes hicieron añicos un informe
forense oficial viciado, evidenciando
que se realizó únicamente en base a
los informes policiales y sin explorar
en ningún momento al herido.
Quien contra pronóstico se volvió
a sumar al desmentido de la versión
oficial fue el actual ministro de Industria,
Joan Clos, y alcalde de Barcelona
cuando se produjeron los hechos.

El mismo día que arrancaba el
juicio, en una entrevista televisada,
recordó que la primera información
que le facilitaron fue que un policía
había sido herido por el impacto de
una maceta lanzada desde arriba.
A reforzar ese desarrollo exculpatorio
de los hechos han contribuido
sobremanera la cinta de un videoaficionado,
donde se visualiza el lanzamiento
de material desde balcones;
un informe de los Mossos d’Esquadra
que constata tejas arrancadas y
arrojadas desde los tejados; y los testimonios
de numerosos vecinos que
vieron lo sucedido.

El juicio ha levantado una amplia
expectación mediática, diplomática
y social. El embajador de Chile en el
Estado, los cónsules chileno y argentino
en Barcelona; las Madres de
Plaza de Mayo, Justicia i Pau, la
Comisión de Defensa del Colegio de
Abogados de Barcelona, entre otras
tantas entidades, se han personado
como observadores.
Los incidentes del 4 de febrero se
produjeron frente a una casa ocupada
que –cabe recordarlo– está
desvinculada del movimiento social
de okupaciones, y su responsable
ubicado en el ámbito de la confidencia
policial y ‘el trapicheo’,
factor sobre el que los investigadores
han pasado de puntillas. Un
agente municipal resultó gravemente
herido y con secuelas cerebrales
y ahora la amenaza de la
venganza corporativa se cierne sobre
los acusados. Entre la cautela y
la incógnita, familiares y amigos esperan
la resolución judicial.

Tags relacionados: Guardia Urbana de Barcelona
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