APOYO. Concentración en Madrid ante la
Embajada mexicana el 3 de abril / Juan Carlos Rojas

En la tarde del 6 de abril, en Tuxtla
Gutiérrez, capital del Estado de
Chiapas, ex presos y familiares de
presos decidían finalizar su acampada
de protesta para exigir justicia al
Gobierno estatal de Juan Sabines.

El plantón llevaba 14 días a la intemperie,
ante las puertas del palacio
gubernamental. “No es una derrota,
es sólo un cambio de estrategia de
lucha, debido al tremendo cansancio”,
expresaban al finalizar la asamblea
algunos de los asistentes.
Este plantón, en el que algunos días
han llegado a participar 200 personas,
tenía como símbolo 13 ataúdes
de cartón con la leyenda “Así nos
quiere el Gobierno”, en referencia al
trato que reciben muchos presos (la
mayoría indígena) en las cárceles de
Chiapas, adonde llegan por ser luchadores
sociales o por simpatizar
con el zapatismo. El Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas denuncia que multitud de
condenas se basan en delitos fabricados,
autoinculpaciones obtenidas
bajo tortura o con el único sustento
de testigos falsos.

Por todo ello comenzó una huelga
de hambre el indígena catequista
Zacario Hernández el pasado 12 de
febrero en el Centro de Readaptación
Social (Cereso) 14 de El Amate.
La secundaron otros presos de
ese mismo penal, agrupados en La
Voz de El Amate (adherentes a La
Otra Campaña zapatista) y del Cereso
17 y del Penal 5 de San Cristóbal
de las Casas. En total han sido 39
presos en ayuno total, que con su
protesta han logrado la liberación
de 145 personas recluidas en 11 cárceles
del Estado de Chiapas y están
a la espera de que se revise los casos
de otras personas presas. Además,
los más de 40 días de huelga de
hambre, interrumpida a petición del
obispo emérito de San Cristóbal de
las Casas, Samuel Ruiz, por temor a
secuelas irreparables en la salud o
incluso a la muerte de los presos,
han logrado movilizaciones de cientos
de personas y la solidaridad nacional
e internacional.

El fin de la huelga se produce en
medio de una creciente ola de apoyo:
ha sido difundido un pronunciamiento
público mundial respaldado
por organizaciones de una decena
de países y más de un centenar de
individuos y personalidades. “Expresamos
nuestro profundo rechazo
a la privación de la libertad de personas
mediante la ‘fabricación’ de delitos.
Estamos preocupados porque la
criminalización de los movimientos
sociales es una estrategia del Gobierno
mexicano para eliminar otras formas
de hacer política”, manifiestan.