Cerca de 50 policías, la mayoría de ellos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), antidisturbios, acordonaron el pasado jueves 16 de mayo la plaza de Lavapiés y entraron en varios establecimientos para detener a 19 personas migrantes.

Decenas de vecinos del barrio acudieron a la zona para echar a la Policía de Lavapiés. No es nada nuevo. El pasado año, el barrio ya fue escenario de varias redadas masivas contra los migrantes, un segmento de la población sobre el que la presión policial ha aumentado. “Aunque se ha dicho que se iban a dejar de hacer, las redadas no han cesado”, explica Mohamed Merabit, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, en relación a las declaraciones realizadas por la delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, en las que tachaba de “intolerables" las identificaciones por motivos étnicos y anunciaba que las erradicaría. “Buscan inmigrantes incluso dentro de cafeterías, dentro del metro, controlan a las mujeres que vuelven de trabajar en casas los fines de semana”, explica Merabit. Según afirma, “este año la confrontación con la Policía ha aumentado”.

Desde Delegación de Gobierno, el pasado mes de diciembre se presentó el Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapiés, un documento en el que se refleja el aumento de presencia policial ya implementado antes del pasado verano desde la Jefatura Superior de la Policía de Madrid y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana como “consecuencia de los incidentes protagonizados por grupos antisistema que dificultan las intervenciones policiales” y en el que se señala al 15M y los okupas como un “tipo de delincuencia”.

“La asociación de vecinos nos enteramos por los medios de comunicación de que la delegada de Gobierno iba a sacar un plan de seguridad y les llamamos para saber qué era eso”, explica Manuel Osuna, vicepresidente de la asociación de vecinos La Corrala y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que añade que después de un par de reuniones en las que no hubo acuerdos, meses después recibieron la sorpresa de que les convocaran para presentarles el plan. “Para nosotros es un documento que hay por ahí, nos lo presentaron en plan ‘esto es lo que hay’”.

Según explica Osuna, los datos de criminalidad que les han facilitado desde Delegación de Gobierno muestran cómo los casos de delincuencia en el barrio “han bajado bastante, pero desde hace unos cinco años. Por eso nos sorprendía mucho lo del Plan de Seguridad, no es algo que se necesite, según muestran sus propios datos”. En el mismo plan se explica cómo la tasa de delincuencia en Lavapiés no llega a la mitad de la tasa media del resto del distrito centro de Madrid y se hace una comparativa entre las detenciones realizadas en el primer cuatrimestre de 2012 y el segundo cuatrimestre, cuando el dispositivo policial ya estaba en vigor. El resultado: un leve aumento en las detenciones por robo con violencia e, incluso, un descenso de los arrestos relacionados con tráfico de drogas y otros delitos. Por el contrario, las detenciones relacionadas con infracciones de Extranjería aumentaron, pasando de poco más de 180 en el primer cuatrimestre a rondar las 210.

La fuerte presencia policial en Lavapiés no es nueva. Ya en 2010 se duplicó la presencia policial, con policías uniformados, de paisano, preventivos y de respuesta inmediata, y se instalaron 48 cámaras de videovigilancia entre Lavapiés y la calle Embajadores, lo que fue tachado de “absurdo” por La Corrala, sobre todo por el coste. “Esos 600.000 euros que costaron se podrían haber dedicado a ayuda social, colegios o comedores”, afirma Manuel Osuna, quien subraya que una de las principales demandas de la asociación es que se mantenga vivo el programa de rehabilitación de viviendas pero al mismo tiempo señala la política de gentrificación del Partido Popular en el barrio.

“Aquí lo quieren privatizar todo, la estrategia del futuro es más especulación y convertir Lavapiés en riqueza para los ricos, hacer negocio de este barrio”, opina por su parte Mohamed Merabit, quien afirma que en las dos últimas décadas el Gobierno ha desarrollado en Lavapiés “una política de expulsión de inmigrantes para dejar espacio libre al negocio y a la especulación”.

También enlazada a esta “política de privatización del espacio público” se presenta el ataque a los movimientos sociales, explica Óscar Martín, de la Asamblea de Lavapiés: “Una de las cosas que se intentan con el plan es vincular los problemas de convivencia del barrio con la actuación de movimientos sociales como el 15M y “los okupas”, con el ánimo de desprestigiarlos y criminalizarlos”. Frente a esto, la Asamblea de Lavapiés está organizando reuniones con colectivos, asociaciones y vecinos del barrio en las que buscar propuestas para contraatacar el Plan de Seguridad impuesto desde Delegación de Gobierno y encontrar maneras para solucionar desde la ciudadanía los problemas de Lavapiés.