Como muchos chicos franceses de 18 años, Clément Méric se había trasladado de ciudad después del bachillerato para ir a estudiar a París, concretamente en el Instituto de Ciencias Políticas, un centro público muy selectivo. Como muchos chicos de su edad, el interés de Clément por la política se había despertado en el instituto, con el movimiento estudiantil de 2010. Militaba en Solidaires, un sindicato de izquierdas minoritario en las universidades francesas. También en un grupo antifascista, en respuesta a su creciente preocupación ante la “normalización” y recrudecimiento de la extrema derecha.

El miércoles 5 de de junio, Méric y sus amigos estaban de compras en una tienda de ropa cercana a la estación de Saint-Lazare. A la salida esperaban media docena de neonazis de 20 a 30 años pertenecientes a las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias (JNR). Puñetazos y patadas llovieron sobre el grupo de chavales, propinados por unos skins habituados a los ataques callejeros. Fue entonces cuando uno de ellos asestó los golpes que resultarían mortales para Clément, según los testigos, haciendo uso de un puño americano de hierro. Esteban Morillo, neonazi de padre español y principal sospechoso arrestado al día siguiente, se defiende de haber querido matar a Méric.

Las autoridades galas, a través del presidente de la República, François Hollande; el ministro del Interior, Manuel Valls o el alcalde de París, Bertrand Delanöe, condenaron inmediatamente la agresión a Clément. Del lado del Gobierno, fue el primer ministro Jean-Marc Ayrault el que se mostró más firme al subrayar que “nuestra responsabilidad no se puede limitar a vigilar que esas ideas [de ultraderecha] no vayan prosperando y a encontrar las respuestas jurídicas y políticas para combatir todos estos movimientos racistas, antisemitas, homófobos”. El primer ministro también hizo público que había pedido al ministro del Interior y al de Justicia que “estudien todas las posibilidades que permitirán hacer añicos de forma democrática, basándose en el derecho, estos movimientos de inspiración fascista y nazi que hacen daño a la República”.

El ultraderechista Frente Nacio­nal de Marine Le Pen condenó el asesinato y trató de desvincularse completamente de los grupúsculos ultras. Sin embargo, estos grupos –las JNR también– siguen gravitando alrededor del FN, para el que pegan carteles o asumen participación en servicios de orden con frecuencia.

Racismo institucional

La UMP de Sarkozy, a través de su co-presidente Jean-François Copé, también condenó el asesinato, pero sin dejar de hacer un paralelo entre los grupos neonazis y los antifascistas, que clasificó como “violentos”, dejando de lado las diferencias notables en el campo ideológico, así como el resultado de sus acciones. No obstante, los hechos hablan por sí mismos: en los últimos 30 años, decenas de inmigrantes y franceses de origen extranjero, personas sin hogar, militantes de izquierdas o simples ciudadanos que se opusieron a una agresión acabaron muertos a manos de los ultras en Francia. En cambio, en todos estos años tan solo se produjo la muerte de un skin neonazi. Fue en 1994, cuando la policía cargó contra un desfile no autorizado.

Además de condenar la agresión, el Frente de Izquierda difundió la noticia la misma tarde de la tragedia y convocó manifestaciones en todo el país. Dentro de la coalición, mientras el Partido de la Izquierda llamaba a la disolución de los grupúsculos de ultra derecha, el PCF denunciaba como factores propicios para este tipo de hechos el clima reinante actualmente en Francia, desde la permisividad mediática con las ideas del Frente Nacional, los puentes tendidos desde la presidencia de Sarkozy entre la derecha tradicional y la extrema derecha, o la actuación del Gobier­no socialista que, mientras expulsa a los extranjeros –con o sin papeles, como en el caso de los rom– asumiendo con ello parte del discurso xenófobo, sigue sin resolver los problemas sociales y de empleo, zócalos en el desarrollo de la división, el odio y la barbarie ultra.