“¡Menudo peso nos quitamos de encima!”, exclama Florencio al recordar la extraña mañana del 3 de abril, cuando este ebanista en paro de 52 años acudió a los juzgados de plaza de Castilla en Madrid para enfrentarse a una posible sanción económica de hasta 4.000 euros. Le había denunciado la policía. Supuestamente, por haber “insultado” a unos agentes durante una manifestación. Pero sorprendentemente nadie fue al juzgado a defender la acusación. Y el juez decidió archivar el caso.  

"Es la primera vez que veo esto en los 13 años que llevo ejerciendo”, admite Erlantz ​Ibarrondo, abogado de los tres vecinos de Hortaleza acusados de insultos y desacato a la autoridad durante la Huelga General del pasado 14 de noviembre. Florencio, Mar y Carmen participaron aquel día en un pasacalles por el barrio que finalizó sin incidentes frente a la Junta Municipal de este distrito madrileño. Ese mismo día estaba prevista la celebración del pleno ordinario de Hortaleza. Los tres decidieron acudir, junto a otra veintena de manifestantes, como público a una sesión que apenas duró un cuarto de hora. 

Al inicio, varios vecinos reclamaron el aplazamiento del pleno por coincidir con la jornada de huelga, y tras unos minutos de discusión la concejala presidenta de Hortaleza, Almudena Maíllo (PP), acabaría por suspenderlo. Durante ese cruce dialéctico, Florencio, Mar y Carmen no abrieron la boca. A la salida, la Policía Nacional identificó a todos los asistentes, incluidos los periodistas. “Es sólo una formalidad”, dijo uno de los agentes.  

Tres meses después, llegaron las citaciones judiciales. Según el abogado de los acusados, “el relato de la policía hace hincapié en los incidentes del pleno, y hablan de insultos en el transcurso de la manifestación”. Insultos que sólo escucharon los policías, porque todos los testigos niegan cualquier tipo de incidente, incluidos varios vocales de los partidos políticos que participaron en el pleno. “No tiene ni pies ni cabeza. Si realmente les hubiéramos insultado, nos habrían detenido allí mismo”, reflexiona Florencio.  
 

Mar recuerda una manifestación bien distinta. “Yo fui con mis perros, empezamos en un colegio acompañados de niños. Después pasamos por un ambulatorio y salieron los médicos. Íbamos cantando, en un ambiente muy festivo. Ni siquiera me fijé en que había policías”. Pero asegura con resignación que no se sorprendió cuando recibió la notificación del juzgado. “Después de que se suspendiera el pleno, sabía que algo iban a hacer para represaliar a la gente que estuvimos allí. Y supongo que nos tocó a nosotros porque fuimos los que preguntamos a la policía la razón por la que nos identificaban”, explica esta activa vecina de la Asamblea Popular de Hortaleza.
 

A pesar de la cuestionable veracidad de la denuncia, el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid acabó celebrando la vista. Allí acudieron los acusados, pero no la acusación. En opinión de Erlantz Ibarrondo, la ausencia sin justificación de la policía no deja dudas. “Es que la denuncia era falsa o no las tenían todas consigo”, declara tajante el abogado. Incluso en la Jefatura Superior de Policía reconocen que se trata de un hecho insólito. “No es habitual”, admite un portavoz policial, “tenemos la obligación de personarnos, porque el juez nos puede sancionar”.
 

Sin embargo, la actitud de los jueces tiende a ser indulgente con la policía, y es difícil encontrar un caso de reprobación. “Es verdad que el poder judicial cuestiona poco la versiones policiales”, afirma Sara López, de la Comisión Legal Sol, habituada a lidiar con casos similares que casi siempre surgen de una denuncia falsa. “La palabra de un policía no vale más que la tuya”, explica esta abogada. “Pero de facto suele ser así, cuando acudes en calidad de imputado y hay un funcionario policíal, tienden a creer al policía. No tiene fundamento jurídico, pero forma parte de la costumbre”.
 

En el caso de estos tres vecinos de Hortaleza, “una vez que haya sentencia absolutoria, donde el juez dice que esto no sucedió”, aclaran desde Legal Sol, se podría denunciar a la policía por “falsificación de documento público” en referencia al atestado. En cualquier caso, se trata de un proceso “largo y costoso”, advierte Sara López, aunque los de Hortaleza no lo descartan. “Lo que no puede ser es que hagan falsas acusaciones con el perjuicio que causan”, denuncia Mar. “Hemos perdido el tiempo, gastado el dinero en un abogado, y eso no es normal”.