Desobediencia
Los escraches llegan a los tribunales de justicia

La PAH ha decidido cerrar su campaña de señalamiento a políticos, pero las consecuencias legales de los escraches siguen sobre la mesa.

, Redacción
21/06/13 · 7:56
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Escrache frente a la vivienda del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en Madrid.

“Me enteré del juicio porque en otra concentración el mismo mando me dijo ‘nos vemos en el juicio’”, explica G.M. Su proceso, celebrado el pasado 4 de junio y el primero relacionado con un escrache, fue por el señalamiento a Marcial Marín, diputado del Partido Popular, en la estación de Atocha en Madrid. La policía le pidió la documentación junto a otra de las manifestantes, pero les aseguró que no la llevaba encima ya que, como explica a DIAGONAL, así lo creía. Después de que la policía les llevara a la comisaría del distrito de Arganzuela, los llevaron de nuevo a Atocha, en cuya comisaría les identificaron y registraron. Su documento de identidad apareció al fondo de su mochila. Aunque en el atestado la policía le acusaba de desobediencia y de resistencia, finalmente en el juicio sólo se trató sobre la negativa a identificarse.

"Nosotros defendíamos que la orden de pedir la identificación no era legal porque la concentración, aunque no fuera comunicada, no constituye indicios de delito ni se dieron casos en los que ésta se pudiera disolver. El juez nos ha impedido desarrollar eso y se ha centrado todo en si se había negado o no a identificarse", explica el abogado de G.M.. El fiscal pidió para G.M. una multa de 80 euros por desobediencia y el juicio, en el que sólo dejaron declarar a un testigo de la defensa y no se permitió que se expusiera la prueba documental, quedó visto para sentencia.

El juicio a G.M. se producía pocos días después de que la Fiscalía recurriera el archivo de la causa por otro escrache, en esta ocasión el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “Fue la primera vez que se vio el ataque a la prensa”, relata Susana, una de las 28 personas imputadas, que relata cómo las identificaciones se produjeron cuando ya sólo quedaban en la zona un pequeño grupo, la mayoría de ellos de prensa. "Fueron directos a dos streamers -operadores de vídeo en directo-, yo me puse a grabar cómo les identificaban y les pregunté por qué lo hacían. En vez de responderme me pidieron a mí también la identificación". 

El titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Madrid archivó la causa por el escrache a Soraya Sáenz de Santamaría en base a que los manifestantes hacían “uso de su derecho de reunión y expresión”, pero la Fiscalía ha recurrido su archivo argumentando que hubo una "injustificada injerencia" en la intimidad de la vicepresidenta del Gobierno.

El escrache de Esteban González Pons en su domicilio de Valencia es otro cuyo proceso judicial está sobre la mesa. "El juzgado de Valencia no se ha pronunciado, así que seguramente lo han archivado", explica Ricardo Cano, abogado de la PAH Valencia, a DIAGONAL sobre la denuncia presentada a raíz del escrache por González Pons. Cano añade que su intención era citar a la propia policía porque "es que no pasó nada". A la denuncia del diputado valenciano le siguió el anuncio de una querella por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Valencia contra éste por injurias. El pasado miércoles 18 de junio estaba previsto un acto de conciliación entre González Pons y los miembros de la PAH valenciana, pero el diputado popular no se presentó.

En Zaragoza, otros cinco personas, relacionadas con la Marea Verde de Zaragoza, se enfrentan también a un juicio relacionado con un supuesto escrache que consistió en la construcción de un "árbol de tupperwares" en protesta por los recortes en las becas de comedor que tuvo lugar cerca de la casa de la consejera de Educación de Aragón, María Dolores Serrat.  “Ni siquiera era un escrache, no sabían dónde estaba el domicilio de la consejera. Muchos de los policías han declarado que tampoco sabían que vivía allí”, explica Eduardo Miñana, abogado de uno de los cinco imputados, que explica que han presentado el archivo de la causa por el escrache a Soraya Sáenz de Santamaría como prueba documental para pedir también el archivo de esta causa. Actualmente, el caso se ha convertido en una causa de faltas llevada por la Audiencia Provincial, pero la fiscal ha presentado un recurso para que se considere delito de atentado y, entodo caso, coacciones.

También en Zaragoza, 51 personas se enfrentan a multas que suman 11.500 euros por el escrache al diputado Eloy Sánchez realizado el 9 de abril. "Entendemos que es un castigo colectivo. Antes multaban a una o dos personas, que eran las que hacían de interlocutores con la policía. Ahora nos ha llegado a las 51 personas identificadas, con independencia de si sólo pasaban por allí", explica Pablo Hijar, portavoz de la plataforma Stop Desahucios en Zaragoza. Ahora están en esperando la respuestas a las alegaciones hechas individualmente a las multas, y después irán a la vía del contencioso administrativo. "Nuestra intención es ir hasta el final agotando todas las vías", explica Híjar. Mientras, han lanzado una campaña de financiación, una caja de resistencia común con otros colectivos de la ciudad. Desde la Comisión de Derechos Civiles del 15M en la localidad también van a lanzar una campaña de crowdfunding para financiar el pago de las multas. "Vamos a utilizar esto para volver a poner el foco en nuestras reivindicaciones", concluye Híjar.

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