CORRUPCIÓN: IMPLICADA LA CÚPULA POLICIAL
Escándalo de narcopolítica en Guatemala

El reciente asesinato de tres parlamentarios salvadoreños
ha sacado a la luz las implicaciones de la Policía
guatemalteca en los escuadrones de la muerte y las vinculaciones
de la política y las fuerzas de seguridad con
el narcotráfico. El escándalo ha provocado la caída de
toda la cúpula del Ministerio de Gobernación (Interior)
de Guatemala. Los regímenes establecidos en Centroamérica
hace 15 años tras los procesos de paz entre guerrillas
y gobiernos quedan en entredicho.

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¿SICARIO? Arriba uno de los cuatro policías de la División de Investigación Criminal (DINC) guatemalteca detenidos por su
implicación en el asesinato de los parlamentarios. Abajo el Toyota 4x4 en el que viajaban los políticos salvadoreños./ Edu Ponces / RUIDO

Con la dimisión de Carlos Vielmann,
ministro de Gobernación y uno de
los hombres fuertes del Gobierno de
Óscar Berger en Guatemala, culmina
la caída de la plana mayor responsable
de la ‘seguridad’ en este país
centroamericano.

El 26 de marzo y a pesar de sus retiradas
negativas, el presidente Berger,
obligado por el Congreso Nacional,
aceptó la renuncia de su ministro
de Gobernación, a la vez que la
de Erwin Sperisen, director de la
Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.

Estas dimisiones fueron precedidas,
el 2 de marzo, por las de
Víctor Hugo Soto y Javier Figueroa
Díez, subdirector y director de la
División de Investigación Criminal
(DINC). Este último salió del país al
día siguiente con destino a Costa
Rica, y ahora se especula con que
pueda encontrarse escondido en
Venezuela. La Interpol acaba de lanzar
una orden de búsqueda.

Un viaje sin retorno

El pasado 19 de febrero, tres diputados
salvadoreños del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) y su
chófer fueron asesinados en Guatemala,
país en el que se encontraban
para asistir a una reunión de ese organismo
regional.

Tanto el coche como los cuerpos
tiroteados y calcinados de los parlamentarios
Eduardo D’Aubuisson,
José Ramón González y William
Rissiety Pichinte, todos del partido
Alianza República Nacionalista
(ARENA), y de su chófer -el agente
de seguridad Gerardo Napoleón
Ramírez-, fueron hallados en la finca
Las Conchas, en la aldea El
Jocotillo, a 36 kilómetros de la capital,
Ciudad de Guatemala. Habían salido
de El Salvador formando parte
de una caravana de seis vehículos
oficiales cuya custodia aseguró la
PNC de El Salvador hasta la frontera,
donde fue relevada por la PNC de
Guatemala. En el caso del vehículo
siniestrado, las patrullas lo escoltaron
hasta Vista Hermosa, zona 15 de
Ciudad de Guatemala, donde los propios
parlamentarios pidieron que los
dejaran solos, pues no se dirigían directamente
al hotel. Entre ese momento
y sus muertes transcurrieron
más de tres horas, según fuentes de
la investigación policial.

Los asesinatos coincidieron con el
15º aniversario de la muerte del mayor
Roberto D’Aubuisson, fundador
de ARENA, organizador de los escuadrones
de la muerte en El Salvador
y padre de uno de los parlamentarios
asesinatos. El presidente de El
Salvador, Elías Antonio Saca, también
de ARENA, declaraba públicamente
que el asesinato había sido
“premeditado y planificado por personas
que no quieren la libertad”, y
aseguraba que “no vamos a permitir
que irresponsables comunistas lleguen
al poder”, en clara alusión al
Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN), antigua guerrilla
y principal partido de la oposición.

Tan sólo tres días después de los
asesinatos, en un acto que pretendía
demostrar la eficacia de las autoridades
de Guatemala, éstas anunciaban
la captura de cuatro policías en el
marco de la investigación. Los detenidos
eran tres oficiales y el jefe de la
sección contra el Crimen Organizado
de la DINC, Luis Arturo Herrera López.

Según el ministro de Gobernación
de Guatemala, los agentes
capturados pertenecían a una red de
crimen organizado que funciona
dentro de la PNC. Los detenidos habían
sido rastreados hasta el lugar
del crimen con un GPS, sistema adaptado
en las patrullas policiales,
que permitió determinar la posición
de su vehículo en el día y la hora de
los asesinatos. Además de las cuatro
detenciones, fueron cursadas otras
tres órdenes de captura contra subinspectores
de la DINC.

Las pesquisas que se han ido llevando
paralelamente desde la DINC
guatemalteca, la PNC de El Salvador
y el FBI de los EE UU -invitado por
ambas policías para dirigir la investigación-,
recogen que un testigo ocular
vio cómo frente al centro comercial
de la zona 10 de Guatemala el
coche era abordado y dos parlamentarios
eran introducidos en el vehículo
de unos policías.

“Un tumbe de drogas”

Según relataron los policías detenidos,
los llevaron a una casa de seguridad,
donde los diputados fueron
torturados durante más de dos horas,
para luego ser ejecutados en la
finca La Concha. Los policías declararon
que fueron contratados por un
grupo de narcotraficantes de Jalpatagua,
en el departamento de Jutiapa
(fronterizo con El Salvador), y que
éstos tenían vínculos con grupos salvadoreños.
Sus instrucciones eran
interceptar el auto y robar el cargamento
(droga o dinero), valorado en
cinco millones de dólares. Según la
bitácora de llamadas telefónicas, uno
de los agentes capturados se comunicó
en varias ocasiones con El Salvador
durante y después del crimen.

Los vehículos de los parlamentarios
salvadoreños no son registrados en
la frontera, lo que representaba un
sistema seguro para pasar droga. En
el vehículo siniestrado, un Toyota
4x4 propiedad de Pichinte, había
destrozos importantes en los asientos
y el motor había sido desmontado
para buscar “supuestamente” un
alijo de drogas o de dinero. Las fuentes
de la investigación en Guatemala
no aclararon si los policías la habían
encontrado o no.

Desde ese momento la versión de
las autoridades salvadoreños cambió:
el asesinato ya no era tan premeditado;
los diputados habían sido
confundidos con unos colombianos,
que era a quienes querían matar.
Tanto Saca como Rodrigo Ávila, director
de la PNC salvadoreña, mantienen
incansablemente la tesis de
que los diputados no estaban involucrados
en actos ilícitos. Sin embargo,
el periódico Siglo XXI de Guatemala
aseguró que las autoridades locales
habían pedido un informe sobre el
diputado William Pichinte, por supuesta
relación con el narcotráfico.
Este diario resaltó que en el Ministerio
de Gobernación existe un informe
que relaciona al diputado salvadoreño
con el tráfico de estupefacientes.

También destacó el diario
que una de las conclusiones recogidas
en los apuntes de los investigadores
es que se “trató de un tumbe
de drogas” (robo de estupefacientes
entre narcos). El documento policial
recogía la extrañeza de las autoridades
guatemaltecas ante el hecho de
que los funcionarios policiales y ministeriales
de El Salvador hayan venido
específicamente “a aclarar que
no era droga” el motivo del crimen.

Asesinatos en la cárcel

En la tarde del 25 de febrero, los cuatro
policías detenidos que permanecían
encarcelados en el Centro Penal
de alta seguridad ‘El Boquerón’, en
Santa Rosa, a 65 km de la capital,
eran asesinados horas antes que se
sometieran a un prueba de polígrafo
por parte del FBI.

Según el relato de familiares de
los reos que visitaban el centro, al
mediodía un comando fuertemente
armado y vestido de civil entró violentamente,
agrediendo a los visitantes
y a los presos para luego sacarlos
al patio de la penitenciaría. Desde
allí, aproximadamente 20 minutos
después, se escucharon varios disparos.

Para llegar a la celda de los policías
tuvieron que cruzar nueve portones
de seguridad. Las autoridades
guatemaltecas negaron esta versión
y el todavía ministro Vielmann aseguró
que tras una reyerta en el interior
del centro, provocada por reclusos
pertenecientes a distintas “maras”,
los policías habían sido asesinados
por los mismos “mareros”.
Sin embargo, un día después se
confirmaba que el alcaide de la prisión
y otros cinco funcionarios del
presidio habían sido tomados como
rehenes durante varias horas por varios
reos. Los presos, testigos oculares
de los hechos, habían negociado
la garantía de su vida y la presencia
de los medios de comunicación para desvincularse de los asesinatos.

Días
después, Samuel Villalta, jefe de la
Fiscalía de Cuilapa, Santa Rosa, indicaba:
“Se conoce que un grupo de
personas ingresaron en forma violenta
en el penal, por la puerta principal,
con la complicidad del personal
de turno en ese centro carcelario,
y llegaron hasta donde estaban
los agentes de la PNC. Los mataron
utilizando armas de fuego de grueso
calibre y armas blancas”. Tras las
primeras pesquisas, se ordenó la
captura, por complicidad, de 22
guardias del Sistema Penitenciario
asignados a esa prisión, la del director
de esa cárcel y la del alcaide.

Dos días después se hacía pública
la entrega de uno de los policías prófugos,
el subinspector Marvin Contreras
Natarena, que confirmaba en
sus declaraciones las conexiones
narcopoliciales y lo afirmado por los
policías asesinados. Poco después,
la crisis institucional se agudizaba
aún más, cuando el general Otto
Pérez Molina, líder del Partido
Patriota, denunciaba judicialmente
la existencia de dos “escuadrones de
la muerte” que funcionan dentro de
la PNC de Guatemala dirigidos por
un venezolano llamado Víctor Rivera,
asesor de Gobernación, y por Javier
Figueroa, entonces subdirector
de la DINC. Lo paradójico es que
Molina ha sido vinculado a operativos
paramilitares.

Los autores intelectuales

El 20 de marzo eran detenidos cuatro
presuntos narcotraficantes que
operaban en el departamento de
Jutiapa, y a quienes las autoridades
guatemaltecas achacan la autoría
intelectual del asesinato de los diputados.

Los detenidos, Mario Lemus
Escobar alias ‘Yegua Arisca’, Estuardo
Lemus Escobar y Carlos Orellana
Donis, así como Linda Castillo
Orellana, quien, según las autoridades
es propietaria de un lujoso vehículo
que se encargó de hacer el seguimiento
de los diputados cuando
entraron en territorio guatemalteco,
fueron grabados por las cámaras de
video de un gasolinera comprando
el combustible con el que luego se
carbonizarían tanto los cuerpos como
el vehículo. Las autoridades guatemaltecas
consideran que con la detención
de los dos policías que aún
permanecen prófugos y la de
Wanner Adilcar Morales, identificado
por el vídeo de la gasolinera como
compañero de los narcos de
Jutiapa, el caso estaría cerrado.

Sin embargo, son muchas las voces
que no están de acuerdo. Según
Leonel Búcaro, legislador del FMLN
en el PARLACEN, el asesinato de los
diputados de ARENA es el resultado
de la actuación de grupos armados
clandestinos en Guatemala y, presumiblemente,
en El Salvador. Según
Lorena Peña, del mismo grupo, “no
pueden definir como autores intelectuales
del crimen a quienes compraron
la gasolina”.

Para la Procuradora para la Defensa
de los Derechos Humanos de
El Salvador, Beatrice de Carrillo, el
asesinato de los tres diputados “quedará
en la impunidad total”, debido
a que la “verdad” es una “bomba
atómica” para toda Centroamérica.
“Habrá una aparente persecución
del delito, que de antemano será sesgada.
No creo, en absoluto, que se
pueda llegar al fondo de esta situación
tan delicada. Creo que hay un
intento de los dos países por bajar el
interés y la atención del caso”.

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