4.000 FIRMAS. Recogidas para un manifiesto que se entregará en el Congreso.

DIAGONAL: ¿En qué consiste el
material que estáis difundiendo?

JULIÁN RIOS: Los escenarios jurídicos
es un documento de reflexión
jurídica para que los abogados puedan
conocer todos los argumentos
posibles en la defensa de las personas
que venden en la calle para sobrevivir.
Lo hemos distribuido por
los colegios de abogados y por los
canales informales de los que disponemos.
Cuanto más se difunda
mejor. La iniciativa viene de las personas
que lo firman. Si alguien quiere
apoyarlo o recibirlo, no tiene más
que contactar con nosotros (jrios@-
der.upcomillas.es).

D.: ¿Por qué habláis de “abuso del
derecho penal”?

J. R.: Las penas que establece el Código
Penal (CP) para este delito son
de seis meses a dos años de prisión
y multa de 6 a 12 meses. Es una indecencia
acudir al sistema más violento
que tiene la sociedad para dar
protección a la propiedad intelectual;
y, sobre todo, cuando la conducta
castigada es la venta, incluso
el mero ofrecimiento de los CD.
Cualquier persona con un mínimo
de sentido común y, por tanto, de
sensibilidad, no puede sostener ni
un argumento que permita afirmar
que el sufrimiento que genera la
cárcel es justo y proporcionado
esta conducta. Se aplica a la gente
más pobre, que ha transitado por situaciones
personales, sociales y jurídicas
que les han llevado al límite
de lo humano –pensemos en quienes
han llegado atravesando el desierto
o en la travesía por el mar,
que han sido encerrados 40 días en
los CIE, que están sin documentación
para sobrevivir, que en cualquier
momento pueden ser detenidos
por su estancia ilegal.

Es absolutamente indecente acudir
al derecho penal, a la aplicación
del sufrimiento institucional más
intenso; y quien lo hace, e incluso
quienes lo han promovido por intereses
económicos –entidades de
gestión de los derechos de autor,
SGAE, etc.– pierden su propia dignidad
porque colaboran en la destrucción
de la dignidad de otros
tantos seres humanos. ¿Se podrán
mirar a ellos mismos?
En el fondo de este problema se
encuentra la desigualdad estructural
que provocan las migraciones, y
que, en buena parte, son generadas
por las políticas económicas y comerciales
de los países que luego se
blindan frente a quien quiere sobrevivir.
El derecho penal es parte de
ese “blindaje”.

D.: Pero ahora la propiedad intelectual
está blindada... ¿Qué posibilidades
tiene esta iniciativa?

J.R.: Lo que pretendemos no es dejar
sin proteger la propiedad intelectual,
porque esto no sería admitido
por los políticos; pero sí es posible
con una sencilla modificación
técnica dejar fuera del Derecho penal
a ‘los manteros’. Hemos creado
una plataforma para modificar el
Código Penal. El Ministerio de Justicia
ha presentado un proyecto para
incorporar nuevos delitos e incrementar
las penas de otros. Es este el
momento que queremos aprovechar
para que se modifique el artículo
270 del Código. Hemos elaborado
una enmienda y hablado con
los portavoces de justicia de todos
los partidos políticos. Hemos tenido
buena acogida. Ahora queda convencer
al Gobierno y a su partido
para que no ceda ante la presión de
la SGAE, como ocurrió en 2003.

Hemos lanzado un manifiesto para
recoger firmas de apoyo y vamos a
presentarlo a finales de enero al
presidente del Congreso. Llevamos
recogidas unas 4.000. El período de
enmiendas comienza en febrero y
dura un mes. Por ello, durante estos
dos meses vamos a realizar iniciativas
y acciones destinadas a la sensibilización
social y política.