“Sé fehacientemente que se ha vulnerado mi derecho a la defensa por la falta de información que se ha producido”, explica Enric Durán mediante un escrito presentado el lunes 11 a la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde, de no producirse la suspensión, será juzgado mañana martes. Este mismo tribunal ya rechazaba el pasado viernes la petición de Durán de suspender su juicio penal por diferencias con su abogado, por entender que se trata de una estratagema para realizar un fraude de ley para que se produzca dicha suspensión. Durán lo ha negado rotundamente en el escrito presentado.

La acción que lleva a Durán ante los tribunales, con una petición de ocho años de cárcel, se hizo pública en septiembre del año 2008, cuando él mismo comunicó que había pedido varios créditos a 39 entidades bancarias –por las que consiguió 492.000 euros- para denunciar la estafa de los bancos a la hora de conceder créditos y crear dinero. El capital resultante fue invertido en los movimientos sociales, en parte en la publicación de Crisis, un boletín en el que se difundieron diversas alternativas de economía autogestionaria, y que supuso el germen de la Cooperativa Integral, proyecto que actualmente se ha replicado en diversos puntos del Estado además de su desarrollo en Catalunya, donde cuenta con más fuerte implantación.

Revocación del abogado

Durán fue informado de las fechas del juicio sólo tres semanas antes de la fecha de su celebración, pese a que fueron publicadas el 15 de octubre, y tampoco recibió el acta de respuesta a las pruebas que se habían presentado que había sido publicada el 4 de octubre pasado, lo que, considera, “implica que el proceso judicial ha seguido su curso sin yo saberlo”. Por todo ello, la pasada semana, a sugerencia del propio abogado, llevo a cabo la recusación -al tiempo que éste renunciaba-, y solicitó la suspensión, que no fue aceptada. 

El abogado revocado por Durán le informó de que fue un trabajador de su despacho el responsable de enviarle los autos, y que no podía comprobar si fueron enviados al sumarse la circunstancia de que esta persona  no trabaja ya allí y no disponen de copia guardada de los envíos.

Todas estas irregularidades hacen que se sienta en indefensión y dificultan la puesta en marcha de una campaña que le proporcione el apoyo social que considera necesario. Con todo, se ha puesto en marcha una recogida de firmas para solicitar la absolución del activista.   

Durán y su grupo de apoyo subrayan, a pesar de las dificultades, que el juicio es “una oportunidad para hacer visible la contraposición entre las instituciones corrompidas que están perdiendo sentido y las otras sociedades que la dignidad de los de abajo está haciendo realidad”. Han puesto en marcha un blog en el que se explica con detalle el proceso que le llevó a la acción de expropiación bancaria, y cómo se destinaron los fondos a la “construcción de otra sociedad”.

“Mientras la legitimidad de diversas instituciones del estado y de la banca es cada vez más cercana a cero, mientras cientos de cargos políticos y bancarios van saliendo airosos de sus imputaciones penales, la fiscalía y 14 entidades bancarias continúan adelante con una petición de 8 años de prisión para Enric Durán”, reza la nota enviada por el grupo de apoyo a los medios.