Las jornadas, organizadas por la
asociación riojana GYLDA, durante
los días 14 y 15 de abril, estuvieron
marcadas por algunas polémicas.
La propuesta de colectivos mayoritarios
y oficialistas de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales de
aprobación de un manifiesto de
apoyo a la próxima manifestación
europea del Orgullo en Madrid (ver
DIAGONAL nº 48) -en torno a valores
europeístas y de colaboración
con el empresariado- encontró el
rechazo de un sector crítico, que
anunció la convocatoria de un bloque
alternativo en dicha manifestación.
Finalmente el respaldo a la
Manifestación Europea del Orgullo
fue aprobado, aunque por otro lado,
se acordó implantar un código ético
en las relaciones del movimiento
LGTB con el ‘empresariado rosa’.
La oposición de grupos críticos como
LiberAcción, RQTR y Towanda
a las posturas progubernamentales,
representadas por el grupo LGTB
del PSOE y la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays y Transexuales
(FELGT), se volvió a evidenciar en
el rechazo de los primeros a impulsar
la campaña “No votes PP”, dirigida
a las minorías sexuales. Esta
campaña contraria a partidos que
votaron en contra de las equiparaciones
legales LGTB, no incluía el
rechazo a todos estos partidos, como
es el caso del PAR, con el que el
PSOE gobierna. Las críticas al Gobierno
por el incumplimiento electoral
en materia de transexualidad,
el debate sobre Cuba y Marruecos y
unas alusiones a la presencia de tropas
españolas en Afganistán, también
generaron agrios debates.

Muchas de estas diferencias imposibilitaron
acuerdos, si bien en
otros casos los y las delegadas pactaron
en algunas temas. Pese a los
enfrentamientos, fue la primera
ocasión en que grupos LGTB críticos
participaban en este tipo de encuentros,
por lo que asociaciones
de diverso signo político valoraron
favorablemente la “mayor pluralidad”
del encuentro.

El sector crítico planteó la denuncia
de casos de torturas o vejaciones
homofóbicas y transfóbicas
en las comisarías del Estado español.
La propuesta se refería explícitamente
a las torturas e insultos sufridos,
entre otros, por Martxelo
Otamendi, director del clausurado
diario Egunkaria, durante su detención
e interrogatorios en 2003.
El grupo LGTB del PSOE, entre
otros, intentó en primer lugar vetar
esta denuncia en su totalidad, y
posteriormente censurar la alusión
explícita a Otamendi, momento
descrito por algunos delegados como
“impositivo, además de contar
con el silencio de altos cargos de
IU”. La propuesta fue, tras duras
negociaciones, mayoritariamente
respaldada por las delegaciones,
sin embargo, la condena al trato
homofóbico en las comisarías españolas
“desapareció” en el comunicado
de prensa final publicado.