HEMEROTECA // ALGUNOS PRECEDENTES DEL CASO DE ALMERÍA
Documentadas numerosas muertes de detenidos

Entre 2001 y 2005 hay
80 casos documentados
de fallecimientos en
dependencias y
actuaciones policiales;
muchos de ellos se deben
a abusos de los agentes.

, Redacción
14/06/06 · 16:32
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Mientras ‘el caso Roquetas’ ocupaba
portadas, la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía
denunciaba la existencia de más
de mil denuncias por abusos policiales
en los últimos años en un
comunicado que no tuvo difusión
en los grandes medios de comunicación.
Según las informaciones
recogidas por organismos de defensa
de los derechos humanos-
como el Centro de Documentación
Contra la Tortura y la Asociación
Contra la Tortura (ACT)-
la violencia empleada por los
agentes de los diferentes cuerpos
de seguridad para “inmovilizar” o
“reducir” causa la muerte de numerosos
detenidos.

El ‘caso Roquetas’ ha sacado a
la luz pública un hecho parecido
que tuvo lugar en San Juan (Alicante)
hace seis años. Juan Martínez
Cano fue detenido por la
Guardia Civil de esta localidad
acusado de un delito menor y, tras
intentar huir, le propinaron una
paliza. Días más tarde era trasladado
al juzgado, donde se desmayó
y permaneció en coma hasta el
día de su muerte un año después.
Los familiares presentaron una
querella (a la que se sumó ACT el
27 de julio) contra ocho guardias
civiles, incluido el responsable del
cuartelillo. Aunque su trascendencia
pública modificó en un primer
momento la actitud de la
Asociación Unificada de la Guardia
Civil, que pareció decantarse
por esclarecer lo sucedido en
Roquetas, días después, ante la
presentación en los juzgados de
los escritos de acusación por la
muerte de Cano, lanzaba un comunicado
que negaba cualquier
irregularidad en la actuación de
los agentes en San Juan.

“Fuerte estrés psicofísico”

La muerte de Claudio L.P. en octubre
de 2004 en la localidad barcelonesa
de Santa Susana cuando
ocho mossos d’Esquadra procedían
a inmovilizarlo es otro de los casos
documentados. Según su mujer,
su marido -enfermo psiquiátrico-
sufría alucinaciones, por lo que
llamó al hospital de Mataró para
que acudiera a su domicilio un médico.
En su lugar llegaron tres coches
de policía y una ambulancia
sin médico cuyos sanitarios no podían
administrar tranquilizantes.
Claudio L. P. fue inmovilizado y esposado
y, tras gritar que se asfixiaba,
no se volvió a mover. El informe
de la autopsia indicó que la
muerte se produjo de forma natural
por insuficiencia cardiaca debida
a problemas de corazón, aunque
reconocía que el detonante fue
el “fuerte estrés psicofísico” al que
fue sometido. El pasado enero la
juez encargada de la investigación
decidio archivar el caso y la familia
ha recurrido.

Un tercer ejemplo que puede
indicar cómo podría evolucionar
el ‘caso de Roquetas’ es la muerte
de Jorge X. en 1994 tras ser detenido
por un robo menor en un
descampado cercano a la localidad
barcelonesa de Castellar del
Vallés. Los dos guardias civiles
responsables de su muerte fueron
absueltos en diciembre de 2002
de los delitos de asesinato, homicidio
y torturas, debido a que la
Audiencia consideró que “aún admitiendo
que el guardia civil que
le custodiaba le diera una patada
en la cabeza, no se puede tener
por probado que fuera la causa
que produjo” la muerte del detenido.
El Supremo, que dio por
buena esta decisión, estimó, sin
embargo, parte de los recursos de
la acusación particular y condenó
a los dos agentes por un delito de
lesiones a 15 días de arresto y al
pago de 360 euros de indemnización
a los herederos de Cano.

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