"ANÁLISIS // LA CONTRADICTORIA RELACIÓN ENTRE LAS MINORÍAS SEXUALES Y EL ""SOCIALISMO DEL SIGLO XXI"""
El doble rasero europeo

La realidad es descontextualizada para extender la percepción
de que los nuevos gobiernos progresistas latinoamericanos
mantienen posturas hostiles a las demandas LGTB.

19/03/09 · 11:54
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QUITO. Marcha del Orgullo 2008.

La cobertura de los medios de
comunicación internacionales
sobre las elecciones y los
refrendos constitucionales
en Venezuela, Bolivia o Ecuador,
rara vez recoge el agresivo argumentario
homofóbico esgrimido por la
derecha, las oligarquías locales y las
jerarquías católica y evangélica, con
el apoyo de empresas y gobiernos
extranjeros. Las fuerzas de oposición
de los tres países citados aplican en
toda cita ante las urnas un idéntico
esquema de demagogia, consistente
en usar el rechazo hacia las minorías
sexuales para horadar el apoyo del
electorado al cambio político. Así,
identifican de forma oportunista los
escasos derechos LGTB recién logrados
como una peligrosa promoción
de la homosexualidad –mezclada
con la zoofilia, la pedofilia y el desorden
social– y los contraponen a la extendida
religiosidad de la población.

Este patrón de desinformación se
mantiene a pesar de que la presión
de los sectores conservadores consiguiera
previamente frenar el reconocimiento
pleno de los derechos sexuales
en las constituciones de estos
tres países, por lo que las cesiones
que se hicieron en detrimento de los
derechos LGTB se han demostrado
inútiles para desactivar esta estrategia
de alarmismo homofóbico. La
manipulación opositora (que también
ha lanzado similares tergiversaciones
sobre la interrupción del embarazo
o sobre una posible incautación
de las propiedades familiares)
no ha conseguido hacer fracasar ni
la aprobación de nuevas constituciones
ni las victorias electorales de las
candidaturas enmarcadas en el
‘Socialismo del Siglo XXI’, pero ha
alimentado la intolerancia social contra
las sexualidades no normativas y
el derecho al aborto.

El activismo LGTB latinoamericano
parece compartir una misma contradicción:
apoya los cambios conseguidos
por ser una mejora objetiva
respecto a la política de los anteriores
gobiernos neoliberales, y a la vez
muestra su decepción por la oportunidad
perdida de aprobar una legislación
más ambiciosa que recogiera
sus derechos de forma totalmente
inclusiva. Pero sus justas quejas han
sido a veces descontextualizadas para
extender entre las opiniones públicas
extranjeras la percepción de
que los gobiernos latinoamericanos
anti neoliberales mantienen posturas
hostiles a las demandas LGTB,
obviando los avances legales logrados.

Así, ciertas organizaciones de
los países desarrollados denuncian
presuntas políticas heterosexistas en
Caracas, Quito o La Paz, mientras
callan ante la arremetida anti gay de
los sectores derechistas latinoamericanos
y ante el apoyo que éstos obtienen
de Europa y Estados Unidos
–países, irónicamente, identificados
como ejemplos de libertad.
Un caso reciente fue, a fines de
2008, la votación en la ONU de una
resolución no vinculante contra la
criminalización de las personas
LGTB, primera ocasión en la historia
de los derechos humanos en la
que se reconocía internacionalmente
la protección a las personas
LGTB. Peter Tatchell, portavoz de
Outrage –grupo LGTB londinense
que en el pasado llegó a justificar el
mantenimiento de las tropas occidentales
en Iraq y cuestionó la legitimidad
del apoyo a Palestina– acusó
a los Gobiernos de Cuba y Venezuela
de no apoyar la resolución,
alineándolos con el Vaticano, las
dictaduras islámicas y EE UU, países
que lideraban el boicot a esa medida.
Pero las declaraciones de
Tatchell –en las que también destacaba
a Israel como el único país progay
de Oriente Medio– carecían de
rigor: lo cierto es que en aquellas
fechas Cuba y Venezuela aún no
habían hecho pública su intención
de votar a favor de la resolución, como
finalmente hicieron junto a Bolivia,
Ecuador, Paraguay y Nicaragua,
entre otros países latinoamericanos.
A pesar del voto emitido por dichos
gobiernos, la denuncia de Tatchell
fue reproducida en el Estado español
por webs LGTB conservadoras
en las que se generó una gran hostilidad
contra el ‘Socialismo del Siglo
XXI’, obviando en cambio toda crítica
a otros países de la región que en
efecto no apoyaron la resolución,
como Perú o El Salvador.

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