ANTE LA SEDE DEL PSOE. Protesta LGTB el pasado 15 de noviembre en Madrid / Victoria Herranz

Los XX Encuentros Estatales
de Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Transexuales
(LGTB) tuvieron lugar en
Gandía y contaron con una presencia
mayoritaria de colectivos
de la oficialista Federación Estatal
(FELGTB), la ausencia de la mayoría
de colectivos independientes
(mayoritarios en Catalunya, Galiza
y Euskal Herria) y una presencia
crítica y minoritaria de algunos de
ellos como Towanda, Stonewall o
Acera del Frente (todos ellos pertenecientes
al Bloque Alternativo por
la Liberación Sexual).

Hace años que las personas
LGTB son consideradas como una
nueva área de mercado e imagen
social. Las manifestaciones del Orgullo
LGTB son las únicas en las
que se hace exhibición de publicidad
de empresas que participan de
la misma. Y numerosas organizaciones
empresariales colaboran
con algunos grupos LGTB en condiciones
no reguladas por un código
ético como ocurre con otras
ONG. Por eso, presentamos a votación
el texto de un código ético.
Tras un agrio debate en el que se
llegó a calificar como indispensable
la colaboración de los empresarios
en la manifestación del Orgullo, la
propuesta fue votada y rechazada.
Igualmente, fue rechazada la ponencia
que pedía el cumplimiento
del Protocolo para la prevención de
la tortura por parte del Gobierno
español. Todas las votaciones se realizaron
a mano alzada y fueron fotografiadas
por parte de personas
pertenecientes a la dirección de la
FELGTB.

Ante las constantes campañas
agresivas de la jerarquía católica,
en los encuentros se instó a demandar
un Estado laico. El grupo LGTB
del PSOE intervino públicamente
pidiendo el voto en contra de la propuesta,
al negarnos los grupos críticos
que la presentábamos a borrar
del texto las alusiones a que la financiación
pública de la Iglesia ha
aumentado más con la llegada del
PSOE al Gobierno en 2004.
Otro de los puntos que más separaron
a los grupos críticos y oficialistas
es el de los derechos de las
personas transexuales. Mientras
que desde la FELGTB se apoyaron
las iniciativas gubernamentales como
la Ley de Identidad de Género y
la necesidad de conseguir la inclusión
de la atención sanitaria autonomía
por autonomía, los grupos
críticos recordamos que esta ley, al
hacer obligatorio el Certificado de
Disforia de Género, considera patológica
la transexualidad y que el
Gobierno elude garantizar los derechos
sanitarios al no incluirlos en el
Catálogo General de la Seguridad
Social, gesto que evitaría que no sean
reconocidos por muchas autonomías.

En pleno 2008, tener que
debatir sobre si la transexualidad
es o no una patología debería ser
una cuestión superada. Nos apena
tener que escuchar de responsables
LGTB que la transexualidad no es
una enfermedad, pero sí una patología
con la que se puede convivir
“como con una miopía”.
Actualmente los movimientos
LGTB+ tenemos la disyuntiva de
elegir entre posiciones autocomplacientes
que rebajan los niveles de
lucha hasta el punto de no incomodar
al Gobierno “que tanto ha hecho
por nosotras” y al empresariado
‘rosa’, o por el contrario elegir la
independencia de poderes políticos
y económicos trabajando de la mano
de los movimientos sociales.