Conflicto entre la junta de andalucía y los colegios de abogados
Diez meses sin el servicio de orientación y asistencia jurídica en las prisiones andaluzas

La Junta de Andalucía decidió suspender en abril de 2012 el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria para personas presas.

, Redacción Sevilla
19/02/13 · 15:41
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Concentración de apoyo a las personas presas el pasado 30 de diciembre en la Cárcel de Morón / cuartogrado.tk

Estamos ante otro recorte más. Ésta podría ser la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando nos enteramos de que, desde abril de 2012, en las prisiones andaluzas se ha suspendido el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria (SOAJP). Una hipótesis equivocada. “El dinero para este servicio está en los presupuestos de 2012 y 2013”, afirma Maribel Mora, abogada y coordinadora general de la Asociación Pro Derechos Huma­nos de Andalucía (APDHA). “Cada vez sus argumentos son más absurdos, ya que la partida presupuestaria es de 400.000 euros y está ahí. No son recortes”, reconoce Marta García, del Grupo 17 de Marzo y una de las abogadas que pertenecía al SOAJP. Estas tres organizaciones forman parte de la campaña Reanudación del Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria ¡Ya!, que tiene el apoyo de decenas de colectivos sociales y ha logrado las firmas de unas 2.000 personas presas.

El SOAJP es un servicio especializado y gratuito para personas presas, prestado por abogadas independientes de la prisión que actúan en nombre del Colegio de Abogados provincial, como cualquier turno de oficio. De esta forma, en la prisión cualquier persona tenía facilidades para realizar consultas y ser defendida en juzgados y tribunales. Los asuntos para los que más les reclamaban eran permisos, acumulaciones o limitaciones de condena, junto a revisiones de grado, traslados y sanciones, malos tratos, información sobre causas penales o derivaciones a otros turnos.
“La Junta no negocia ni nos ofrece una agenda de cara a solucionar el problema”, dice una letrada del SOAJP
“Justicia e Interior pone de relieve que la asistencia jurídica penitenciaria es un servicio complementario que venía a ampliar la cobertura prestada por parte de los centros penitenciarios, cuyos servicios garantizan actualmente los derechos de los reclusos”. De esta forma resume la Junta de Andalucía por qué no es necesario reanudar con urgencia este servicio. “La Junta no quiere negociar ninguna medida, como la reducción del número de letrados, ni nos ofrece un calendario que nos de esperanza de cara a solucionar el problema. Están cerrados en banda y punto”, denuncia María José González Rodríguez, letrada y coordinadora del SOAJP en Sevilla.

Servicio “complementario”

La definición de este servicio como “complementario” es uno de los argumentos de la Junta para justificar su suspensión. De esta forma, la Fiscalía y el juzgado de vigilancia penitenciaria o juristas de Instituciones Penitenciarias (Ministerio de Interior) cubrirían las necesidades básicas de asistencia. “Es como decir que si la policía te detiene no necesitas abogado, porque para eso ya están el fiscal y el juez”, afirma la jurista del Grupo 17 de Marzo. “Por nuestra experiencia de años atendiendo quejas de prisiones, sabemos de las enormes carencias informativas que padece esta población, sin que los juristas penitenciarios puedan resolver las consultas y peticiones que les pudieran presentar los internos”, recriminaba en diciembre el Defensor del Pueblo andaluz por escrito a la Consejería de Justicia. “En ningún caso los juristas de prisiones tienen entre sus funciones las de defensa en materia penitenciaria de las personas presas, ni puede cumplir esa función otro turno de oficio”, denuncia Mora.

Alba Doblas, diputada de Izquierda Unida, preguntó en el Parlamento andaluz al Gobierno el porqué de la eliminación del servicio durante estos meses. La respuesta del consejero de Interior y Justicia, Emilio de Llera, fue responsabilizar a Instituciones Peniten­ciarias (dependiente del Ministerio de Interior) de esta situación. Para la Junta es condición sine qua non la renovación de un convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Abogados y el Ministerio. Este convenio estuvo en vigor entre marzo de 2008 y marzo de 2011, mientras que el servicio de asistencia se realizó entre 2001 y abril de 2012, gracias a un acuerdo entre el Colegio de Abogados y el Ministerio, con la financiación de la Junta. “¿Por qué tras suspender el convenio trilateral se sigue ofreciendo el servicio durante un año?”, se pregunta García. “Las propias Instituciones Peni­tenciarias dicen que no hay problemas y nos dejan entrar”, exclama María José, coordinadora en Sevilla del SOAJP.

Este convenio tripartito no es la única fórmula posible para la atención jurídica en las prisiones. Más bien es una excepción, ya que era el único convenio tripartito en el Estado para este servicio. Incluso en una reunión entre la APDHA, IU y el propio consejero, éste último reconoció la gran dificultad de firmar un nuevo convenio y su compromiso de financiar el servicio si desde Interior no se ponía ningún obstáculo. “El Ministerio contestó afirmando que los convenios bilaterales entre los Colegios y el Ministerio seguían vigentes,por lo que no habría obstáculo para la prestación del SOAJP”, explican desde la propia campaña. Incluso el Defensor del Pueblo andaluz ha afirmado: “No hay ninguna excusa para decir que el conflicto está en Madrid, ya que se puede hacer un acuerdo bilateral entre la Consejería de Justicia y los colegios de abogados”. “Es como si quisieran echar la culpa al PP”, apostilla García.
“No hay por qué culpar a Madrid. Se puede llegar a un acuerdo entre Justicia y los colegios de abogados”
“Quien está en prisión, ya se sabe que no tiene mucho dinero”, denuncia González Rodríguez, quien ha mantenido el contacto tanto con personas presas como con sus familiares durante estos diez meses. “Cómo no vas a hacerlo si los padres te escriben que han pegado al hijo o nos llegan peticiones a través de nuestra web, no especialmente sobre malos tratos, si no para cualquier otra cuestión como la denegación de permisos”, relata la coordinadora del SOAJP en Sevilla.

Consecuencias de la supresión

Estas organizaciones relatan la indefensión de la población presa, narrando las actuaciones que llevan a cabo: atender a madres con un procedimiento de retirada de custodia que no conocían dónde estaban sus hijos; recurrir el traslado a prisiones a cientos de kilómetros de sus familias, donde éstas no podían visitarles; reclamar sanciones por las que sufren aislamiento; informar de los que siguen internos cuando han cumplido su pena debido a algún error judicial o burocrático, etc. “No quiero ni pensar cómo está el tema en prisión. Ahora mismo los funcionarios tienen impunidad. Muy pocos tienen capacidad para realizar estos servicios por su cuenta”, concluye Marta García, del Grupo 17 de Marzo.

Asistencia Sanitaria

Suspensión de servicios

Durante las últimas semanas también se han suspendido los planes específicos de atención médica especializada fuera de las prisiones, competencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En esta ocasión, quien habría provocado la situación es Instituciones Penitenciarias, que ha suspendido el pago de esta prestación en 2012 al SAS. A finales de enero, Junta y Gobierno central anunciaron negociar un nuevo acuerdo para reanudar el servicio sanitario previo.

“Los programas específicos que anuncia el SAS que va a suspender son los trámites para trasladar a varios presos a la vez a un centro sanitario, la unificación de pruebas en un mismo día o la entrada de especialistas en prisión”, denuncia Maribel Mora, coordinadora general de la APDHA, quien insiste que la situación sanitaria en prisión es, desde hace años, muy mala. “Si te lees nuestro informe de 2009, hoy no ha cambiado nada. La situación sigue siendo muy grave: gente que pierde 14 citas al año y tiene cirrosis hepática o que espera años para que le operen de una piedra en el riñón”, relata Mora, quien asegura que todos esos casos son denunciados en los tribunales por la APDHA. Mora añade que ahora investigan denuncias por el cobro de 20 euros por extracciones dentales, cuando este servicio está cubierto por el sistema sanitario.

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