MADRID. El 20 de febrero las organizaciones feministas madrileñas convocaron un acto en defensa del aborto frente al busto de Clara Campoamor, impulsora del sufragio femenino. / Juan Carlos Rojas

Tras varios meses de ofensiva antiabortista
y de reclamar al Gobierno
la reforma de la Ley del Aborto
de manera que éste salga del Código
Penal y se garantice la normalización
de esta prestación en la red
sanitaria pública, las organizaciones
feministas de todo el Estado
preveían dedicar el 8 de marzo a reivindicar
el aborto libre y gratuito.
Una vez más, la agenda política estatal
y las reivindicaciones feministas
difieren radicalmente: la jornada
de reflexión electoral previa a las
elecciones generales del 9 de marzo
coincide con la histórica movilización
feminista del Día de la Mujer
Trabajadora. Esto ha supuesto la
prohibición de la marcha en Sevilla
y Madrid, además de propiciar diferentes
visiones respecto a la estrategia
para afrontar la ilegalización.
En ciudades como Barcelona, Bilbao,
Valencia y Pamplona, la jornada
de reflexión no ha sido un obstáculo
y las mujeres seguirán saliendo
a la calle el día 8.

Manifestaciones prohibidas

En Sevilla, la junta electoral provincial
no ha autorizado la manifestación
de la Plataforma 8 de Marzo
por considerar que el acto puede calificarse
de electoral. La Plataforma
ha presentado un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
que lo ha desestimado. En
Madrid, la Junta Electoral y Provincial
remitieron a Delegación de Gobierno,
que prohibió la marcha. La
Comisión 8 de Marzo recurrió al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
aportando la autorización de la
Delegación del Gobierno en Catalunya
y la solicitud de permiso de
Bilbao como elementos favorables
para autorizarla. El Tribunal impugnó
la primera por estar en catalán,
argumentando que se requería la
presencia de un traductor o traductora
homologados para descifrar el
documento, y la segunda porque sólo
era una solicitud, pese a que en
Bilbao el silencio administrativo se
interpreta como una autorización
de facto. Además, el abogado del
Estado aportó un recorte de prensa
de un diario en el que diversos colectivos
de mujeres afines al PSOE
abogaban por manifestarse el día 7
como prueba de que la manifestación
del día 8 no es una fecha esencial
para el movimiento.

En Madrid, la prohibición definitiva
del 8 de marzo ha motivado una
importante divergencia de posturas
entre los grupos que integran la Comisión
8 de Marzo. Según la Casa
Pública de Mujeres Eskalera Karakola,
en la última reunión de la Comisión,
celebrada en la Asamblea
Feminista de Madrid, se produjo “un
auténtico desembarco del PSOE
protagonizado por sus distintas
agrupaciones y organismos independientes
y encabezado por la cúpula
de la igualdad”. Según la Eskalera
Karakola, “a golpe de gritos, insultos,
pasilleo y acusaciones de radicalismo
se desarticuló algo que el
movimiento había mimado inteligentemente
en otras épocas: su autonomía
con respecto a los partidos.
La manifestación tenía que ser el 7”.

Afirman que esto se justificó con
“argumentos demagógicos” y afirmaciones
como “todos los días son
8 de marzo” y “lo importante es que
seamos muchas”, además de intentos
de “generar miedo” ante un acto
ilegal. La Casa Pública de Mujeres
entiende que convocar la manifestación
el día 7 tiene un interés partidista
y puede ser utilizado al cierre
de la campaña “como broche femenino,
dirigido a legitimar una larga
marcha hacia la institucionalización
del feminismo”, por lo que ha decidido
autodesconvocarse de la marcha.

A ellas se ha sumado el grupo
Ladyfest/Patio Maravillas, aunque
muchos de los grupos integrantes
de la Comisión no aceptan, según
Eskalera Karakola, la ilegalización
que ha ratificado el TSJM. Por eso,
se sienten“enojadas ante la amenaza
de no poder celebrar libremente
y sin acosos electoralistas la lucha
de las mujeres”, declaran. El objetivo
de la celebración del 8 de marzo
de 2008 es, para estos grupos, “salir
juntas, todas”, a reclamar el derecho
a nuestros cuerpos, a nuestra sexualidad
y a tomar nuestras propias decisiones,
pues el lema escogido es la
defensa del derecho al aborto. Para
ellas, la prohibición indica que “las
reivindicaciones, derechos y presencia
pública feminista son un elemento
de tercerísima fila. Si fuera
un hecho aislado”, arguyen, “podríamos
pensar que se les habrá pasado.
Pero si lo unimos al destino de
las reclamaciones que planteamos,
entonces deja de ser mala suerte para
convertirse en machismo, política
machista. Y esto no es monopolio
de la derecha”.

Desde la Comisión 8 de Marzo
se declaran indignadas por “la prohibición
de la manifestación y la
manipulación electoralista”. Su posición
es “ir el día 7 porque nos parece
importante que en este momento
político de acoso a las mujeres
nuestra voz se escuche y que
salgamos a la calle de forma masiva,
lo que sólo se puede hacer con
una manifestación autorizada. Si es
ilegal, colectivos como las inmigrantes,
las prostitutas y otras mujeres,
independientemente de su signo político,
no podrán acudir. Nos interesa
denunciar la derechización de los
derechos de las mujeres, el día no es
lo imprescindible. Es muy importante
tener una estrategia colectiva como
movimiento”.

Así las cosas, la manifestación
unitaria en Madrid será el 7 las 19.30
en Plaza Jacinto Benavente. Paralelamente
circula una convocatoria
feminista anónima para el día 8 de
marzo, “como siempre”, en el mismo
sitio y a la misma hora que la anterior.
La consigna:“Manolo, Manolito,
reflexiona tú solito”.

PROSIGUE LA PERSECUCIÓN Y LA PROHIBICIÓN DE ABORTOS LEGALES

Al margen de la polémica
en torno al 8 de
marzo, la ofensiva antiabortista
prosigue en
varios frentes. El 27 de
febrero la Policía de
Valencia citó a dos militantes
de Izquierda
Unida por haberse
autoinculpado de haber
abortado, en el marco
de la campaña que el
movimiento feminista
realiza en todo el Estado.
Una de ellas es candidata
al Congreso por
esta formación política,
la única que ha propuesto
reformar la
actual ley de despenalización
del aborto y
poner en marcha una
ley de plazos. Las citaciones
las ordenó el juzgado
de Instrucción nº
19 de Valencia.
El 28 de febrero, el Hospital
del Mar de Barcelona
negó el aborto a una
mujer de 34 años afectada
por un retraso mental
que afecta al 73% de
su capacidad psíquica y
mental. La mujer, embarazada
de cinco meses y
medio, cuenta con el
apoyo de su familia, que
ejerce la tutela y solicitó
el aborto alegando la
incapacidad de la gestante
para hacerse
cargo de descendencia.
El Hospital del Mar
alegó que su situación
no se ajusta a los tres
supuestos que prevé la
ley de despenalización
parcial del aborto (violación,
malformación
fetal o riesgo para la
salud de la mujer) y
que desconocían su
discapacidad.
En Madrid diversas entidades
denuncian que el
Instituto del Menor de la
Comunidad está denegando
el derecho a
abortar a jóvenes que
están bajo su tutela, vulnerando
sus derechos.

La Federación de Planificación
Familiar Estatal,
que gestiona diversos
Centros de Atención a
Jóvenes en Anticoncepción
y Sexualidad,
defiende “el derecho de
jóvenes y adolescentes
a decidir sobre su vida
sexual”. La Federación
reclama prevenir los
“embarazos no deseados
a través de una
educación sexual exenta
de prejuicios y estereotipos
también en ámbitos
no formales”.