Según fuentes del centro penitenciario Madrid V de Soto del Real, a los internos toxicómanos que no tienen recursos no se les está dando prioridad a la hora de acceder al módulo 14, un módulo terapéutico libre de drogas que gestiona la ONG Proyecto Hombre desde 1998, prácticamente desde que se inaugurara dicho centro penitenciario. Desde la Asociación de Familiares de Presos de Madrid (Afaprema), explican a DIAGONAL que “nos saltaron las primeras alarmas cuando algunos socios nos explicaban que se les está preguntando a sus familiares internos, cuando ingresaban en el módulo de ingresos, si ellos o sus familiares tienen recursos económicos, al hilo de otras cuestiones sobre salud”.
El problema se agrava aún más en el caso de internos con serios problemas de toxicomanía, ya que, en la cárcel, aunque esté de más decirlo, hay que recordar que circulan cantidades de todo tipo de droga y para una persona privada de libertad con problemas de toxicomanías la situación desencadenante puede ser muy peliaguda.

Distintas clases de presos

Según fuentes de Soto del Real, que prefieren mantener el anonimato, la práctica que se está siguiendo desde hace ya varios meses es que estos presos ingresan o no en el módulo 14, el módulo terapéutico gestionado por Proyecto Hombre, en función del montante económico que se mueve mensualmente en su cuenta de peculio. Ésta es la cuenta donde los familiares del interno (si es que tiene) hacen la aportación mensual al interno (ya que en prisión las llamadas telefónicas, por ejemplo, o determinados productos del economato, cuestan dinero). Esto implica que, en la práctica, “hay presos de primera y de segunda categoría”, denuncian desde Afaprema. Un expresidiario miembro de la asociación explica que “los que no tenemos ingresos no tenemos prioridad en el módulo 14 pero, lógicamente, no se nos dice así, sino que se nos da cualquier excusa, y aunque estemos decididos a dejar la droga y entrar en este duro módulo terapéutico, no entramos”. “Se trata de una práctica que no se ajusta a una ética de intervención”, nos explican técnicos de otros centros penitenciarios. “Teniendo en cuenta que la cárcel es un medio hostil privativo de libertad, la Administración ejerce una doble pena con estos internos”, continúan.

No obstante, frente a dicha acusación, la ONG, a través de Mercedes Rodríguez, directora de Proyecto Hombre Madrid, explica a este periódico que tiene la certeza de que “no se cobra dinero en prisión” y que “de hecho están asumiendo el 100% del coste de los técnicos que participan en este programa del módulo 14”, y que se trata de una información de la que no se aportan pruebas. Reitera que la ONG está auditada y es absolutamente transparente. Por su parte, el Gabinete de Prensa de Instituciones Penitenciarias informa de que “es absolutamente falso que internos de Soto del Real o de cualquier otro centro penitenciario tengan que pagar cantidad alguna por el tratamiento de su toxicomanía” a pesar de que profesionales, presos y familiares de presos lo corroboren: “No sé por qué lo niegan. Es de dominio público, llevan meses haciéndolo y simplemente, por convicción y por vocación, hay quienes no quieren ser cómplices con esta práctica”, nos explican desde el mismo centro.

“Los que no tenemos ingresos no tenemos prioridad en el 14”, dice un expreso sobre el módulo terapéutico El Módulo 14 del Centro Penitenciario de Soto del Real comenzó en 1998 a ser gestionado por la Asociación Proyecto Hombre, entidad dedicada a la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas drogodependientes. Fue un proyecto novedoso que se inició a instancias del Plan Nacional de Drogas y en colaboración con Instituciones Peniten­ciarias. El objetivo era la rehabilitación de aquellos reclusos drogodependientes, tanto preventivos como penados, mediante un proceso ya consolidado a lo largo de años de experiencia, basado principalmente en la motivación y la continuidad. El programa estaba dirigido a cualquier interno drogodependiente que manifestase motivación suficiente para abandonar el consumo de cualquier tipo de sustancia.

Además, el hecho de que Proyecto Hombre disponga de centros externos en la Comunidad de Madrid, facilitaba en gran medida el proceso de reinserción social de los usuarios de la Comunidad Terapéutica Intra­penitenciaria, ya que cuenta con infraestructuras y profesionales especializados, lo que garantiza el apoyo y acompañamiento en la inserción sociolaboral. Pero en los últimos meses, también en las derivaciones a recursos extrapenitenciarios, se están valorando los recursos de los usuarios y priorizando a aquellos usuarios que tienen recursos económicos.
La asociación de familiares y amigos de presos en Madrid, Afaprema, denuncia que incluso aquellas familias que han aportado la respectiva documentación en estos centros extrapenitenciarios para comprobar que no tienen recursos, tienen que hacer frente al pago del transporte diario hasta el centro de Madrid, en la calle Martín de los Heros (barrio de Argüelles), donde se encuentra Proyecto Hombre. Este es un requisito que para muchos es imprescindible para conservar el tercer grado y no ser enviados de nuevo a la cárcel, “con el consiguiente miedo que supone para estas personas”, se subraya desde Afaprema. Hay familias que realmente no pueden hacer frente a este pago y la libertad de sus seres queridos está en juego. “Mi marido está cobrando 350 euros al mes, yo tampoco tengo trabajo. El bonobús para que mi hijo vaya a Proyecto hombre son cien euros mensuales”, denuncia una socia. “Si no asiste cada día, mi hijo será enviado de nuevo a la cárcel”.

Crisis del tercer sector

La aplicación de esta nueva práctica se contextualiza en un momento crítico para aquellas ONG que han vivido de subvenciones públicas durante varios años. El 31 de mayo de 2012, durante una rueda de prensa para presentar el balance de actividades de 2011, la ONG Proyecto Hombre, en la figura de su director, Jorge Peña, y de su responsable de comunicación, Jorge Rubio, explicaban su intención de enfrentar en 2013 el reto del recorte de la financiación pública y la imposición del copago en los servicios sociales. Esta ONG, con un 41% de ingresos propios y un 59% de ayudas de la Administración, lleva trabajando el problema de la toxicomanía desde su fundación. En concreto, en la prisión de Soto del Real casi desde su apertura. “Hemos decidido no pararnos y gastar bien el dinero, porque tenemos que seguir atendiendo a la gente”, explicaba en rueda de prensa Peña.

“Es más fácil encontrar droga dentro de prisión que en la calle”, relata Toni el Santo en su libro ‘Pagando Mako’ Pese a la lógica oficial que dicta que en la cárcel no hay drogas, lo cierto es que no es así, y en la cárcel es prácticamente imposible resolver un problema de toxicomanía si no se recibe ayuda terapéutica. Tal y como explica Toni El Santo, un expresidiario, en su libro Pagando Mako: “Es más fácil encontrar droga dentro de prisión que en la calle. En la calle yo era delincuente pero no consumía. Me iba a las discoteca y normalmente no tenía ni idea de quién vendía cocaína, heroína... Pero en la cárcel, desde el momento en que entras ya lo sabes, porque te lo están vendiendo por la cara”. Los continuos casos de fallecimientos por sobredosis en las diferentes prisiones españolas, además, son una constante que viene denunciando la Coordinadora por la Prevención de la Tortura.