CANARIAS // EL POLVORÍN DE LOS CENTROS DE MENORES DE TENERIFE
Desidia e improvisación en la gestión de reformatorios

La nueva consejera de Trabajo y Asuntos Sociales del
Gobierno canario, M. Zamora, declaró, ante la situación
de los centros de menores, que “lo que ha fallado ha
sido el personal de los centros, que no es el adecuado”.

24/06/06 · 15:21
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NUEVO CARGO. María Luisa Zamora
Rodríguez, consejera de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Estas declaraciones chocan frontalmente
con los hechos, que apuntan
a otras causas: la desidia y la
improvisación de los sucesivos gobiernos
de Coalición Canaria (CC).
En el año 2000 se creo una comisión
interdepartamental para la adecuada
aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, reguladora de la Responsabilidad
Penal del Menor (LORPM).
El entonces consejero, M. Morales,
también de CC, fue incapaz de poner
en práctica las medidas previstas,
como se evidenció en los debates
parlamentarios. Tampoco se
dotó a los centros de proyectos
educativos. Las autoridades optaron
por medidas punitivas y represivas,
obviando el objetivo de reinserción
de la LORPM. Las denuncias
sobre el mal estado y seguridad
de los centros se fueron sucediendo;
incluso el alcalde de Güímar, siguiendo
las recomendaciones del
Diputado del Común (Defensor del
Pueblo canario), amenazó con precintar
el centro para menores Hierbabuena
en octubre de 2002.

El manejo del dinero

La gestión privada de los centros-
otorgada a ONG y fundaciones- y
la distribución y control de las subvenciones
fueron muy controvertidas;
ya en diciembre de 2000, T.
Cruz y D. Padrón, consejera del
Cabildo de Tenerife y diputada regional
respectivamente, denunciaron
la lamentable situación de los
Centros de Atención Inmediata
(CAI) y mostraron su extrañeza al
comprobar que la asociación Proafam
recibía 781.000 euros por un
proyecto para acoger sólo a cinco
menores con trastornos de conducta.
El 16 de septiembre de 2004, el
Servicio Canario de Empleo exigió
el reintegro de 379.388,89 euros por
subvenciones concedidas y no justificadas
a la asociación Acafam, que
se disolvió en marzo de 2004 debido
a su mala gestión.

La llegada de Águeda Montelongo
a esta Consejería, con el pacto entre
CC y PP tras las elecciones de mayo
de 2003, agudizó la dramática situación
en los centros. En julio de 2004,
después de que la Fiscalía detuviera
al subdirector del centro Nivaria y
miembro de la asociación Cicerón
Siglo XXI, la consejera decidió finiquitar
el convenio -8,5 millones de
euros al año, unos 42.500 euros por
cada joven internado- que la citada
asociación había suscrito, para la
gestión de los centros en Tenerife,
en tiempos de Marcial Morales. La
UGT y los trabajadores de Cicerón
denunciaron que tras el nuevo convenio
con la Fundación Ideo se escondía
un pelotazo de 24,04 millones
de euros, y responsabilizaron a
Ana Moro, Jefa de Servicio de Ejecución
de Medidas Judiciales, a la
que Montelongo cesó en agosto de
2004. Llama la atención el hecho de
que los trabajadores de Cicerón y la
UGT también denunciaran que la
Fiscalía, al detener al subdirector de
Nivaria, contribuía a que la empresa
Seguridad Integral Canaria se hiciera
cargo de los centros.

Denuncias recientes

En mayo pasado, los sindicatos
CC OO, UGT e Intersindical Canaria
denunciaron que Seguridad
Integral Canaria vulnera reiteradamente
la Ley de Seguridad Privada,
al contratar personal no habilitado
como guardias privados de seguridad,
que sólo el 50% de los 1.500
empleados posee la titulación requerida,
que quebranta la legislación
laboral y que comete fraude a
la Seguridad Social y a la Hacienda
Pública. Sorprende que con este
historial dicha empresa reciba el
82% del gasto en seguridad de la
Administración autonómica.

Es este conjunto de intereses y
desidias el que explica el porqué los
centros de menores y reformatorios
canarios se han convertido en
un polvorín: muertes, malos tratos
y torturas...

Tags relacionados: Centros de menores Control social
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