MUDANZA FORZADA. Un grupo de inmigrantes recoge parte de sus enseres en los jardines del Turia durante el desalojo / Eva Máñez

El 16 de julio el Ayuntamiento de
Valencia, gobernado con mayoría
absoluta por el PP, envió una delegación
de técnicos del consistorio y
policías locales para desalojar definitivamente
al centenar de inmigrantes
que dormían bajo un puente
del antiguo cauce del río Turia.
Tal como relata a DIAGONAL Patricia
Zaragozí, activista estrechamente
vinculada a los ‘sin papeles’, “a
las 7:00 horas llegaron 50 funcionarios,
entre técnicos y policías, gritando,
tirándoles al suelo y tirando
todo a los contenedores. En apenas
diez minutos todo había acabado”.
Acto seguido el lugar quedó vallado
con un cartel: “prohibido acampar”.
Zaragozí afirma que “muchos aceptaron
billetes de autobús para ir a
otras ciudades” -una técnica habitual
del Ayuntamiento-. Algunos
aceptaron las plazas en hostales que
los técnicos les ofrecieron, sin embargo
la mayoría simplemente se
alejaron hacia otras zonas del río.
Pero los hostales y albergues -éstos
últimos destinados a indigentes- sólo
aseguran una estancia de 15 días.
Tras el desalojo, varias personas comenzaron
una protesta permanente
en la céntrica Plaza de la Virgen
de Valencia reclamando un centro
de acogida. La protesta, que en el
momento de cerrar esta edición lleva
en marcha más de un mes, ha sufrido
un fuerte acoso policial, a pesar
de contar con la autorización de
la Delegación del Gobierno. Por
ejemplo, en la madrugada del 3 de
agosto, tras varios días acosados por
los servicios de limpieza, que según
una activista, “seguían órdenes de
las siete patrullas policiales presentes”,
un ciudadano fue golpeado y
detenido. 15 personas interpusieron
una denuncia contra un policía.

La actuación del Ayuntamiento
ha arrastrado una amplia polémica.
Lola Duato, portavoz de la Mesa
de Entidades de Solidaridad con los
Inmigrantes, señaló que su ONG
había pedido una reunión con la
Síndic de Greuges (Defensora del
Pueblo), Emilia Caballero y con el
conseller de Inmigración, Rafael
Blasco, sin obtener respuesta alguna.
Algo similar le ocurrió a Luis
Poveda, de la Xarxa d’Acollida, con
la concejal de Bienestar Social,
Marta Torrado de Castro. A pesar
de que esta última aceptó públicamente
la petición de reunión aún
no han obtenido respuesta. Torrado
ha llegado a acusar a los colectivos
sociales que prestaban asistencia
humanitaria a los inmigrantes
de “llevarles comida para cronificar
su situación”.

Estos colectivos sociales reclaman
a la Generalitat el cumplimiento
del Pacto Valenciano por el Crecimiento
y el Empleo, que recoge la
construcción de una red de 12 centros
de acogida para inmigrantes
entre 2001 y 2006, con un presupuesto
anual de más de 11 millones
de euros. Por si fuera poco, se ha
hecho público que el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Valencia
utilizó una subvención de 2,4 millones
de euros del Ministerio de
Trabajo, destinada a asuntos de inmigración,
para pagar parte de los
4,2 millones que el consistorio debe
abonar a la empresa ACM como primer
abono del canon -valorado en
105 millones- de la próxima edición
de 2009 de la Copa de América. El
Gobierno central amenazó con suspender
el convenio en caso de incumplimiento
por parte del Consell
de Francesc Camps.

El centro lefebvrista

El único centro de acogida para inmigrantes
de la ciudad está gestionado
por una congregación religiosa
de perfil fundamentalista. El centro,
situado en el barrio de Natzaret,
incumple las condiciones básicas
de habitabilidad, tal como afirmaron
los técnicos enviados por la Síndic
de Greuges. El centro, regentado
por los reverendos padres Misioneros
Apostólicos de María Inmaculada
(MAMI), es el único que
mantiene un convenio con el Ayuntamiento.
A pesar de no ser reconocidos
por el Arzobispado de Valencia,
los MAMI se declaran “católicos,
apostólicos y romanos” y están
vinculados al integrismo lefebvrista
(en referencia a Marcel Lefebvre, el
arzobispo católico francés que se
opuso a las reformas del Concilio
Vaticano II). Debido a la falta de plazas,
los demás centros utilizados
por las autoridades para reubicar
inmigrantes son albergues destinados
inicialmente a indigentes. En
este sentido, Zaragozí recuerda el
local que consiguieron alquilar en
febrero de 2006 en el barrio de
Russafa -”tras obtener 9.355 euros”
en un concierto solidario- para acoger
a personas sin papeles. Durante
los seis meses que permaneció en
activo pasaron más de 600 personas.
Podría haber sido un buen
ejemplo para la concejal de Bienestar
Social, pero, como recuerda
Zaragozí, “a los seis meses el Ayuntamiento
logró cerrar la casa”.

Subvenciones y favores del PP a los amigos

La Fundación Agua y Progreso,
creada por el PP
valenciano en 2004 para
defender el trasvase del
Ebro, ha sido, de nuevo,
objeto de polémica. Esta
fundación ha destinado
algo más de dos millones
de euros, de un total de
2,2 millones, a “gastos
superfluos”, según un diputado
del PSPV. Una importante
partida de los gastos
de personal se destinó a
los sueldos de tres de sus
empleados: el director de
la Fundación y militante del
PP, Alberto Comos
(57.868 euros), el vicesecretario
de organización del
PP en Valencia, Juan José
Medina (41.275 euros) y
la ex presidenta de la Federación
de Asociaciones de
Vecinos, Carmen Vila
(41.275 euros). Por otro
lado, la Universidad San
Vicente Mártir del arzobispo
Agustín García Gascó comenzará
previsiblemente el
curso de Medicina sin tener
homologada la titulación
por parte del Ministerio de
Educación, gracias a los
favores del gobierno autonómico
del PP, en detrimento
de las universidades
públicas valencianas. La
citada Universidad se ha
caracterizado por su oposición
radical a la investigación
con células madre y
por la defensa de posiciones
ultrarreaccionarias.