CENTRO DE DETENCIÓN DE INMIGRANTES DE CARABANCHEL. Después de la muerte de Osamuyia decenas de personas se manifestaron en Madrid para protestar por la situación de las personas inmigrantes. / Antonio Navia

Ante el Centro de Internamiento
Temporal de Extranjeros (CITE) de
Carabanchel, unas 60 personas se
concentraron el 12 de junio para denunciar
la muerte del joven Osamuyia
Aikpitanhi y solidarizarse con
las personas inmigrantes encerradas
en dicho CITE, mientras informaciones
sin confirmar hablaban de un
motín en su interior. A gritos y mientras
protestaban golpeando contra
puertas y ventanas, las personas encerradas
hicieron saber que llevaban
ya cuatro días sin comida ni derecho
a ducharse. El 16 era desconvocada,
por la lluvia, la marcha de la Asociación
de Nigerianos en la Diáspora,
que pretendía denunciar la tortura y
“la muerte a manos de un racista policía
blanco” del joven. En Barcelona,
la Asociación Nigeriana y Papeles
para Todos llamaban a una manifestación,
el 22 de junio, para protestar
por esa muerte “bajo custodia policial”,
según la convocatoria. Por su
lado, organizaciones sociales, como
SOS Racismo, la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado o la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía,
han exigido una investigación
independiente de los hechos y
la sanción de los responsables.
Y es que, al cierre de esta edición,
todavía no hay una versión oficial,
salvo que la causa del óbito fue una
parada cardiovascular. El 9 de junio
aterrizaba en Alicante el vuelo de
Madrid a Lagos, de Iberia, al haber
fallecido uno de los cuatro pasajeros
de origen nigeriano que eran deportados
por la policía nacional. Los
agentes que lo custodiaban lo tenían
inmovilizado -iba atado de manos y
piernas- y amordazado con cinta
plástica no adhesiva.

Osamuyia, nigeriano de 23 años,
llevaba cuatro años residiendo en
el Estado español, sin tener los papeles,
y ya habían intentado deportarlo
anteriormente en dos
ocasiones, por orden del juzgado
de instrucción nº 1 de Fuenlabrada,
pero su decidida oposición lo impidió.
Según Chester, uno de los hermanos
de la víctima, que se basa en
testigos presénciales, la policía golpeó
y amordazó al joven. “Lo han
matado en el avión. Han enviado
cuatro policías fuertes para pegarle,
para maltratarle y para podérselo
llevar”. “Lo han matado como a un
perro, no hay que tratar a los negros
como perros”, concluye.

El Gobierno ha rehusado dar su
versión del suceso hasta que no culmine
la investigación interna y la autopsia
del joven. Para los sindicatos
policiales, los agentes implicados, a
los que el juez encargado de la investigación
ha tomado declaración como
imputados, son inocentes (“en
ningún caso hubo malos tratos” afirmó
el SPP), siendo responsables el
propio joven (“posiblemente pretendió
suicidarse para evitar ser expulsado”,
declaró el SUP), y el Gobierno,
por no formar ni dotar de medios
a los policías, ni aportar manuales y
protocolos que especifiquen cómo
han de actuar los agentes. Por ejemplo,
según el SUP, no hay norma que
explique cómo han de actuar en caso
de que un ciudadano se resista violentamente
a su expulsión.

Lo que no es del todo cierto, ya que
al menos desde 2005 existe un documento
policial que especifica el traslado
en avión, y que menciona el uso
de lazos de seguridad y grilletes metálicos,
pero en ningún caso mordazas.
Desde 2001, las recomendaciones
del Consejo de Europa afirman
que “deberá prohibirse por completo
lo siguiente: el uso de todo medio que
pueda provocar asfixia o sofocación
(por ejemplo cinta adhesiva, mordazas,
cascos y cojines)”.

Nuevo protocolo

Esta muerte va a influir en el borrador
de protocolo Normas de seguridad
en las Expulsiones colectivas por
vía aérea y/o marítima, que el
Gobierno discute actualmente.
Dicho documento autoriza el uso de
“medidas de fuerza” aunque no detalla
cuáles, prohíbe tomar imágenes
de los traslados, establece que en cada
vuelo han de ir un ATS y un médico,
y fija la cantidad de policías que
han de custodiar al repatriado. Pero
sobre todo, como gran novedad, prevé
el empleo de vigilantes privados
para la escolta de los repatriados. Y
es que las deportaciones, una de las
prioridades de la política de inmigración
del Gobierno, además de costosas
económicamente, insumen numerosos
recursos humanos. En
2006, el Ministerio de Interior repatrió
a 99.445 inmigrantes indocumentados
entre retornos, readmisiones,
expulsiones y devoluciones.
Para ello, fletó 324 vuelos.
La muerte de personas inmovilizadas
y amordazadas durante su expulsión
no es nada nueva. En julio de
1993, Joy Gardner fallecía a consecuencia
del trato recibido por parte
de la policía británica. En agosto de
1994, moría Kola Bankole durante
su expulsión desde Alemania.
En septiembre de 1998, en Bélgica,
Semira Adamu moría asfixiada
cuando nueve gendarmes la inmovilizaban.

El 1 de mayo de 1999, le tocaba
a Marcus Omofuma, tras ser
amordazado por policías austriacos.
De nuevo en Alemania, Aamir Ageeb
fallecía el 28 de mayo de 1999. El 30
de diciembre 2002 moría Ricardo
Barrientos en París. El 16 de enero
de 2003, Mariame Getu Hagos, solicitante
de asilo de origen somalí, moría
tras ser inmovilizado mediante
las “técnicas habituales” de la policía
francesa para estos casos.