DEPORTACIONES IRREGULARES. La ley española exige que los menores sean
entregados a familiares o a organismos de bienestar social.

Al menos cuatro niños marroquíes,
tutelados por la Comunidad de
Madrid, fueron sacados a la fuerza
por la policía de las residencias de
acogida y expulsados a Marruecos
el pasado 16 de noviembre. La falta
de garantías de ser entregados a familiares
dispuestos y capaces de
cuidarlos o a un organismo de bienestar
social, como exige la ley española,
supone una clara violación de
sus derechos fundamentales.

Lejos de tratarse de un hecho
aislado, esta repatriación y las condiciones
en que se ha llevado a cabo
forman parte de una práctica
cada vez mas frecuente por parte
de las autoridades españolas. El
Gobierno no ha garantizado el
cumplimiento uniforme de la legislación
que asegura la misma protección
a los niños extranjeros no
acompañados que a los españoles;
son los gobiernos regionales quienes
están aplicando (o ignorando)
la ley de manera selectiva.

Una decena de organizaciones
comprometidas con la protección de
la infancia han firmado un comunicado
alertando de la gravedad de las
situaciones que se están produciendo.
Denuncian que en ningún caso
a las familias fueron avisadas del regreso
de sus hijos Marruecos, que
en ningún momento intervinieron
servicios sociales en la recepción de
los niños y que existen claros indicios
de abusos y malos tratos por
parte de la policía, tanto española
como marroquí.

Al mismo tiempo, exigen el cese
de la aplicación automática de estas
expulsiones que no tienen en cuenta
el interés superior del menor y vulneran
su derecho a una tutela efectiva;
exigen además la asistencia letrada
durante toda la estancia de estos
niños en el Estado español y la
intervención en estas situaciones de
las fiscalías de menores de cada
Comunidad Autónoma. Advierten
que el proceso de protección debe
basarse en una auténtica integración
social y no en soluciones policiales,
más aún cuando en este caso
los niños no habían tenido nunca
problemas con la justicia y se encontraban
desde hace tiempo en programas
de inserción sociolaboral.
Por último, llaman a las entidades
que ejercen la guarda de estos niños
a la desobediencia civil de aquellas
órdenes que vulneren sus derechos
fundamentales.

En 2001, Human Rights Watch
denunciaba ya estas situaciones de
abuso y expulsiones forzadas. En
su informe, elaborado a partir de
una investigación sobre el trato recibido
por menores no acompañados
en Ceuta y Melilla, la organización
hablaba de “palizas brutales”
por parte de la policía cuando intentaba
detenerlos, hacinamiento en
centros de acogida, falta de asistencia
médica preventiva y del permiso
de residencia temporal al que les da
derecho la ley, ya que su tutor legal,
la Consejería de Bienestar Social,
no lo había solicitado. “España no
está brindando protección ni atención
a estos niños. Ningún organismo
oficial español se hace activamente
responsable de garantizar
que los niños no acompañados de
Ceuta y Melilla reciban cuidado y
protección”. Una vez en Marruecos,
según este informe, los niños expulsados
vuelven a ser víctimas de abusos
por parte de la policía marroquí
y es frecuente que acaben “encerrados
en comisaría junto con los adultos
durante horas, sin acceso a alimentos,
agua ni baños”.

La Asociación Pro Derechos de la
Infancia (Prodein), con sede en
Melilla, tenía constancia entonces
de al menos 70 expulsiones similares
entre julio de 2001 y febrero de
2002. Human Rights Watch recordaba
al final de su informe que solo
puede haber repatriación cuando se
garantice la asistencia y seguridad
de los niños, de otra manera es muy
probable que vuelvan a jugarse la
vida cruzando el Estrecho.