ESTADO ESPAÑOL // EL NUEVO INFORME DENUNCIA UN AUMENTO DE LA VIOLENCIA POLICIAL
Las denuncias por tortura afectan a todo el Estado y a todos los cuerpos policiales

En abril y mayo del año pasado el Gobierno español, el Parlament catalán y el Congreso aprobaron o firmaron diversas declaraciones en rechazo de la
tortura y su impunidad, y a favor de la protección de los derechos humanos en cárceles y otros centros de detención. Un año más tarde, no sólo no se
han aplicado ninguna de las medidas sino que al menos 598 personas han presentado denuncias por torturas y/o malos tratos.

, Redacción
06/06/06 · 1:04
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AUMENTO. El número de casos que acabaron en denuncias por torturas y/o malos tratos ha aumentado un
12%, pasando de 276 casos en el año 2004 a 309 denuncias, que afectaron a 598 personas, en 2005./ Salta

La Coordinadora para la Prevención
de la Tortura (CPT), formada por
40 organizaciones del conjunto del
Estado, ha elaborado por segundo
año consecutivo un informe sobre
la situación de esta práctica policial
en el Estado español. Según el documento,
el número de casos o situaciones
que acabaron en denuncias
de torturas y/o malos tratos ha
aumentado un 12% pasando de 276
casos en el año 2004 a 309 denuncias,
que afectaron a 598 personas,
en 2005. La diferencia entre el número
de denuncias y el número de
afectados se debe a que varias personas
pueden haber sido objeto de
la violencia policial al mismo tiempo,
por ejemplo en una carga policial
o en un desalojo.

La CPT matiza que no ha recogido
todos los casos, ya que ha excluido
los no suficientemente contrastados.
La coordinadora reconoce también
que desconoce qué porcentaje
representan las denuncias incluidas
en este informe sobre todos los casos
de tortura y/o malos tratos realmente
producidos. Sin embargo, las
denuncias recogidas abarcan todo
el Estado e implican a agentes de todos
los cuerpos policiales y a numerosos
funcionarios de prisiones.

El informe, que se puede consultar
en prevenciontortura.org, ha sido
elaborado mediante entrevistas
personales con los denunciantes,
con información facilitada por abogados,
resoluciones judiciales, datos
de las organizaciones que forman
la CPT u otras organizaciones
de defensa de los DD HH o, finalmente,
con informaciones de los
medios de comunicación, siempre
que hubieran podido ser contrastadas
por otras fuentes. Entre los 600
casos analizados la CPT ha incluido
también las muertes de 67 personas
que se encontraban bajo la
custodia de funcionarios (41 en prisiones).
Un número muy elevado si
se tiene en cuenta que la CPT no ha
recogido en el informe un importante
número de personas que resultaron
heridas, a lo largo del año
2005, por disparos de agentes, ni
numerosos intentos de suicidio en
las prisiones y, en menor medida,
en dependencias policiales.

Respecto a las características de
las personas que presentan denuncias
por torturas, Jorge del Cura,
miembro de la CPT, afirma que “el
porcentaje de denunciantes no tiene
nada que ver con el porcentaje de
personas que sufren tortura. Quienes
denuncian suelen ser personas
que o bien tienen una cierta conciencia
política de movimientos sociales
o relacionados con banda armada y
esos sectores o bien personas que se
creen con cierto respaldo, sino económico
sí social, como para poner
una denuncia. Ahí está el caso de los
accidentes de tráfico o personas que
están en una fiesta y son apaleadas.
Este año hemos suprimido el apartado
de personas torturadas después
de haber sido detenidas por pequeños
robos, porque cada vez llegan
menos denuncias. Está muy especializada
la violencia”. Y añade, “las denuncias
se ponen en grandes núcleos
urbanos; es muy raro que haya en
los pequeños centros rurales. Es
también sintomático, puesto que en
esas localidades también se da la violencia
policial, pero no se denuncia o
no llegan a nuestro conocimiento”.

Una de las causas de la persistencia
de los abusos policiales, pese a
las declaraciones públicas en su contra,
está, según del Cura, en “cierta
autonomía y capacidad de decisión
propia que las policías y los funcionarios
de prisiones siempre han intentado,
por lo menos desde que estamos
en democracia por decirlo así
y conseguido mantener. Salvo cuando
tocan a personas de determinados
rangos o estratos sociales, como
por ejemplo en el caso de los dos militantes
del PP, no suelen tener problemas.

El resto de la ciudadanía somos
daños colaterales”. Y la permisividad
está instalada en todas las
administraciones. Si son llamativas
las 178 denuncias por torturas contra
la policía local de Valencia, mucho
más llamativa es la respuesta dada
por el ayuntamiento: “Se han
equivocado y el número es 156”.


LO QUE PASARÁ NO ESTÁ CLARO. NO HAY UNIDAD

Según Jorge del Cura, de la
Coordinadora para la Prevención
de la Tortura, “no
sabemos si los 600 casos
que nosotros recogemos
son el 2% o el 100% de la
realidad. Pero marcan las
mismas tendencias que
otros informes -como la
memoria anual de la Fiscalía
o de instancias internacionales-
por lo que pensamos
que es una buena
fotografía o esbozo a mano
alzada de la realidad”. Y la
fotografía no es halagüeña:

EN TODO EL ESTADO

Según el informe, que incluye
un breve resumen de
cada caso, Euskadi sur
(incluye Navarra), con 141
denuncias por tortura o
malos tratos, está a la
cabeza seguida de Andalucía
(132), Madrid y Cataluña
(77 ambas), Melilla (37)
y la Comunidad Valenciana
(36). Sólo de siete regiones
(Albacete, Castellón, Cuenca,
Guadalajara, Huesca,
Logroño y Ourense) no
consta información. Algunas
circunstancias excepcionales
han hecho, en ciertas
zonas, aumentar las
denuncias; así, en Melilla la
represión de unidades de la
Guardia Civil desplegadas
en la frontera con Marruecos
ha multiplicado por
cuatro las denuncias respecto
a 2004.

TODOS LOS CUERPOS POLICIALES

646 agentes han sido acusados
de malos tratos.
Encabeza la lista el Cuerpo
Nacional de Policía con
191 agentes denunciados,
con 69 denuncias presentadas
por 174 personas, y las
diferentes policías locales,
con 157 agentes denunciados,
un 25%. Sigue la Guardia
Civil con 97, las policías
autonómicas con 91 agentes
implicados y los funcionarios
de prisión con 81.

LA TARDANZA DE LOS TRIBUNALES

La lentitud en la tramitación
de las denuncias, más de
20 años en algunos casos,
es, un año más, una de las
quejas recogidas en el informe.
Según afirma Jorge del
Cura, “la mayoría de las
denuncias, aunque tú
hables de tortura, en realidad
las van a registrar
como delitos contra la integridad
física o moral o por
cualquier otro. De hecho,
cuando llegan las condenas,
incluso se castigan
como faltas”. Los funcionarios
investigados durante
2005 por los tribunales, al
margen de cuándo ocurrieron
los hechos, en un 52%
de los casos están todavía
en fase de investigación. Un
31% de los agentes ha sido
absuelto y sólo un 17% ha
sido condenado.

TIPO DE
PERSONAS AGREDIDAS


Las denuncias de personas
torturadas y/o agredidas
por haber participado
en movilizaciones sociales
representan un 23%
del total, las de inmigrantes
un 19% (en la mayoría
de estas denuncias, se
han producido agresiones
por motivo de la raza).
Por su parte, las denuncias
de personas detenidas
en régimen de incomunicación
y bajo
acusaciones relacionadas
con banda armada, representan
un 11%, el mismo
porcentaje que los presos.
El 10% de las denuncias
son muertes producidas
bajo custodia y en un
6% de los casos las
denuncias son de personas
agredidas después de
un incidente de tráfico.

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