MIGRACIÓN // LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES
Denuncias de expulsiones clandestinas en la frontera sur

Diversos organismos internacionales han levantado la voz sobre el trato que reciben los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes por
parte de las autoridades españolas.

24/06/06 · 15:27
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CEUTA. Los controles y las verjas forman parte del paisaje de la ciudad. // Enrique Castro

La expulsión de extranjeros en
Ceuta y Melilla, saltándose todos los
procesos administrativos y sin dejarles
la posibilidad de solicitar el estatuto
de refugiado, se ha convertido
en una práctica policial frecuente en
los últimos años. La denuncia más
reciente sobre estos expeditivos métodos
policiales proviene de la organización
humanitaria Amnistía Internacional
(AI), cuyo informe “España,
Frontera Sur”, presentado el
pasado 20 de junio, detalla numerosos
casos de expulsiones ilegales de
extranjeros en la frontera. Aunque el
propio informe reconoce que la mayoría
de las expulsiones ilegales no
se denuncian por falta de conocimiento
y medios de los interesados,
AI recibió denuncias de al menos 50
personas en 2004, todas de procedencia
subsahariana.

Estas expulsiones por parte de la
Guardia Civil se han vuelto tan habituales
que, cuando los extranjeros
consiguen entrar clandestinamente
en Ceuta o Melilla, tratan de llegar a
una comisaría de la Policía Nacional
para ‘registrarse’ y evitar así su expulsión
clandestina. El informe de
AI ilustra casos como el sucedido en
junio del 2004, cuando 10 subsaharianos
llegaron a una ONG local de
Ceuta, fueron detenidos por la policía
y no se los volvió a ver. En octubre
del mismo año, miembros de la
Guardia Civil se llevaron a dos hombres
de Mali que esperaban en la
Oficina de Inmigración de Ceuta para
registrar su llegada a la ciudad y,
según sus testimonios, fueron expulsados
ilegalmente a Marruecos.
Otros testimonios denuncian también
malos tratos, como en el caso
de un ciudadano de Mali que entró
en Ceuta en mayo de 2004, saltando
la verja. Cayó mal y perdió el conocimiento.
Miembros de la Guardia
Civil llegaron, le arrojaron agua en
la cabeza y luego le golpearon varias
veces con una pistola. Cuando se
percataron de que no podía moverse,
le llevaron al hospital. Siempre
según este relato, cuando recuperó
el conocimiento y a pesar de que no
se mantenía en pie, fue llevado por
policías de vuelta a la frontera y obligado
a entrar en Marruecos.

Casi todos los afectados mencionan
que se les quita la documentación,
incluida la expedida por la
Oficina de Inmigración o la Policía
Nacional. Las denuncias de métodos
similares también se repiten en
Melilla. Son muchas las personas
que llegan a la frontera, tras largas
penalidades, huyendo de países donde
se cometen graves violaciones de
derechos humanos. Son otras muchas
las que lo hacen obligadas por
la situación social o económica. Para
intentar pasar de forma clandestina
a Ceuta, suelen concentrarse en el
bosque de Bel Younes, o, si su intención
es llegar a Melilla, en el Monte
Gurugú.

La ONG francesa CIMACE indica
que el 57,8% de las personas que entrevistó
manifestaron espontáneamente
que habían abandonado su
país ante la persecución política o la
guerra. La mayoría acceden saltando
la verja fronteriza, una doble valla
metálica de alambre de espino de
2,70 metros de altura que se extiende
a lo largo de la frontera con
Marruecos. Está dotada de cámaras,
infrarrojos, sensores térmicos de fibra
óptica, torretas de vigilancia y,
entre las dos alambradas, hay una
carretera para el paso de las patrullas
de la Guardia Civil y del Ejército
que vigilan la frontera.

Desde 2001 se suceden informes
de diversas organizaciones -Human
Rights Watch, Médicos sin Fronteras,
AI, CIMADE o CEAR- que denuncian
el trato que las autoridades
españolas dan a menores extranjeros,
inmigrantes y solicitantes de asilo.
En estos informes se hace referencia
al incumplimiento de cuestiones
básicas vinculadas a los derechos
humanos, el uso excesivo de la
fuerza en los procesos de expulsión,
así como malos tratos y torturas.
Destacan también, a partir de 2003,
los informes al respecto de la relatora
especial de la ONU y hasta del
Defensor del Pueblo.

Violación del derecho internacional

Una de las piedras angulares
del régimen internacional de
protección de los refugiados
es el principio de no devolución
o non refoulèment, recogido
en la Convención de la
ONU de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados, y en
otros muchos tratados internacionales.
Dicho principio
establece que los estados no
pueden enviar a una persona
a un país donde pueda sufrir
persecución o corra riesgo de
perder la vida, sufrir tortura o
trato cruel, degradante o inhumano.
Sin embargo, el Estado
español firmó en 1992 un
Convenio de Readmisión con
Marruecos para devolver a los
extranjeros que entren ilegalmente
en Ceuta. Dicho acuerdo
carece de garantías para
que, una vez que las personas
sean devueltas, no sean objeto
de malos tratos ni de una
detención arbitraria. Tampoco
se garantiza que tengan, si
desean pedir asilo, acceso a
un procedimiento justo y eficaz
para determinar su condición
de refugiados. El
Gobierno español ha firmado
convenios de readmisión
semejantes con Nigeria,
Mauritania, Guinea Bissau
y Argelia. Además, las presiones
que Marruecos está recibiendo
desde la Unión Europea
para que controle la
inmigración (ver DIAGONAL
nº9) están desembocando en
más violaciones de los principios
de no devolución. En este
sentido, destacan las expulsiones
manu militari hacia Oujda,
Argelia. Se desconoce el
número total de personas
expulsadas clandestinamente
y si eran refugiados que huían
y tenían derecho a pedir asilo.
Esta práctica policial viola la
legislación española, que recoge
el derecho de todos los
extranjeros a recibir asistencia
letrada en todos los procedimientos
de entrada o de
expulsión.
El Estado español presenta
una de las tasas per cápita
más bajas de la Unión Europea
en materia de asilo, una
solicitud por cada 10.000
residentes (en 2003, Austria
recibió 40 por cada 10.000
residentes, Francia y el Reino
Unido, 10, y Alemania, seis).
A su vez, el Estado español
se distingue también por ser
uno de los estados miembros
de la UE con el porcentaje
más bajo de concesiones
de asilo. El número de
concesiones de la condición
de refugiado ha disminuido
sin cesar en los últimos
años. En 2003, de 5.918
solicitudes se concedieron
215, y en el 2004, sólo 166
de 5.544, un 2,9%.

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