El pasado 21 de agosto el juez primero
penal de Texcoco, Cervantes
Juárez, dictó sentencia contra 11 integrantes
del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra de San Salvador
Atenco (FPDT) por los hechos violentos
de mayo de 2006, cuando policías
federales y estatales se enfrentaron
con ejidatarios de esa localidad
cercana a la Capital Federal.

Ignacio del Valle, líder del FPDT,
fue condenado a 45 años de prisión
por el delito de secuestro equiparado,
lo que se suma a la condena de
67 años y seis meses que se le impuso
anteriormente y que cumple en
un penal de máxima seguridad del
Altiplano. Para el resto de los vecinos
acusados, un total de 31 años, 10
meses y 15 días de prisión. Como indican
diversos organismos de derechos
humanos y colectivos de izquierdas
se trata de la venganza político-
judicial por las luchas populares
de Atenco, y un caso paradigmático
de la grave situación que atraviesa
México respecto a la violación de derechos
humanos e impunidad.
El país está inmerso en un debate
sobre seguridad en un clima de secuestros,
ajustes de cuentas y espiral
de violencia, por parte de los grandes
grupos narcos, la policía y el
Ejército. El analista Víctor M. Quintana
afirma que el Gobierno mexicano,
“con el pretexto del combate a
los delincuentes fabrica como tales a
quienes disienten y protege a quienes
violan las leyes y atropellan los
derechos humanos. La ineficacia del
régimen para combatir ‘los poderes
fácticos’ ha sido directamente proporcional
al empeño para reprimir y
criminalizar la protesta social”.

Piden suspender las condenas
Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio
del Valle, sostuvo que es una sentencia
“criminal” y una vez más se demuestra
que los poderosos hacen y
deshacen a su antojo la justicia.
Abunda en ello Giulia Tamayo, integrante
de Amnistía Internacional:
“Persiste la impunidad absoluta,
pues se ha dejado en completa indefensión
a las víctimas del caso”.

Juan de Dios Hernández Monje,
abogado del FPDT, señaló que todas
las pruebas presentadas por la defensa
fueron desestimadas y denunció
que “el propio juez ha dicho a uno
de los familiares que la sentencia no
la dictó él, sino que se la mandaron
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, lo que demuestra
que se trata de una cuestión eminentemente
política y no jurídica”.

Cientos de actos se han realizado
por todo México en repulsa de esta
condena, y movimientos sociales y
colectivos de derechos humanos han
pedido suspender la pena de cárcel
Mientras, aunque siguen abiertos
algunos juicios, ninguno de los responsables
de los abusos de Atenco
ha sido castigado.