LA FRONTERA. Militar en el otro lado de la valla de Melilla. Marruecos está excavando un foso para dificultar aún más los saltos. // PRODEIN

En la madrugada del 3 de julio, cuatro
personas -tres según fuentes oficiales-
morían tiroteadas al intentar
saltar la valla fronteriza melillense,
y siete resultaban gravemente heridas.
Y esto en plena preparación de
la Cumbre de Rabat, el 10 y 11 de
julio, sobre control de los flujos migratorios.
El salto coincide también
con la publicación de datos escalofriantes:
el 29 de junio, la Asociación
Pro Derechos Humanos de
Andalucía, cifraba en más de 3.000
muertos las víctimas, en siete meses,
de -un genocidio de proporciones
incalculables- que se produce
entre las costas africanas y las de
Canarias. Días más tarde, eran recuperados
26 cadáveres de las costas
de El Aaiún, en el Sáhara, víctimas
del naufragio de una patera.

Los intentos de cruce de las vallas
fronterizas, a finales del verano pasado,
saldados con 14 muertes de
inmigrantes aún sin investigar, tuvieron
como consecuencia, además
de la construcción de una nueva valla
y un despliegue militar y policial
aún más fuerte, el cierre aparente
de esa entrada para los migrantes.
Por ello, el intento de salto de primeros
de julio ha vuelto a situar esta
frontera en primera plana. Según
José Palazón, de la Asociación Pro
Derechos de la Infancia (Prodein),
de Melilla: “En las provincias de
Nador y de Udla, es decir, en todo el
norte del Marruecos occidental, no
llegaba a haber antes de esta última
entrada en más de 150 subsaharianos.
Es poquísimo. En el bosque alrededor
de Melilla, habría unos 70.
No se puede hablar de que haya aumentado
la cantidad de gente esperando
para saltar”.

Sobre estas últimas muertes,
Palazón no deja de preguntarse cómo
es posible que un grupo de casi
50 personas pueda acercarse a la
valla sin ser detectado antes “con
toda la vigilancia que hay a ambos
lados. Incluso con la cantidad de
confidentes que hay infiltrados en
los grupos de subsaharianos en territorio
marroquí. Por el número de
gente que participó, lo inoportuno
del momento y la dificultad del salto,
visto el despliegue de seguridad
(hay miles de soldados marroquíes
vigilando la valla), éste era un salto
de poquísima envergadura, sin trascendencia,
pero con unos resultados
que generan alarma social.
Resultan cuatro inmigrantes muertos,
y siete heridos graves”. Pero,
paradójicamente, este intento no
sorprende. Para José “hay una extraña
coincidencia entre estos tiroteos
y las reuniones hispano marroquíes.
Cada vez que hay una cumbre,
cada vez que se quiere llamar
la atención, un día o dos antes hay
un salto, y matan a gente. Malditas
las coincidencias en las que muere
la gente. En cuanto a las vallas, la
realidad es que es una maquina de
matar, aunque sólo sea por uno de
sus componentes más peligrosos,
del que no se habla nunca, el ejército
marroquí. En esta ocasión, el ejército
marroquí ha usado balas explosivas.
Uno de los chavales ha muerto
de eso: el tiro le entró por el glúteo
y le destrozó el hígado. Tenía esquirlas
en toda la parte superior del
cuerpo. Esta munición está prohibida
por un sinfín de convenios internacionales.
Se fusila a la gente en la
frontera”. Pese a ello, las autoridades
españolas no han reaccionado,
según resalta Prodein. “El silencio
es absoluto, se escudan en que
Marruecos es un país soberano y
que los hechos se dan en su territorio.
Es una hipocresía que se aplique
una política de muerte, de fusilamientos
en la valla, y que nuestras
autoridades digan que no tienen
ninguna responsabilidad, si es la UE
y el Gobierno español quienes las financian”.
Tres días después de estas
muertes, el Gobierno español concedía
a Marruecos una subvención de
10 millones de euros para reforzar el
control de la inmigración.

Lo mismo apuntan varias asociaciones
y ONG andaluzas, melillenses
y de Nador, que en un reciente
comunicado denunciaron que “Marruecos
no duda en emplear fuego
real de forma cotidiana contra los
inmigrantes, ante la pasividad y la
complicidad del Gobierno español y
de la UE”. También destacaron “que
estos hechos se producen en vísperas
de la cumbre euroafricana en
Rabat (...) que lo único que pretende
es presionar a los Gobiernos africanos,
que finalmente utilizarán la
emigración como mercancía”. En
ese sentido, el aviso lanzado en vísperas
de la cumbre por el Gobierno
senegalés de que hay 15.000 cayucos
en sus costas, y alertando de la
creciente llegada de subsaharianos
de países vecinos, es vista como una
petición indirecta de más fondos.