INMIGRACIÓN: FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA IMPULSAN LA PRIMACÍA DEL ENFOQUE REPRESIVO
Denuncian que la UE tratará “a los inmigrantes como una subespecie”

El borrador de directiva europea sobre la expulsión
de sin papeles,que está en plena discusión para su
aprobación, es contestado por lesionar los derechos
humanos en nombre del control de la inmigración.

15/05/08 · 0:00

“Es un vergonzoso retroceso de los
derechos humanos en Europa”, afirma
SOS Racismo. “Es una degeneración
jurídica que trata a los inmigrantes
como una subespecie humana”,
remacha el eurodiputado
socialista Claudio Fava. Son reacciones
ante la probable aprobación
del proyecto de directiva europea
sobre Procedimientos y normas comunes
para el retorno de los nacionales
de terceros países. O ‘directiva
de la vergüenza’, como la llaman las
organizaciones pro derechos humanos.

Según éstas, la directiva supone
profundizar en las políticas de
gestión de los flujos migratorios únicamente
desde una óptica securitaria
y represiva. La norma, que pretende
homogeneizar las legislaciones
nacionales, prevé medidas como
el encierro de los sin papeles
hasta 18 meses en los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) –y si estos se encuentran saturados,
en cárceles–. Los niños y adolescentes –solos o acompañados de sus padres–
también podrán ser internados
en los CIE. Si ahora se exige,
como regla general, una orden judicial
previa al encierro, con la directriz
bastará una simple orden administrativa.
Y los estados pueden
prohibir durante cinco años el regreso
a todo el territorio de la UE a
las personas expulsadas. Según las
organizaciones contrarias, la directriz
estigmatiza, criminaliza y excluye
a personas por cometer una
infracción administrativa: no tener
los documentos en regla.

Por su parte, las autoridades europeas
consideran que la directiva
es la palanca que necesitan para poder
expulsar a los ocho millones de
sin papeles que según la Comisión
Europea, hay entre los 400 millones
de habitantes de la UE-Schengen,
(la UE más Noruega e Islandia). Según
las mismas fuentes, de los 120
millones de ciudadanos de terceros
países que cada año llegan, entre
medio millón y un millón se quedaran
como indocumentados. Cinco
países –Francia, Italia, España,
Reino Unido y Alemania– concentran
el 80% de los flujos migratorios,
los 20% restantes se reparten
entre Portugal, Polonia y Austria,
seguidos del resto de los Estados.

Tras tres años de negociaciones
en torno al texto, a mediados
de abril, la presidencia eslovena
de la UE y un grupo de diputados
europeos habían concluido un
borrador de directiva, impulsado
por Francia, Italia y España. Pero
el 7 de mayo, en el comité de representantes
de la UE, diez Estados
encabezados por Francia y Alemania,
exigieron incluir condiciones
aún más duras –como, por
ejemplo, no fijar tiempo máximo
de detención para los sin papeles–,
impidiendo que se aprobase el texto
pactado. Estaba previsto que el
14 de mayo el comité se volviese a
reunir para intentar lograr un acuerdo
y así el texto resultante podría
ser votado en el Parlamento
Europeo el 20 de mayo.
Francia es una de las adalides del
abordaje represivo de los flujos migratorios.

Fue impulsora del paquete
de medidas –fichaje de los datos
biométricos de todo extranjero que
soliciten visado, etc.– aprobadas por
la UE el 13 de febrero de 2008 para
cerrar aún más sus fronteras y en el
que se ponía al mismo nivel terrorismo
e inmigración. En septiembre
de 2008, en París, tendrá lugar la
conferencia ministerial para armonizar
el asilo político a nivel europeo.

El presidente francés, Sarkozy,
que ya ha anunciado que su presidencia
de la UE, a partir de julio, se
centrará en la inmigración, es también
el promotor, junto al Gobierno
español, de un pacto de control migratorio
que implique a toda Europa.
Por eso, la actitud francesa frente
a la directiva de la vergüenza –impulsando
un borrador para después
rechazarlo– es entendida por algunos
analistas como una táctica para
lograr superar la oposición que el
actual texto tiene entre parte de los
eurodiputados: como mal menor
puede ser aceptado frente a una
propuesta aún más represiva.
Las protestas no se han hecho esperar.

El 7 de mayo, cientos de personas
se manifestaban en Bruselas
en contra, y un documento de rechazo
ha sido firmado por 33.000
personas, 880 organizaciones y 400
cargos públicos. En Francia hubo
manifestaciones de repulsa en París,
Marsella, Nantes, etc. Es “una
medida en esencia contraria a los
principios del Estado de derecho ya
que legitima una privación de libertad
de personas que no han cometido
ningún delito”, según SOS Racismo,
para quien supone la generalización
de las políticas de encierro
de las personas sin papeles, con los
CIE en el centro, como norma de
gestión de la inmigración.

Mientras las protestas para exigir
el cierre de los CIE, un trato humano
para los sin papeles y su regularización
no cejan. En Bélgica, el 28
de abril, en el CIE de Merkplas, el
ciudadano camerunés Ebenizer Folefack
prefería suicidarse antes que
ser deportado. Horas más tarde, estallaba
un motín. En Francia, el 1 de
mayo, 100 internos del Centro de
Retención Administrativa (CRA, el
equivalente a los CIE) de Vincennes
se declaraban en huelga de hambre.
El 4 de mayo, más de 1.000 personas
se manifestaban en solidaridad
con su lucha. Hay también huelgas
de hambre y protestas en los CRA
de Nantes y Marsella. Y desde finales
de abril, varios cientos de ‘sin papeles’
protagonizan encierros en
una iglesia en Nanterre y en un edificio
sindical en París, para exigir
ser regularizados.

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