MALOS TRATOS // MÁS DE UN AÑO DESPUÉS DE LA RATIFICACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES
Denuncian que el Gobierno español no quiere erradicar la tortura

Cerca de medio centenar
de organizaciones defensoras
de los derechos humanos
se oponen a que
el Defensor del Pueblo
esté al frente de los mecanismos
de prevención
de la tortura previstos en
el Protocolo de la ONU.

, Redacción
05/07/07 · 0:05
Edición impresa
JPG - 60.7 KB
EL 22 DE JUNIO se cumplía el plazo para la puesta en marcha de medidas de prevención de la tortura previstas por el Protocolo
contra la Tortura de la ONU. Representantes de 44 organizaciones de defensa de los DD HH exigieron al Gobierno pasos efectivos / José Pujol

En abril de 2006 el Ministerio de
Asuntos Exteriores español situaba
al Estado español “a la vanguardia
de la defensa de los derechos humanos
(DD HH) y, en particular, de
la lucha contra la tortura”. Tan rotundas
palabras las pronunciaba
Miguel Ángel Moratinos tras formalizar,
en la sede de la ONU, la ratificación
por el Estado español del
Protocolo Facultativo contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles,
acuerdo que según el ministro constituye
“el más avanzado instrumento
jurídico universal de protección
de los DD HH”. Un año después, 44
organizaciones de defensa de los
DD HH agrupadas en la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura
(CPT) denuncian que son “palabras
vacías de contenido real”.

Una de las medidas más novedosas
e importantes que el Protocolo
instituye es la creación de Mecanismos
Nacionales de Prevención de la
Tortura en cada Estado. El convenio
de la ONU compromete a sus
firmantes a crear comisiones de vigilancia
en cada país, independientes
de los tres poderes, que bajo el
amparo de Naciones Unidas puedan
entrar, sin previo aviso, en cualquier
centro de detención -calabozos,
cárceles...- para investigar posibles
casos de malos tratos. Es esta
amplia capacidad fiscalizadora de
la actuación de los cuerpos de seguridad
lo que hace de estos Mecanismos
unas poderosas herramientas
de lucha contra los abusos. Sin
embargo, el Protocolo deja en manos
de cada Estado la conformación
de tan importante mecanismo. Ha
sido, por lo tanto, a la hora de ponerlo
en marcha cuando se han hecho
más evidentes las enormes diferencias
entre las propuestas del
Gobierno español y las de numerosas
organizaciones de DD HH.

El 20 de junio, dos días antes de
que el Gobierno incumpliera el plazo
establecido en el Protocolo para
que cada Estado firmante creara su
Mecanismo, el ministro de Justicia
español afirmaba en el Parlamento
que “el Gobierno aplicará el Protocolo
(...) La tardanza es por nuestro
interés de abrir a la sociedad civil
este asunto, y que sea un organismo
mixto”. Y añadió: “Desde noviembre
de 2006, técnicos del Ministerio
y representantes de movimientos
sociales han celebrado hasta tres
reuniones que propiciarán que al
frente de este organismo se coloque
al Defensor del Pueblo y también a
otros responsables procedentes de
la sociedad civil, como directores de
departamentos universitarios que
se ocupan del tema y responsables
de diferentes organismos sociales”.

La respuesta de la CPT, una de las
organizaciones que ha asistido a
esas reuniones, fue contundente. En
un comunicado de prensa la Coordinadora
afirmaba que esas “conclusiones
están absolutamente fuera
de la realidad”. El 22 de junio, representantes
de la CPT presentaban
en el registro del Palacio de la
Moncloa una carta abierta al presidente
del Gobierno denunciando
la manipulación y la falta de transparencia
en la definición del Mecanismo
de Prevención. La Coordinadora
daba su versión y afirma haber
“asistido a seis reuniones con la
Administración. Las tres referidas
por el ministro, celebradas en octubre
de 2006, en mayo y, la última, el
pasado 18 de junio -dos días antes
de sus declaraciones- y a las que
asistieron, entre otros, representantes
de los Ministerios de Justicia,
Interior y Asuntos Exteriores -a las
dos últimas reuniones se sumó un
representante de Vicepresidencia
del Gobierno”. Además la CPT mantuvo
otras tres reuniones el pasado
enero con representantes de los ministerios
de Interior y Asuntos Exteriores
y la Oficina del Defensor
del Pueblo, por separado. La CPT
aclara que “en aquella primera reunión,
la oficina del Defensor del
Pueblo se postuló como futuro mecanismo
de prevención y, ya en
aquel momento los organismos de
DD HH presentes manifestamos
nuestra oposición a esta propuesta.

Oposición a la que se sumaron, a nivel
particular, los representantes de
la judicatura y de la Fiscalía que
asistieron” (ver DIA GONAL nº 43).
La CPT resalta en su carta que “tras
unos meses de silencio, los siguientes
contactos sólo han servido para
que la Administración diese largas,
no se avanzaba en absoluto, y lo único
que quedaba claro en dichas reuniones
era el rechazo de la sociedad
civil a que el Defensor del Pueblo
fuera designado Mecanismo de Prevención
de la Tortura”.

Falta de voluntad

Según Jorge del Cura, representante
de la CPT, “estamos ahora a
la espera de que se reanuden estas
reuniones, si quiere la Administración.
La propuesta de la
Coordinadora es que sigan. Y así
se lo hemos hecho saber formalmente”.

Sin embargo la CPT no es
nada optimista. Del Cura afirma
que “están dando largas. Inicialmente
el Gobierno pretendía designar
al Defensor del Pueblo como
Mecanismo de Prevención y
se ha encontrado que las asociaciones
y colectivos que trabajan
contra la tortura rechazan esto
frontalmente. Así que está intentando
maniobrar para ver cómo,
si no nombran al Defensor directamente,
sí lo ponen al frente para,
en cierta forma, desactivar el
Mecanismo”. Y remacha, “esto se
debe a que no hay una voluntad
real de erradicar la tortura”.

Rechazo al Defensor del Pueblo
_ Si para Amnistía Internacional
(AI), el Defensor
del Pueblo es un
mecanismo de denuncia
y no de prevención,
para la CPT, entre otros
motivos, carece de independencia
real del
poder ejecutivo. Pese a
ser nombrados, el Defensor
del Pueblo y sus
dos adjuntos primeros,
por mayoría cualificada
por las Cortes, esta designación
se hace,
desde su creación, por
motivos de oportunidad
política. Además la persona
del actual Defensor,
Enrique Múgica
Herzog, provoca gran
rechazo. La CPT recuerda
que este ministro de
Justicia en gobiernos
del PSOE entre 1988 y
1991 declaró recientemente
a un periódico:
«AI denunció malos tratos
y tortura a detenidos
por parte de las
fuerzas de seguridad de
España. Yo aseguro que
es totalmente falso».

Tags relacionados: Naciones Unidas (ONU)
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto