SEGÚN AMNISTÍA INTERNACIONAL. “El Estado español debería reflexionar, en vez de rechazar las recomendaciones de la ONU”.

Da igual que se apliquen protocolos
o haya médicos forenses, da
igual que organismos internacionales
condenen a Madrid: se sigue torturando”,
afirma el abogado Aiert
Larrarte de Torturaren Aurkako
Taldea (TAT), organismo vasco de
defensa de los derechos humanos.
Y es que, tanto el protocolo para
prevenir la tortura a detenidos en
régimen de incomunicación de la
policía autonómica vasca, aprobado
en 2005, como el aplicado ocasionalmente
por el juez Baltasar
Garzón desde 2006 no bastan. Así
lo constatan Behatokia (Observatorio
Vasco de Derechos Humanos),
el TAT y otras entidades de defensa
de los derechos humanos. También
lo acreditan las 62 denuncias por
torturas recogidas por el TAT durante
2008, 19 en supuesta aplicación
de estos protocolos.

La detención de Manex Castro el
pasado 1 marzo, ha marcado un
punto de inflexión: tras tres años sin
hacerlo –desde febrero de 2006–, la
Ertzaintza ha vuelto a aplicar el régimen
de incomunicación. Y con
ello, han reaparecido las denuncias
contra este cuerpo por torturas y
malos tratos. Y las dudas sobre la
opacidad de un protocolo controlado
por la propia Ertzaintza en el que
el acceso a las grabaciones de los
interrogatorios se ha revelado imposible
[Ver recuadro]. A pesar de
que el relator especial de la ONU
para los Derechos Humanos en la
Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin,
exigió recientemente que “debe
darse a la defensa acceso a las cintas
grabadas”.

Similares dificultades y trabas se
producen con el protocolo del juez
de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, que en diciembre de 2006
impulsó personalmente su particular
reglamento, durante la detención
de once presuntos yihadistas
en Ceuta. Garzón ordenó entonces
la filmación íntegra de todo el proceso
de incomunicación. En aquella
ocasión, la respuesta policial fue escueta
y sintomática: Interior respondió
inmediatamente que no tenía
medios –cámaras y cintas– para
cumplir y aplicar esas órdenes.
Para Behatokia, el problema está
en “la ausencia radical de un protocolo
integral”. “El protocolo de Garzón”,
señala Julen Arzuaga, abogado
de este organismo, “se ordena en
la Audiencia Nacional al albur de
cada juez, tras solicitarlo los abogados”.
Y así, Grande-Marlaska, Del
Olmo e Ismael Moreno se niegan a
aplicarlo. Santiago Pedraz lo ha
aprobado en alguna ocasión y diversas
fuentes sostienen que el magistrado
Fernando Andreu sopesa
desarrollarlo. Esa aleatoriedad ha
provocado que, sólo en 2007, la policía
española aplicase el protocolo
en 12 de las 40 detenciones incomunicadas
contra ciudadanos vascos.

En 2008, en cambio, no aplicó el
protocolo a ninguno de los 16 detenidos
en régimen de incomunicación,
ni siquiera en algunas detenciones
ordenadas por el propio
Garzón. “Se trata –insiste Arzuaga–
de una aplicación restringida y aleatoria,
con respuestas muy dispares.
Y así es difícil, imposible, erradicar
la tortura”.

Behatokia reconoce avances
cuando se aplican medidas de prevención.
La visita al detenido de un
médico de confianza ha sido permitida,
aunque se deniega todavía la
posibilidad de realizarle un informe
forense independiente. La comunicación
con los familiares ha sido escueta,
vía telefónica, pero positiva
respecto al pasado: fueron informados
del estado y lugar donde se hallaba
el familiar detenido. En el reverso
negativo, los traslados de los
detenidos siguen siendo incontrolables,
y en ellos se producen muchas
de las agresiones denunciadas. Por
ello, Behatokia exige una aplicación
integral, automática y sistemática
de medidas para prevenir los abusos.

Sin olvidar que la demanda neurálgica
sigue siendo la modificación
de la arquitectura jurídica –legislación
especial antiterrorista y régimen
de incomunicación– que genera
espacios de impunidad y ampara
la práctica de la tortura, necesidad
que resalta el TAT: “La única medida
para la prevención de la tortura
es, como exigen a Madrid desde instancias
internacionales, la derogación
de la incomunicación a los detenidos”.

Amnistía Internacional, en declaraciones
de su representante, Peter
Splinter, recogidas por France
Press, también ha señalado que “el
Estado español debería reflexionar
seriamente en lugar de rechazar las
recomendaciones que le hace la
ONU; las detenciones incomunicadas
acrecientan el riesgo de tortura”.

Arzuaga es de la misma opinión:
“Se ha podido observar la incapacidad
del Estado español para
asumir críticas y reconocer que su
práctica antiterrorista está en contradicción
directa con el respeto a
los derechos humanos, una actitud
ajena al más básico principio de colaboración
con la ONU”.
Interior, desoyendo nuevamente
las recomendaciones internacionales,
ha vuelto a negarse a instalar cámaras
en los 250 centros de recepción
de personas detenidas que hay
en el Estado. Y eso que el Ejecutivo
incluyó esta propuesta en su Plan
de Derechos Humanos, presentado
a bombo y platillo el pasado diciembre.

Pero ese compromiso sigue sonando
a hueco. Son elocuentes las
declaraciones de Sánchez Fornet,
secretario general del Sindicato Unificado
de Policía (SUP), que se
muestra favorable a su instalación:
“A Interior le interesa nuestra eficacia,
todo lo demás está en segundo
término”. En Catalunya, en cambio,
la instalación de cámaras (y de cámaras
ocultas) en 88 comisarías ha
supuesto, en un año, el descenso en
un 42% de las denuncias por malos
tratos contra los Mossos. Denuncias
que sin embargo han repuntado en
la calle y en los traslados.