MADRID // ABUSOS CONTRA INMIGRANTES EN EL BARRIO DE TETUÁN
Denuncian complicidad municipal en extorsiones

Pagar o cerrar. Cerca de diez empresarios de la
República Dominicana dicen haber sufrido este
chantaje. Según denuncian algunos de ellos,
una persona entra en sus locales, les señala
defectos técnicos y se ofrece a resolverlos a
cambio de dinero. Los que se niegan reciben
una sorpresa desagradable: en pocos días, una
nota municipal les amenaza con el cierre.

06/06/06 · 0:52
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¿COMPLICIDAD? El partido Los Verdes acusa a la Junta Municipal de Tetuán de connivencia pasiva, y exige a los responsables
políticos que tomen las medidas necesarias para que cesen los abusos contra los pequeños comerciantes extranjeros.

En los últimos cinco meses, se precintaban
ocho establecimientos regidos
por dominicanos en el barrio
madrileño de Tetuán. En ocasiones,
los cierres fueron precedidos por
exigencias de dinero, una exigencia
que se sigue produciendo en
otros locales que permanecen
abiertos. Según detalla el abogado
Agustín Mercedes, a quien pidieron
ayuda algunos afectados, al menos
diez comerciantes de la zona han
padecido este tipo de chantajes.
“En todos los casos se repite el
mismo proceso”, explica. Un día
cualquiera, sin mostrar ninguna
acreditación, placa o permiso alguno,
un hombre se presenta en su local
y enumera varias deficiencias,
ya sea la falta de extintores o los fallos
en la insonorización. Una vez
hecho el recuento, el visitante hace
una oferta: entre 3.000 y 10.000 euros
por resolver los problemas.

“Al principio casi todos se niegan”,
añade Agustín, “pero días
más tarde reciben una carta de la
junta del distrito municipal anunciando
el cierre si siguen los fallos
en siete días”. Más de uno se plantea
entonces acceder a la extorsión.
Ninguno de ellos se ha arriesgado
a denunciar la extorsión en los
juzgados. “Todo pasa de forma verbal,
es imposible tener pruebas”, se
lamenta el propietario de uno de
los locales precintados, quien pide
que no aparezca su nombre. Como
él mismo explica, tiene motivos para
preocuparse. Su negocio, del que
depende toda la familia, lleva cerrado
desde diciembre.

“Es una persecución, van a por
nosotros”, asegura este comerciante,
quien se muestra convencido
de que si estas situaciones se
han incrementado con la comunidad
inmigrante es a causa de su
situación de vulnerabilidad.
El 5 de mayo, el grupo municipal
de Los Verdes denunció “actitudes
mafiosas y racistas en el distrito de
Tetuán”. En un comunicado de
prensa, Los Verdes acusaban a la
Junta de Tetuán de connivencia pasiva
con estas prácticas mafiosas
tras no haber accedido a reunirse
con los empresarios afectados.
Entre otras medidas, se exige a la
Junta que reciba a los afectados “y
ponga fin a esta presunta vulneración
de la legalidad”.

Antes que esperar a que ese momento
llegue, desde Los Verdes se
incide en la necesidad de que los
afectados tomen medidas unidos.
Para su portavoz, “si una sola persona
se acerca a la Junta no le van a
hacer mucho caso, es importante
que actúen juntos, como colectivo”.
El miedo, no obstante, es uno de
los motivos que hace difícil movilizarse.
“La gente que extorsiona se
aprovecha de que se trata de personas
en una situación legal difícil,
que desconfían de las autoridades”,
señala el portavoz de Los Verdes.
“Vienen de un país donde la policía
es bastante corrupta, por lo que a
veces estas situaciones no les resultan
extrañas”, añade.

Al margen de las extorsiones, la
visita de policías y técnicos municipales
tampoco resulta tranquilizadora.
Según denuncia Héctor
García, presidente de la Asociación
de Comerciantes Dominicanos, en
Madrid existe un exceso de celo sobre
los negocios de los inmigrantes.
“Sabemos que a veces no se
cumplen todos los requerimientos”,
reconoce, “pero con frecuencia te
precintan el local antes de que puedas
reformarlo”.

Dos baños, extintores, agua fría
y caliente, salida y luces de emergencia...,
la lista de requisitos para
cualquier local es amplia. Cuando
se es inmigrante y cuesta acceder a
la información sobre las exigencias
legales, cumplirla es aún más difícil.
“Y todo se termina de complicar
si añades frecuentes visitas de técnicos
que pueden dejarte sin licencia”,
remata García.

“Es un trato claramente xenófobo”,
añade. “A quien busca abrir un
negocio se lo ponen todo más difícil.
Eso supone empujar a la inmigración
hacia la marginalidad”. Y
pone de ejemplo un caso recurrente:
“Algunos bares se pasan 40 años
en manos de un español sin ningún
problema, pero nada más traspasarlo
a un inmigrante empiezan a
visitarle técnicos o policías para decirle
que no cumple con los requisitos
legales. ¡Y el bar es el mismo!”

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