“APAGA Y VÁMONOS”. Con este lema el 8 de octubre unas 200 personas acudieron
ante el Palacio Arzobispal de Sevilla para entregar alrededor de 140 solicitudes
de apostasía, convocados por la asamblea Pro Apostasía APAGA. / APAGA

La campaña de recogida de “firmas
contra el Concordato” por Internet -alrededor de 50.000 durante las últimas
semanas- se presenta como
una “iniciativa independiente” que
tiene como objeto la revisión de los
acuerdos vigentes desde 1979 entre
el Gobierno español y el Vaticano.
Según éstos, la Iglesia Católica
asiste a las Fuerzas Armadas,
interviene en la asignatura de
religión ofertada en el sistema
educativo, y obtiene cuantiosas
prerrogativas económicas
que ponen en cuestión el legalmente
declarado carácter aconfesional
del Estado. Los promotores
enviarán al Gobierno el mayor número
de firmas posible para dejar
sin efecto los actuales términos del
Concordato.

Ésta es una de las múltiples reacciones
de la sociedad civil ante los
privilegios y excesos ideológicos de
la Iglesia Católica, entre las que
también se han podido observar
movilizaciones del profesorado de
religión (sujeto a condiciones laborales
discriminatorias por parte de
la Conferencia Episcopal), denuncias
de ONG contra su política de
boicot al preservativo (poniendo en
peligro vidas humanas en plena crisis
del sida) y diversas iniciativas
para promover el Estado laico.
Varios movimientos sociales han
difundido asimismo la apostasía,
esto es, el abandono voluntario de
la Iglesia Católica, institución a la
que pertenece cualquier persona
que haya sido bautizada (por lo general
sin su consentimiento, en su
infancia), incluso aquéllas que hayan
dejado de creer o que estén en
contra de las posturas políticas y
sociales de dicha institución religiosa.

Para visibilizar su desacuerdo
con la misma, algunas personas optan
por apostatar, y recientemente
se han desarrollado diversas convocatorias
para hacerlo de forma
colectiva y pública. Tradicionalmente,
la Iglesia se ha negado a cursar
las solicitudes de apostasía, o
las ha dificultado con largos trámites
con objeto de evitar un descenso
en su número de miembros, lo
que debilitaría en las negociaciones
con el Estado su influencia política
y su legitimidad para nuevas demandas
económicas, y mostraría
públicamente su descrédito en amplios
sectores de la sociedad.

‘Apostatadas’ colectivas

Santander y Sevilla han sido escenario
de recientes ‘apostatadas’ colectivas,
organizadas en ambos casos
sin el respaldo de partidos ni
asociaciones, y que obtuvieron gran
eco en los medios de comunicación
locales. En Santander, más de 50
personas se congregaron en la
puerta de la catedral los días 31 de
octubre y 18 de noviembre para poder
darse de baja de la Iglesia. El
Obispado se negó a recibirles en
ambas ocasiones, en la primera
aduciendo como excusa el fin de
horario de atención al público, y “un
cambio de horario por el cual cerraban
más temprano” en la segunda
fecha. Ante esta “muestra de intolerancia”,
en palabras de los organizadores,
se preparó una nueva
‘apostatada’ para el 25 de noviembre
en la que un número similar de
apóstatas fue obligado a guardar
cola bajo la lluvia, dado que el representante
eclesiástico les obligaba
a entrar de uno en uno para “soltarles
un sermón” individualmente.
Los participantes en la ‘apostatada’,
tras protestar y advertir de que si no
agilizaba los trámites volverían a
concentrarse, lograron finalmente
entregar sus solicitudes en bloque
(www.apostasiacantabria.tk).

En Sevilla, el 8 de octubre la
asamblea Pro Apostasía APAGA
(apaga_sevilla@yahoo.es) convocó
bajo el lema “Apaga y vámonos”
una ‘apostatada colectiva’ en la que
participaron unas 200 personas.
Tras atravesar el centro histórico
de la ciudad al son de música y pasacalles
y coreando consignas de
carácter festivo, la acción culminó
con la entrega de alrededor de 140
solicitudes de apostasía al vicario
episcopal. A la apostatada acudió
un grupo muy heterogéneo de personas
que neutralizaron con gritos
de ‘Libertad’ los insultos y provocaciones
de un pequeño grupo de fascistas
junto al Obispado. La convocatoria
incluyó mesas informativas
de cómo ‘salirse’, y denunció “la
obstaculización de la Iglesia a la hora
de reconocer nuestro derecho a
apostatar”, extremo sobre el que
numerosos periodistas preguntaron
a representantes eclesiásticos.
Tal vez por ello la vicaría episcopal
de Sevilla da curso desde entonces
a todas las solicitudes, ha simplificado
los trámites y reconoce como
apóstatas en el plazo de pocos días
a quienes presentan la documentación
completa.

Aunque durante el último año diversas
organizaciones de gays y
lesbianas, anarquistas, comunistas,
republicanas y laicas han organizado
actos similares en varias ciudades
del Estado, hay numerosos antecedentes.

La primera movilización
por la apostasía de la que hay
constancia se desarrolló en 1993
bajo el lema “¡Bórrate!”, convocada
por la coordinadora gay estatal
COFLHEE como respuesta al “nuevo
catecismo de la Iglesia”, aprobado
poco antes por el Vaticano, y en
rechazo de sus contenidos represivos
en materia de sexualidad, educación,
prevención del sida, pena
de muerte o igualdad de género. La
iniciativa, apoyada por movimientos
feministas y antimilitaristas, logró
reunir más de 10.000 solicitudes
que nunca fueron reconocidas
por la jerarquía católica.